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Claves
- El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos oficializó la aprobación del “Protocolo de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios” mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.343.
- La discusión se empantanó cuando las representantes de Agmer, Verónica Veik y Verónica Fishbach, exigieron alterar el orden del día para tratar con prioridad el "Protocolo de limpieza de escuelas".
- El gremio leyó una propuesta para modificar el texto oficial y demandó que se abordara la "calidad integral del agua de los establecimientos".
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos oficializó la aprobación del “Protocolo de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios” mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.343.
La normativa aprueba establece el marco de fiscalización que aplicará la Dirección de Agricultura provincial para hacer efectiva la Ley Provincial N° 11.178, la cual "regula en el ámbito de la provincia de Entre Ríos todas las actividades vinculadas a la importación, elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, expendio, aplicación, transporte y almacenamiento de productos fitosanitarios".
Según los considerandos del texto, el protocolo se apoya en la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente de la Nación, los manuales técnicos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y los documentos elaborados por la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos.
El documento definitivo se validó bajo un clima de marcada tensión sectorial durante la reunión del Consejo Asesor Fitosanitario, realizada el pasado 10 de diciembre de 2025 en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano”.
Al encuentro asistieron representantes de diversas entidades técnicas, gremiales y gubernamentales: INTA, la Federacion Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), el Colegio de Profesionales de la Agronomia de Entre Ríos (Copaer), la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNER, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), el Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación (CGE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Cámara Empresaria de Proveedores de Insumos Agropecuarios del Litoral (Cepial) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
La discusión se empantanó cuando las representantes de Agmer, Verónica Veik y Verónica Fishbach, exigieron alterar el orden del día para tratar con prioridad el "Protocolo de limpieza de escuelas". El gremio leyó una propuesta para modificar el texto oficial y demandó que se abordara la "calidad integral del agua de los establecimientos".
Además, solicitaron eliminar los párrafos que consideraban la limpieza como una medida "eventual", exigiendo "que el protocolo se aplique ante todo aplicación de fitosanitarios a realizarse en cercanías de las escuelas rurales", y reclamaron que la Departamental de Escuelas asigne personal específico para los establecimientos con personal único.
Frente a modificaciones de semejante calibre, el resto de los miembros del Consejo votó por suspender el tratamiento del protocolo escolar para evaluar el impacto técnico de los cambios. La postura generó el quiebre inmediato de la mesa. Tras la salida de las representantes docentes, la mesa continuó sesionando y dio luz verde a las exigencias operativas dirigidas a los productores y aplicadores.
El Anexo de la norma define a las Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios (BPAF) como el "conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables al uso de fitosanitarios, tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad para la que fue concebido, disminuyendo al máximo los posibles riesgos emergentes a la salud y el ambiente".
Para ello, el texto impone reglas estrictas y traslada las responsabilidades operativas a cada eslabón de la cadena: El protocolo determina que "la formación será continua y obligatoria a los sujetos alcanzados por la Ley 11.178", responsabilizando a las empresas y operarios de su actualización. En el plano administrativo y penal, establece que el control quedará en manos de la Secretaría de Agricultura, organismo que tramitará los expedientes y "aplicará las sanciones previstas en el Decreto N.º 1719/25-GOB".
Para denunciar aplicaciones irregulares o presuntos incumplimientos, el protocolo habilita a los ciudadanos a concurrir al destacamento o comisaría policial de la jurisdicción. La presentación exige datos precisos: ubicación, fecha, hora, descripción de los hechos e identificación de los implicados, acompañados obligatoriamente por "fotografías, videos u otras pruebas", con copia digital al correo [email protected].
De comprobarse la anomalía, los inspectores labrarán un Acta de Infracción que iniciará un sumario donde el acusado tendrá plazos legales establecidos para presentar descargos y defenderse antes de la resolución. Fuente: APFDigital