Cánepa, la Caja y los privilegios que nadie quiere discutir: ¿que puntos no quieren los jueces de la ley?

Alejandro Cánepa fue al Senado a cuestionar la reforma previsional y a advertir sobre futuras inconstitucionalidades. Nada nuevo. Lo llamativo es que mientras miles de docentes, enfermeros, policías y jubilados esperan saber si el sistema podrá sostenerse en el tiempo, uno de los principales voceros de la corporación judicial apareció para defender justamente los aspectos que afectan a los sectores más privilegiados del régimen. Nadie escuchó una palabra sobre cómo resolver el déficit de la Caja.

Lo que sí se escuchó fue una defensa cerrada de beneficios que hace años generan polémica dentro y fuera del Poder Judicial.Conviene aclarar algo para evitar falsas expectativas. Si la reforma finalmente se aprueba y llega a los tribunales, difícilmente los jueces declaren inconstitucional la equiparación de edades entre hombres y mujeres, ni los cambios generales en los aportes, ni la mayoría de las modificaciones que alcanzan al conjunto de los trabajadores.

Lo que seguramente terminará judicializado será aquello que afecta directamente a magistrados y funcionarios judiciales: el aporte extraordinario, la eliminación del enganche para los pasivos y los mecanismos especiales que durante años permitieron jubilaciones muy superiores a las del resto de los entrerrianos. El punto más escandaloso es precisamente el famoso enganche. La justificación histórica era garantizar la independencia del Poder Judicial evitando que el Poder Ejecutivo fijara sus salarios.

Sin embargo, esa idea terminó derivando en una interpretación que permitió que determinados sectores judiciales recibieran beneficios extraordinarios que no existen en ningún otro ámbito del Estado. Mientras cualquier trabajador tiene una sola referencia salarial, en la Justicia se consolidó un esquema donde algunos sectores terminan capturando aumentos provenientes de distintos sistemas, generando incrementos que terminan impactando directamente sobre una Caja que después debe ser financiada por toda la sociedad.

A eso se suman otros privilegios largamente cuestionados. Regímenes jubilatorios especiales, adicionales por antigüedad calculados bajo criterios que no existen en el resto de la administración pública y mecanismos de actualización que permiten mantener haberes muy por encima de los promedios provinciales. Cada vez que se intenta discutir estos temas aparecen argumentos constitucionales, doctrinarios e institucionales.

Lo que nunca aparece es una explicación convincente sobre quién paga la cuenta de esos beneficios ni cuánto contribuyen al déficit que hoy se pretende corregir.La situación se vuelve todavía más delicada porque quienes eventualmente deberían resolver la constitucionalidad de esas normas pertenecen al mismo universo institucional beneficiado por ellas. Es difícil imaginar mayor conflicto de intereses.

Si los jueces terminan interviniendo en causas vinculadas a sus propias jubilaciones, a sus propios regímenes de actualización o a sus propios aportes, la discusión excederá el derecho previsional y se transformará en un debate sobre la credibilidad del sistema. Ningún ciudadano aceptaría con naturalidad que una persona decida sobre su propio bolsillo.Por eso el debate de fondo no es la reforma sino los privilegios.

Entre Ríos tiene derecho a discutir cómo sostener su sistema previsional sin que siempre paguen los mismos. Los jubilados mínimos, los docentes, los enfermeros y los trabajadores comunes no deberían confundirse: la batalla judicial que se anticipa no será por ellos. Será, fundamentalmente, por conservar beneficios que hace años están en el centro de las críticas y que explican buena parte de las distorsiones que hoy ponen a la Caja contra las cuerdas. Web: