Causa ATER: seis acusados reconocieron la maniobra y acordaron penas y multas por $100,2 millones

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná deberá resolver si homologa los acuerdos de juicio abreviado. Los imputados admitieron su participación en una trama que habría permitido cancelar deudas tributarias mediante compensaciones falsas. La Provincia recuperaría más de $100 millones en concepto de multas.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná analiza los acuerdos de juicio abreviado alcanzados con seis de los acusados en la causa por el millonario fraude contra la ex Dirección General de Rentas (DGR), posteriormente Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). El vocal Alejandro Grippo deberá resolver en los próximos días si homologa los acuerdos presentados por la Fiscalía.

Según lo expuesto durante la audiencia, los imputados reconocieron haber integrado la maniobra mediante la cual se habrían sustraído fondos públicos entre 2004 y 2014. La investigación se inició hace 12 años y llegó a involucrar originalmente a unos 180 imputados, aunque con el avance del expediente la cantidad de personas que podrían llegar a juicio oral se redujo considerablemente. Los fiscales Álvaro Piérola y Patricia Yedro informaron al juez los alcances de los acuerdos alcanzados con los acusados.

En caso de ser homologados, la Provincia percibirá $100.200.000 en concepto de multas, que serán abonados en 10 cuotas consecutivas. La presentación contó además con la participación de los representantes de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky. La causa investiga una maniobra que habría permitido beneficiar a grandes contribuyentes que mantenían deudas con el Estado provincial.

Para ello, se habrían registrado compensaciones impositivas inexistentes mediante modificaciones en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los acuerdos presentados contemplan diferentes penas, multas e inhabilitaciones de acuerdo con la participación atribuida a cada imputado. La exjefa del Departamento Despacho, de 77 años, acordó una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $30 millones.

También deberá realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias, de acuerdo con las pautas que establezca la Oficina de Medios Alternativos (OMA). El exjefe de Mesa de Entradas, de 62 años, acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $20 millones. Además, deberá cumplir con 96 horas anuales de tareas comunitarias.

El exdirector del Interior y exjefe de la Representación Territorial en San Salvador, de 61 años, acordó tres años de prisión condicional, una multa de $30 millones y 96 horas anuales de tareas comunitarias. Fue defendido por el abogado José Ostolazza. El extesorero de la Provincia, de 62 años, acordó dos años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $10 millones. Martínez de Yankelevich, Gaggión y Gioria fueron defendidos por Miguel Cullen.

El contador público de Concordia, de 81 años, acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $10 millones. Por su edad, quedó exceptuado de las pautas de conducta habituales. En su lugar, deberá realizar un aporte de $40.000 mensuales durante 36 meses a una institución de bien público. Fue patrocinado por Eduardo Martínez.

El contador público, de 72 años, acordó tres años de prisión condicional, pena que se unifica de manera comprensiva con una condena anterior por estafa dictada en Concordia en 2014. También deberá pagar una multa de $200.000 y cumplir reglas de conducta durante 24 meses. La causa tubo además una instancia clave el viernes 7 de agosto, cuando el juez Grippo encabezó nuevas audiencias vinculadas con la situación de otros acusados.

Entre ellos se encuentran Jorge Martín Zuttión, exdirector de Impuestos y actual auditor del Tribunal de Cuentas, y Luis Alfredo Speroni, integrante de un estudio contable. Ambos se encaminaban originalmente hacia un juicio oral, pero solicitaron acceder a la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. La situación de Zuttión genera especial expectativa porque, de acuerdo con la acusación, los hechos que se le atribuyen habrían sido cometidos mientras se desempeñaba como funcionario público.

Esa condición podría impedirle acceder al beneficio. La postura que adopten los fiscales y la posterior resolución del juez Grippo serán determinantes para definir si ambos casos quedan fuera del debate oral. Previamente, el Tribunal realizó una audiencia de visu con los contribuyentes Javier David Kolln, Diego Raúl García, Marta Delfina Ponce y Javier Ramírez. Para acceder a la probation deberán acreditar el pago actualizado de los impuestos adeudados y de la multa fijada por la Provincia.

Uno de los datos que dimensiona la extensión de la investigación es la evolución de la causa. El expediente comenzó con alrededor de 180 imputados y, a más de una década de iniciada la investigación, la nómina se redujo significativamente. La mayoría de los contribuyentes involucrados habría regularizado sus deudas para evitar la continuidad del proceso penal.

Al mismo tiempo, los exempleados públicos que permanecen vinculados a la causa fueron reduciendo su número a partir de los distintos acuerdos y planteos procesales. Por el momento, quienes aparecen confirmados para afrontar un juicio oral y público son dos exempleados de menor jerarquía: Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño. Exagente técnico-administrativo de Mesa de Entradas, está imputado como coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo reiterados.

Es defendido por los abogados Iván Vernengo y Damián Pettenati. Exagente y actual jefa de la División Despacho, declaró durante la investigación que habría actuado siguiendo órdenes de sus superiores. Está imputada por defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo reiterados y es patrocinada por Tomás Virgala. El mecanismo investigado se habría basado en la alteración del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

A través de la carga de compensaciones impositivas falsas, se habrían cancelado o reducido deudas que determinados contribuyentes mantenían con el Estado provincial, generando un perjuicio económico para las arcas públicas. La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer el alcance económico total de la maniobra.

Ahora, con los acuerdos de juicio abreviado ya presentados, la decisión de Alejandro Grippo sobre su homologación será uno de los próximos pasos centrales de una causa que lleva más de una década en los tribunales entrerrianos.