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Claves
- La jornada de este jueves comenzó pasadas las 9.
- Está previsto que continúe mañana viernes, cuando se avanzará con la incorporación de más evidencia.
- Empezó el control de prueba colectada en el marco de la investigación por la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura.
La jornada de este jueves comenzó pasadas las 9. Está previsto que continúe mañana viernes, cuando se avanzará con la incorporación de más evidencia. Empezó el control de prueba colectada en el marco de la investigación por la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura. Así estaba previsto para este jueves, según había adelantado la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.
Se mencionaron numerosas personas para llamar a declarar, pero resaltaron los nombres del ex vicegobernador, Adán Bahl; los ex senadores nacionales Sigrid Kuntah y Pedro Guastavino; el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas; los ex secretarios de las dos cámaras legislativas, Natalio Gerdau y Nicolás Piernini; el ex contador General de la provincia, Aurelio Miraglio; la contadora Adjunta del Gobierno, Claudia Kelly; y el actual contador General de la provincia, Rodrigo Andrés Zabala.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, encargados de la investigación, enumeraron actas de allanamientos, secuestros y requisas de distintas personas, inmuebles y vehículos, además de informes telefónicos, redes sociales y elementos informáticos. De este modo, se ordenaron testimoniales de numerosos oficiales de policía, peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal, delegados judiciales, funcionarios empresariales, dirigentes políticos, funcionarios legislativos y testigos civiles, entre otros.
En algunos casos puntuales, las defensas hicieron reservas o advirtieron que, determinada evidencia, se encuentra controvertida a la espera de resoluciones judiciales en instancias superiores. Entre los testigos que se citarán en un futuro juicio, se mencionó a: (NdR: por decisión editorial, no se nombraron testigos civiles. Sí a quienes son policías, delegados judiciales, tienen algún cargo jerárquico o función en la administración pública o empresarial).
Durante la jornada se llegó a ofrecer la mitad de la evidencia documental y testimonial. La audiencia de remisión a juicio del legajo continuará este viernes. Está previsto que se avance con el resto de la prueba que guardan los fiscales para sostener las acusaciones. Investigan una asociación ilícita En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.
Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita.
Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. El gobierno provincial considera que se trata de “una cuestión de Estado” y apuesta al resultado de la conciliación.
Mientras tanto, asiste con alimentos a las familias afectadas y se conformó una mesa de trabajo interministerial para abordar la situación. Hay 900 puestos de trabajo caídos.