32 años sin respuestas: ¿Dónde están Martín Basualdo y Héctor Gómez?

Este sábado se cumplieron 32 años del caso que marcó a Entre Ríos: La desaparición forzada de Martín Basualdo y Héctor Gómez a manos de efectivos de la Comisaría Quinta del barrio La Floresta, en la ciudad de Paraná. A más de tres décadas, las voces de la madre de Martín y del abogado de la querella resurgen para denunciar los mecanismos que paralizaron la causa. Para Isabel Vergara, madre de Martín, el tiempo no borró su pesar, pero sí forjó una resistencia inquebrantable.

"Hoy tengo 76 años, ya no soy la misma de antes porque desde la lucha y el dolor también uno aprende, se hace fuerte también por el amor de un hijo", reflexionó Isabel. Martín, recuerda su madre, era un chico común a quien "le gustaba jugar al fútbol, le gustaba la música, el rock y tantas otras cosas". La madre de Basualdo entiende el temor que silenció a muchos vecinos por miedo a represalias y respeta la decisión de la familia Gómez de no continuar con la búsqueda.

Sin embargo, el estigma social dejó heridas profundas. Refiriéndose a quienes juzgaron a su familia, Isabel fue tajante: "Mucha gente que ha hablado mal o que no ha querido acompañar en tantos años, que ha callado lo que sabe, es porque nunca le ha pasado". El abogado José Iparraguirre apuntó directamente al encubrimiento judicial que signó los primeros momentos del caso. "El juez de instrucción, el Dr.

Héctor Toloy, no trabajó sobre la hipótesis de la participación policial en la desaparición de Martín Basualdo y de Héctor Gómez y siguió la línea investigativa que la propia Policía de Entre Ríos le imponía", denunció el letrado. La propia Isabel corrobora esta complicidad diaria en el Poder Judicial: "Yo vivía más en tribunales que en mi casa, veía que el juez Toloy estaba reunido con policías y eso también es complicidad".

La impunidad llegó a niveles tan aberrantes que la prueba de las torturas fue descartada literalmente como desperdicio. "Una señora que trabajaba ahí de limpieza, un día me la alcanzó y me dijo: 'Esto lo encontré en el cesto de basura'", contó Isabel sobre una fotografía hallada en la Casa de Gobierno. Y detalló el horror de esa imagen: "Esa fue una foto cuando él habrá estado detenido porque tenía la cara hinchada y la remera manchada de sangre". Las respuestas institucionales siempre fueron esquivas o cínicas.

Al acudir a la oficina de Derechos Humanos, su entonces titular, Mónica Torres, le dio un consejo vacío: "Lo que te puedo decir que los muchachos no anden solos". Ante esto, Isabel recuerda con indignación: "Y mire usted, no salió solo, igual desaparecieron los dos". Lejos de recibir protección, el Estado se dedicó a atacar a las víctimas. Iparraguirre asegura que "la familia de Martín Basualdo fue, sus hermanos y su madre, perseguida y hostigada constantemente.

Se iniciaron causas penales por cuestiones absolutamente ridículas a los hermanos detenidos generando un nivel de hostigamiento". Esta represión sistemática se debe, según el abogado, a que en las fuerzas de seguridad "prima el espíritu de cuerpo cuanto mínimo y se encubren este tipo de causas; la policía plantó pruebas y presionó a testigos". Como resultado de este pacto, Iparraguirre lamenta que hoy "la causa está archivada hace muchos años".

Para Isabel, la crueldad incluyó que el propio jefe de policía de la época los tildara de "familia de delincuentes". La ironía es que su esposo había sido policía en la comisaría segunda, pero debió renunciar en 1967. "Él veía muchas cosas que a él no le gustaban. Entonces, a mi marido lo metían en el calabozo por defender a algún preso", reveló la madre de Basualdo. Su esposo finalmente "murió de tristeza" viendo la injusticia.

Ante la evidencia del fracaso institucional, Iparraguirre sostiene que el sistema procesal necesita una reforma de raíz: "Hay que generar investigadores de hechos delictivos que dependan directamente de las fiscalías y que no tengan absolutamente nada que ver con la policía". Solo así se podrá desarmar el encubrimiento, anhelando que "en algún momento la sociedad argentina pueda tener una fuerza policial que efectivamente esté acorde con la Constitución".

A pesar de no esperar respuestas del Gobierno ni de la cúpula policial, Isabel se apoya en el acompañamiento social y periodístico. En el 32° aniversario de la desaparición de su hijo, su voz sigue resonando como un faro de dignidad: "Sigo adelante porque tengo mi conciencia tranquila. Yo lo que digo es lo que siento, lo que vi y escuché, y nadie me puede callar". (APFDigital)