Caso Ariel Goyeneche: se conoce informe de peritos de la Corte

Los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Daniel Rosatelli, que ejercen la defensa de los dos policías sospechados por la muerte de Ariel Goyeneche, el 12 de febrero de 2024, dieron a conocer detalles del informe realizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialistas que intervinieron ante la disconformidad con las conclusiones a las que llegaron peritos locales.

“En nuestro carácter de abogados defensores de los funcionarios policiales Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez, comunicamos la incorporación de pericias científicas decisivas al Legajo Judicial Nº 247217, vinculadas al fallecimiento de Ariel Alejandro Goyeneche, las cuales aportan claridad objetiva sobre los hechos investigados”, señalaron.

Y agregaron: “En primer lugar, consideramos importante señalar que nuestros asistidos no son funcionarios privilegiados ni integrantes de estructuras de poder. Son trabajadores policiales subalternos, hombres de calle, agentes que diariamente cumplen funciones operativas en contextos de extrema tensión, muchas veces sin recursos suficientes, sin respaldo institucional y enfrentando situaciones humanas límite que deben resolver en cuestión de segundos”.

“Hoy, la evidencia científica incorporada oficialmente a la causa aporta claridad objetiva allí donde durante mucho tiempo prevalecieron interpretaciones parciales y equivocadas.

La intervención del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional concluyó, entre otros aspectos, que el lamentable fallecimiento de Ariel Goyeneche respondió a una causa multifactorial compleja.Los peritos determinaron la concurrencia simultánea de factores respiratorios, metabólicos, tóxicos y cardiovasculares, en un contexto de extrema exigencia fisiológica por la propia resistencia de Ariel Goyeneche”, señalaron.

Luego, destacaron que “las pericias toxicológicas confirmaron que el consumo de sustancias tóxicas presentes en el cuerpo, son compatibles con un cuadro de agitación extrema y resistencia física, describiendo un episodio de ´delirium agitado´, estado clínico crítico reconocido médicamente y asociado a un riesgo cierto de muerte súbita. A ello se suma otro dato central: la existencia de una condición cardiovascular previa y vulnerable que padecía Ariel Goyeneche.

Los estudios revelaron alteraciones coronarias y lesiones cardíacas preexistentes que incrementaron significativamente el riesgo de una descompensación fatal frente a un cuadro de estrés extremo y consumo de sustancias”. El texto de los defensores plantea: “También resulta importante destacar que los estudios radiológicos y médicos no constataron lesiones traumáticas letales, fracturas ni indicadores compatibles con una acción desmedida por parte de nuestros defendidos.

“Por ello, sostenemos que las pruebas científicas incorporadas a la causa respaldan con firmeza que nos encontramos frente a una tragedia humana profundamente compleja, atravesada por múltiples variables biológicas y médicas, y no ante una conducta dolosa dirigida a causar la muerte. “El procedimiento policial tuvo origen en una intervención legítima ante una situación de crisis y alteración evidente.

Nuestros asistidos actuaron en cumplimiento de su deber funcional, intentando contener un episodio crítico que derivó, lamentablemente, en un desenlace fatal que nadie deseaba, ni tampoco provocaron. “Asimismo, entendemos que no existe reparación posible frente al dolor que implica la pérdida de una vida humana. Ariel Goyeneche tenía familia, afectos e historia, y esa tragedia merece nuestro respeto absoluto.

“Pero también entendemos que detrás de esta causa existen dos trabajadores policiales y sus familias, atravesados desde hace meses por una enorme carga emocional, social y humana, aguardando que la verdad pueda establecerse con objetividad y sin prejuicios. “Finalmente, como defensa técnica, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad real, con el debido proceso y con una Justicia basada en evidencia científica, lejos de simplificaciones, presiones externas o condenas anticipadas”.

El equipo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó el informe forense hecho por la Justicia entrerriana y que derivó en la imputación a tres agentes policiales de la Comisaría 2ª, de Paraná, por el delito de «homicidio en exceso de cumplimiento de un deber» tras la muerte, el 12 de febrero pasado, de Ariel Goyeneche. La decisión de enviar el caso a la Corte había sido a petición de la defensa de los policías y habilitada por el juez de Garantías Elvio Osir Garzón.

Planteo La defensa de los policías había cuestionado desde el vamos el informe pericial de los forenses locales por una serie de «defectos». El fiscal de la causa, Santiago Alfieri, caratuló la causa como por “homicidio en exceso en cumplimiento de un deber”, e implicó a tres miembros de la fuerza.

En base a los informes periciales colectados en el último tiempo, la Fiscalía presume que aquel 12 de febrero, alrededor de las 6,30, los funcionarios policiales en servicio en Comisaría 2ª Lisandro Romero, sargento; David Vázquez, cabo; y Alan Vázquez, oficial ayudante, “ocasionaron la muerte de Ariel Alejandro Goyeneche por asfixia mecánica por compresión toracoabdominal.

También le provocaron múltiples lesiones contusas, excoriaciones y equimosis en el torso, tobillos, rodillas, mejillas y cabeza, así como un hematoma en riñón derecho y desgarro hepático”. Todo se inició aproximadamente a las 5 de la mañana de aquel 12 de febrero cuando un vecino de calle Luis Piedrabuena alertó que sobre el techo de su vivienda había una persona. Llamó al 911 y acudió un móvil policial: fueron comisionados Lisandro Romero y David Vázquez, del móvil 902, asignado a la Comisaría 2°.

Llegaron los dos uniformados, detuvieron a Goyeneche, quien según la investigación judicial, “evidenciaba agitación, estaba exaltado, y disvariaba”. Goyeneche bajó del techo de esa vivienda de calle Luis Piedrabuena por sus propios medios. Avisó que alguien lo perseguía, que querían matarlo. Los policías lo esposaron y lo subieron al patrullero y lo llevaron hacia la dependencia policial ubicada en calle Gualeguaychú al 200. Llegaron cerca de las 5,20.

El vehículo policial se detiene frente a la sede de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía, a escasos metros de la Comisaría 2°. Ariel Goyeneche baja del patrullero e ingresa a la sede, pero allí es devuelto al móvil policial. Actúan el sargento Romero y el cabo Vázquez. Entonces lo retienen en la vereda. Es testigo de la situación el oficial Alan Vázquez.

Entre los tres, “mantuvieron innecesariamente al detenido dentro del habitáculo del móvil 902, durante aproximadamente 35 minutos, a 30 metros de la Comisaría, con las ventanillas cerradas, sin avanzar, prolongando y agravando innecesariamente las condiciones de custodia, ignorando los pedidos de ayuda, a gritos, de la víctima”. Los abogados de Lisandro Romero y David Vázquez, Damián Petenatti, Iván Vernengo y Daniel Rosattelli, dieron a conocer su punto de vista sobre el caso.

El tercer oficial involucrado en la muerte de Goyeneche, Alan Vázquez, es defendido por el abogado Eduardo Gerard.

Sobre el llamado de Fiscalía a prestar declaración de imputados para los policías, los defensores Petenatti, Vernengo y Rosatelli señalaron: “El acto de imputación y la calificación legal de los hechos es esencialmente provisoria, y de ninguna manera implica que la investigación esté finalizada; por el contrario, desde el punto de vista de la defensa, aquella recién comienza a desarrollarse, ya que a partir de ella es que los imputados pueden conocer precisamente de qué hecho concreto se los está acusando, circunstancia que hasta el momento no se sabía”.

“Las medidas de prueba continuarán su curso y una vez que pueda entenderse definitivamente finalizada –apuntaron.: recién allí la Fiscalía podrá determinar -según su criterio- si esta imputación actual es ajustada o no a lo que realmente ocurrió en aquel hecho o, por el contrario, debe modificarse”.

Y señalaron que “esta decisión se tomó luego de transcurrido casi cinco meses de aquel suceso, lo cual explica claramente la complejidad de los hechos y ha sido motivada por la conclusión del informe autópsico que indica como supuesta causa de muerte, una compresión toraco abdominal en la persona de Ariel Goyeneche”.

Sobre ese punto, explicaron que “la defensa de los dos funcionarios que trasladaron a Ariel Goyeneche manifiestan que todos los estudios existentes hasta el momento han sido profundamente examinados por el consultor privado del equipo de la defensa, Dr. Oscar Rafael Chiappetti, un experimentado y solvente médico legista con más de cuarenta años de trayectoria, veintitrés de los cuales los ha ejercido dentro del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Entre Ríos”.

“De dicho informe privado, que será presentado para conocimiento del Sr.

Fiscal de la causa al concluir la inminente feria judicial de invierno, se observan severos e irremediables defectos en la autopsia practicada a Ariel Goyeneche, junto a omisiones en la consideración rastros presentados en su cuerpo que no fueron debidamente estudiados ni abordados, entre ellos, la presencia de una partícula extraña en su tráquea, corroborada por la propia médica forense que efectuó la necropsia y con suficiente entidad para provocar una asfixia mecánica, circunstancia que resulta absolutamente ajena a la intervención de nuestros defendidos, al igual que otros signos presentados en la autopsia que los alejan de haber provocado su muerte”, destacaron.

El perito de parte “ha podido concluir que del estudio anatomopatológico y fotografías de la autopsia, ninguna de las características propias de esa especial tipo de asfixia (toraco abdominal) se encuentraban presentes en el cuerpo de Ariel Goyeneche”. Además, sostuvieron que las “observaciones y medidas de prueba pendientes, deberán continuar para obtener los elementos necesarios que permitan concluir con los motivos del deceso”.

Al final, dirigieron un mensaje a los responsables de la Policía y pusieron de manifiesto que resulta “auspicioso que de aquí en el futuro, se capacite a funcionarios de la fuerza de seguridad en el tratamiento de personas con problemas de salud mental y/o bajo los efectos de estupefacientes, circunstancia que a la fecha de los hechos no existía en la fuerza policial de la Provincia, como así tampoco formación alguna para afrontar tal eventualidad, careciendo los funcionarios investigados de los conocimientos propios para obrar de un modo distinto lo que, por ello mismo, no era exigido por la ley vigente”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora