Advierten sobre las barreras para el acceso a la IVE

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Nº 27.610, sancionada en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, sigue vigente en la Argentina y el Estado debe garantizar su plena vigencia. Aun así, desde la asunción de Javier Milei, en 2023, el desfinanciamiento es tan profundo para garantizar este derecho que, de manera creciente, es la presencia de la militancia feminista la que asegura, con muchas dificultades, que la ley se cumpla.

El complejo panorama fue compartido en un encuentro realizado con motivo de conmemorarse el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias, el 28 de mayo. Fue un conversatorio realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación (Fcedu – UNER), organizado por la Secretaría de Extensión de la unidad académica y el Protocolo frente a la Violencia Sexista de la Universidad.

Referentes de la Campaña por el Aborto Legal; la Catedra Abierta sobre Aborto de la Facultad de Trabajo Social; y miembros de “Socorristas en red” dieron cuenta de la situación que conjuga falta de insumos, vaciamiento de la política en materia de Educación Sexual Integral, desinformación, ausencia de capacitación y desarticulación de equipos profesionales especializados.

Las expositoras dieron testimonio de las dificultades que se presentan y compartieron un informe brindado por el Ministerio de Salud ante un pedido del colectivo feminista que da cuenta de lo que se hace desde la provincia ante el corrimiento de Nación.

A grandes rasgos, surge que hay 48 efectores que se ocupan de hacer la Interrupción Voluntaria (IVE, de manera ambulatoria), de los cuales 7 también realizan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que se rige por las históricas causales (riesgo en la salud de la madre, violación) y supone otro tipo de intervención.

El sistema depende, en la actualidad, exclusivamente del presupuesto asignado por la provincia de Entre Ríos; a lo que se agregan, en el mejor de los casos, las partidas que ocasionalmente aportan municipios; y donaciones gestionadas por el colectivo feminista. En efecto, desde el mismo día de la asunción del gobierno de Milei se interrumpió de cuajo la remisión de medicamentos para cumplir con la ley pero también para garantizar los derechos de acceso a la salud sexual como preservativos, anticonceptivos.

Según la información compartida en el encuentro, tampoco se cumple con otra ley, la de Identidad de Género, porque no se remiten las hormonas para garantizar los tratamientos requeridos por las personas trans. No hay absolutamente ninguna estrategia, además, en materia de campañas de difusión acerca de la ley mientras se expande entre las mujeres la versión según la cual el aborto ya no es un derecho, rumor que se acrecienta con la estigmatización y el hostigamiento a la mujer que pide recurrir a la práctica.

Acompaña este deterioro, la decisión de reducir a cero toda iniciativa en materia de Educación Sexual Integral (ESI) y la anulación del servicio del 0800 previsto en la Ley 27.610, para acompañar a las mujeres que piden información y pasos a seguir.

Además, hubo desguace de políticas públicas que acompañaban la salud sexual de las mujeres, como el Plan ENIA (Plan Nacional del Embarazo no Intencional) cuyo presupuesto fue reducido en un 90 por ciento y que, solo en Entre Ríos, implicó el despido de 70 profesionales de la salud que garantizaban su implementación, capacitaban a personal administrativo y formaban equipos técnicos del sistema de salud.

Las expositoras en el encuentro, además, dieron cuenta de la falta de estadísticas a nivel nacional en materia de salud sexual. Desde la Campaña, se trabaja en sondeos en todo el territorio nacional entrevistando a profesionales de la salud y docentes, en monitoreos del cumplimiento de la ley en los distintos efectores y también se difunde con distintas estrategias el derecho a la IVE.

Se pone el acento, de manera creciente, en la articulación con “las socorristas” que volvieron a tener la relevancia que supieron alcanzar antes de que el aborto fuera legal. Se difundió en el encuentro un trabajo de evolución del costo del misoprostol que fue evolucionando, mientras el salario promedio se deteriora en su valoración.

Tomando el argumento oficial del ajuste, se ofrecieron estimaciones que dan cuenta del mayor costo que insume para el Estado cercenar derechos en salud sexual y reproductiva y en atención primaria.

Al respecto, se dio cuenta de un informe realizado por Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y Redaas (Red de Acceso al Aborto Seguro) que, aplicando modelos econométricos específicos, determina que “los recortes en las compras de métodos anticonceptivos tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas: de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026”.

Se estima que este panorama deriva en 840 mil mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales. Impacta también la desregulación y falta de control en la venta del misoprostol, lo que se profundiza con las dificultades para el acceso.

Se hizo saber que, por distintas vías, por internet, “te venden cualquier cosa” como pastillas “de a una” o comprimidos de otro componente como ibuprofeno. La ley impone al sistema público de salud garantizar la IVE, contemplando la cobertura en un 100 por ciento por parte de las obras sociales, incluyendo el acompañamiento posterior al aborto. Las expositoras dieron cuenta de los obstáculos que suelen presentarse para que tal cosa suceda, lo que complica el acceso en tiempo y forma cuando no lo impide.

Las socorristas informaron de la lábil red del boca a boca que termina por ser la más eficiente para que una mujer pida el auxilio que necesita para lograr que se garantice su derecho a la IVE, para evitar volverse a su casa con la idea de que no va a poder decidir sobre su vida y su cuerpo. Pidieron fortalecer la difusión del teléfono de contacto, los correos electrónicos, los perfiles en redes sociales (www.instagram.com/socorristasparana) a fin de llegar a quien lo necesita.

Plantearon la preocupación por el surgimiento de nuestro grupos denominados “antiderechos” en distintos efectores de salud que simularían ser socorristas. “Siempre estuvieron grupos más vinculados a la iglesia, con sus fetos de plástico, sus caramelos, sus oraciones. Pero el otro día en el Centro de Salud Oñativia había dos mujeres vestidas con gorras y chalecos verdes. Volanteaban un folleto con un teléfono al que recurrir si querías interrumpir el embarazo.

Además te daban un volante que decía que si tomás misoprostol te podes morir. No estaban solas. Eran 10 personas, con folletos, con organización y no parecía un grupo religioso. ¿De dónde sale esa organización, de donde sale ese presupuesto?”, dejó planteada una socorrista al cierre del encuentro. El encuentro se inició con la lectura de un documento nacional redactado a propósito de la fecha en el que se señala que en 2024 aumentó en un 37% la razón de mortalidad materna.

Se subraya allí que “frente al plan sistemático de crueldad, ajuste y desmantelamiento que impone el gobierno nacional y en medio de una profunda crisis económica y social, la salud de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra bajo un ataque criminal”. “Garantizar el acceso a las interrupciones legales y voluntarias del embarazo es una obligación del Estado. Impedirlo y negarlo es un delito.

Este desfinanciamiento federal es una decisión política que resulta en una violencia estatal, la transferencia del costo de la crisis a las provincias que hoy sostienen más del 75% del financiamiento de la salud pública profundiza de manera alarmante las desigualdades territoriales”, se cuestionó en el texto que concluye que la situación presente “constituye el vaciamiento más grave del sistema sanitario desde la recuperación democrática”.