Armándola: “¿Cuál es el sentido de que las empresas le den el dinero al municipio para que administre?”

Paula Armándola, expresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, en comunicación con RADIO LA VOZ, explicó por qué no es factible el proyecto presentado por el concejal Emiliano Gómez Tutau con respecto a alquileres y seguro de caución. “Presentan un régimen de garantías municipal. ¿De dónde salen los fondos, qué recursos se usan?”, manifestó Armándola. “El proyecto presenta estas dudas, ¿de dónde salen los fondos?, ¿cuál sería en realidad la funcionalidad?”.

Explicó que “los seguros de caución y de garantías existen. Todo esto necesita un resguardo para darle al propietario la seguridad de su patrimonio, porque el precio del alquiler incluye el uso y el goce de la cosa, nada más; el resto tiene que estar asegurado, tiene que haber una empresa que pueda responder a ello. Eso el concejal lo sabe porque lo explicó; él quiere hacer una herramienta de respaldo que respete los derechos de los propietarios como de los inquilinos. Esas soluciones ya existen en el mercado.

Si la gente puede pagar, puede comprar ese servicio en el mercado. ¿Cuál es el sentido de que las empresas le den el dinero al municipio para que administre sin responsabilidad jurídica ni económica sobre eso?”. Sobre el intento de las actuales autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos de destituirla en el Consejo de la Magistratura, dijo: “Es imposible que el Colegio de Corredores designe a alguien, porque los consejeros de la sociedad civil surgen de la Asamblea Ciudadana.

Es la misma Asamblea quien vota los consejeros y el juramente es personal”. “Se trató el tema en el Consejo de la Magistratura, quedó en actas responderle y explicar al Colegio de Corredores cómo funciona el Consejo de la Magistratura”. Sobre la difusión de balances truchos de su gestión al frente del Colegio de Corredores, explicó: “No hubo presentaciones judiciales. Lo que hice fue una presentación judicial porque se desaprobó el balance sin objeciones.

No había pasado nunca en la historia de la provincia de Entre Ríos que una institución no estatal, que está totalmente normado, se haya cumplido con toda la norma y procedimientos que establece la ley y se desapruebe. Ante esa falta de seguridad jurídica fue que hicimos un pedido de declaración de certeza en la Justicia. Estamos esperando la respuesta”.