Asociación de Magistrados: Vuelve la jueza cuyo marido fue beneficiado con la prescripción por abusar de una sobrina de 6 años

La magistrada María Gabriela López Arango vuelve a ocupar un lugar central en la estructura corporativa judicial. Pero su nombre no puede leerse aislado de una pregunta incómoda: cómo funciona una Justicia que se proclama garante de derechos mientras naturaliza silencios, blindajes y prescripciones en causas de abuso sexual infantil. María Gabriela López Arango vuelve al centro de la escena judicial entrerriana.

Según publicó Página Judicial, la nueva conducción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos será encabezada por Rafael Cotorruelo y tendrá a Gabriela López Arango como segunda autoridad para el período 2026-2028. No se trata de una aparición menor: López Arango ya presidió la Asociación de Magistrados, fue reelecta en ese espacio y también fue destacada por la AMFJER por su reelección como vicepresidenta primera de la Federación Argentina de la Magistratura.

El problema no es solamente institucional. Es moral, político y judicial.Porque alrededor del apellido López Arango existe una historia que la corporación judicial parece preferir no mirar: una causa por abuso sexual infantil que terminó clausurada por prescripción. En el fallo publicado por Microjuris, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional trató el caso de un imputado identificado como S. G.

P., acusado de haber abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de su sobrina, una niña de seis años, durante 2004. La acusación describía tocamientos y prácticas de sexo oral cuando la menor quedaba bajo su cuidado. La Justicia no llegó a discutir el fondo. No hubo juicio oral, no hubo sentencia sobre la verdad material, no hubo reparación para la víctima. Hubo prescripción.

El juez de primera instancia declaró extinguida la acción penal y sobreseyó al imputado; la Cámara confirmó esa salida por mayoría, pese a la disidencia del juez Julio Marcelo Lucini, quien sostuvo que los compromisos internacionales asumidos por la Argentina —Convención de Belém do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño y deber estatal de investigar graves afectaciones a la libertad sexual de niñas y mujeres— impedían usar la prescripción como una vía automática de impunidad.

Ese es el punto central: cuando se habla de abuso sexual infantil, la prescripción no es una simple herramienta técnica. Puede convertirse en la puerta de salida perfecta para que el sistema judicial evite mirar lo que debe mirar.

Y cuando quienes integran o rodean ese sistema luego vuelven a ocupar cargos de representación, conducción o prestigio corporativo, la pregunta pública es inevitable: ¿qué clase de autoridad ética puede construir una magistratura que se protege a sí misma, mientras las víctimas quedan afuera? López Arango no es una funcionaria marginal.

En 2018 fue presentada como la primera mujer en presidir la Asociación de Magistrados de Entre Ríos; en 2020 continuó al frente de la entidad en una lista única; en 2025 fue celebrada por la AMFJER por su reelección como vicepresidenta primera de la FAM; y ahora vuelve a ocupar un lugar relevante en la conducción del gremio judicial entrerriano. La corporación judicial suele hablar de género, niñez, derechos humanos, ética judicial y acceso a justicia.

Pero esas palabras pierden peso cuando conviven con una cultura de silencios selectivos. El abuso sexual infantil no prescribe en la memoria de una víctima.

Prescribe en los expedientes cuando el sistema llega tarde, mira para otro lado o encuentra una salida formal para no discutir responsabilidades.El caso publicado por Microjuris muestra con crudeza esa tensión: una niña de seis años, una denuncia formulada años después, una discusión sobre leyes posteriores y tratados internacionales, una mayoría que cerró el caso por prescripción y una disidencia que advirtió que el Estado argentino no podía incumplir sus obligaciones internacionales bajo excusas de derecho interno.

Por eso el regreso de Gabriela López Arango no debería ser leído como una simple noticia gremial. Es una postal del Poder Judicial entrerriano: los mismos nombres circulan, se reciclan, se respaldan, se premian y se sostienen entre sí. Mientras tanto, las víctimas de abuso, las familias destruidas y quienes reclaman una Justicia real quedan obligados a mirar cómo la estructura judicial se felicita a sí misma. La pregunta, entonces, no es si López Arango vuelve.

La pregunta es qué vuelve con ella.Vuelve una forma de poder. Vuelve una corporación que habla de derechos pero administra silencios. Vuelve una Justicia que exige confianza pública sin rendir cuentas sobre sus propias zonas oscuras. Y vuelve, sobre todo, la necesidad de decir lo que muchos prefieren callar: no hay ética judicial posible si la magistratura se construye sobre la impunidad, la prescripción y el blindaje corporativo. Web: