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Claves
- Lo verdaderamente escandaloso de este ingreso al régimen simplificado radica en los privilegios específicos que otorga la normativa para el período fiscal 2025.
- Al adherirse a esta modalidad, los contribuyentes quedan absolutamente exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio y sus consumos personales.
- En buen romance, el Estado les concede el derecho legal de borrar de la vista pública la radiografía de sus gastos corrientes, el origen de sus fondos y la evolución de sus bienes.
La política argentina ha perfeccionado el arte de la contradicción, pero el reciente movimiento administrativo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, establece un nuevo estándar en materia de desparpajo institucional. En las últimas horas, la pareja se inscribió formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, un beneficio reglamentado por el propio Poder Ejecutivo bajo el pomposo nombre de Ley de Inocencia Fiscal.
El trámite, lejos de ser una simple agilización de papeles para un matrimonio abrumado por la burocracia, representa una maniobra de altísima costura política destinada a levantar un blindaje legal sobre los bienes y los gastos de quien, paradójicamente, maneja los hilos de la administración pública. Lo verdaderamente escandaloso de este ingreso al régimen simplificado radica en los privilegios específicos que otorga la normativa para el período fiscal 2025.
Al adherirse a esta modalidad, los contribuyentes quedan absolutamente exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio y sus consumos personales. En buen romance, el Estado les concede el derecho legal de borrar de la vista pública la radiografía de sus gastos corrientes, el origen de sus fondos y la evolución de sus bienes.
Que semejante beneficio sea usufructuado por los mismos funcionarios que exigen transparencia absoluta y que fiscalizan de manera implacable el bolsillo de los ciudadanos comunes es, por sí mismo, una afrenta ética, pero el caso de Adorni adquiere ribetes de sospecha criminal debido a su situación en los tribunales federales de Comodoro Py. La jugada administrativa se ejecutó con una frialdad cronológica que desarma cualquier intento de defensa oficial.
Adorni y su mujer realizaron la inscripción en la ARCA inmediatamente antes de que venciera el plazo para presentar su declaración jurada anual. Esta sincronización temporal expone un calculado movimiento de ajedrez burocrático: el jefe de Gabinete se aseguró de clausurar las ventanas de acceso a la información sobre su nivel de vida justo antes de firmar el documento público sobre sus finanzas.
Mientras el Gobierno nacional preparaba de forma coordinada voceros y estrategias discursivas para salir a defenderlo ante las inminentes críticas de la opinión pública, el ministro coordinador ya había blindado la trinchera contable en la que se refugian sus negocios privados. La urgencia del jefe de Gabinete por acogerse al secreto de sus consumos personales cobra perfecto sentido al revisar las carpetas que descansan en el despacho del juez federal Ariel Lijo.
El magistrado concentra actualmente dos causas penales de altísimo impacto en las que Adorni es el principal imputado. La primera de ellas investiga de forma directa un presunto enriquecimiento ilícito, analizando con lupa el vertiginoso crecimiento patrimonial del funcionario desde que se volcó a la actividad pública.
La segunda causa indaga un entramado de favores y prebendas vinculado a su amigo íntimo, el periodista Marcelo Grandio, quien tras ganar jugosos contratos con el Estado, le financió al jefe de Gabinete y a toda su familia un suntuoso viaje en jet privado con destino a Punta del Este. Es precisamente en este contexto judicial donde la «Inocencia Fiscal» del funcionario se transforma en una burla.
El juez Lijo se encuentra evaluando los pasos procesales y, según fuentes tribunalicias, podría citar a Adorni a prestar declaración indagatoria en las próximas semanas, fijando la fecha límite en los días previos al inicio de la feria judicial de invierno, entre el 21 y el 30 de julio.
Con una imputación penal por enriquecimiento ilícito sobre la cabeza y la probabilidad cierta de tener que dar explicaciones ante la Justicia, que el jefe de los ministros utilice una ley a medida para ocultar los registros de sus gastos suntuarios y sus movimientos financieros constituye un pésimo precedente y una explícita admisión de que hay demasiadas cosas bajo la alfombra que no resisten la luz pública.
La reconversión de estas herramientas de alivio fiscal en escandalosos paraguas de impunidad para la cúpula gobernante erosiona los cimientos de la confianza pública. Resulta profundamente morda que Adorni, quien registra múltiples actividades económicas en la última década, pasando por servicios de asesoramiento empresarial, auditorías fiscales y agencias de noticias, decida apagar los reflectores sobre sus cuentas particulares en el momento de mayor escrutinio.
Mientras desde el atril oficial se pregona la austeridad, se desmantelan estructuras y se persigue la evasión del ciudadano de a pie, los encargados de aplicar el ajuste utilizan los resortes del Estado para garantizarse un secreto patrimonial corporativo, demostrando que los beneficios de la «Inocencia Fiscal» solo parecen aplicar para aquellos que ostentan el poder suficiente para redactar las normas.