Causa Contratos: fiscales hablan de un “control laxo” por parte del Tribunal de Cuentas a la Legislatura | Análisis

Se reanudó la audiencia de elevación a juicio de la causa “contratos truchos” de la Legislatura. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, ordenó la corrección en un párrafo de las imputaciones, tal como decidió la vocal de Apelaciones (Carolina Castagno) tras el reclamo de defensores. Luego, la discusión giró en torno a los roles de los auditores del Tribunal de Cuentas en las cámaras legislativas, y las supuestas irregularidades en los controles que les atribuye el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El párrafo en el texto de imputaciones que Fiscalía debió corregir, en algunos casos, hablaba de “250 contratistas” pero ahora debe leerse “más de 700 contratistas”. Así quedó establecido para todas las imputaciones en el legajo. Sin embargo, los cuestionamientos defensivos en torno de este punto continuaron este miércoles. Puntualmente el abogado Miguel Cullen reclamó que se precise la cantidad de contrataciones correspondientes a cada una de las imputaciones.

“Se unificaron las contrataciones en todos los casos porque convergieron en un hecho genérico”, contestó el fiscal Ignacio Aramberry. Los defensores sostienen que, como los imputados corresponden a cámaras distintas, debe diferenciarse la cantidad de contrataciones irregulares por imputado. La jueza Barbagelata zanjó la cuestión. Interpretó la decisión de la vocal de Apelaciones, Carolina Castagno (instancia a la que recurrieron los abogados para reeditar el reclamo).

Sobre el texto de imputaciones, Barbagelata entendió que Castagno refirió a la unificación de contrataciones. “Esta es la lógica de defraudación contra la administración pública, es una maniobra que atraviesa a las dos cámaras. La Fiscalía entendió que se trató de una maniobra de contratación de personas a través de administración pública y que en este contexto se hicieron más de 700 contratos”, sostuvo la jueza de Garantías.

Además se modificó la plataforma fáctica de imputación contra Mariano Speroni y Diego Pagnone. Ambos fueron auditores del Tribunal de Cuentas (TdC) en las cámaras legislativas, y debieron controlar la legalidad de los contratos que se realizaron entre 2008 y 2018. La discusión sobre el rol de los auditores La abogada Victoria Halle, defensora de ambos, habló de “vaguedad estructural” respecto de la imputación de sus defendidos. “La imputación continúa sin ser precisa. ¿Cuáles son los deberes que incumplieron?

¿Cuáles son los elementos específicos que colectó Fiscalía para sostener a imputación? Esta es una cuestión importante para esta etapa intermedia. Esta defensa ratifica los cuestionamientos porque no desaparecieron. La resolución de la jueza y la alzada fijaron estándares: la imputación debe ser precisa y clara, debe tener una individualización concreta. A la luz de estos estándares es que esta defensa sostiene el pedido de sobreseimiento”, reclamó Halle. Cullen adhirió al planteo.

Reiteró el cuestionamiento y pidió el sobreseimiento de sus defendido. “Control laxo” en la Legislatura “No podemos circunscribirnos a lo que sólo está escrito. Estamos en un sistema adversarial que prioriza la oralidad. Por horas hemos referido a las imputaciones”, contestó Aramberry en relación a las quejas sobre la unificación del texto de las imputaciones. “Pero lo puntual que tiene que ver con los revisores del Tribunal de Cuentas, ofrecemos prueba, las documentales 45, 53, 54, 97, 106, 117, 201”, enumeró.

“Es información que recopilamos y nos basamos para sostener la causa probable respecto de estos funcionarios. No quiero ser abstracto porque se planteó el sobreseimiento de Speroni y Pagnone. Y también de los defendidos de Cullen”, respondió.

Agregó que aparece reflejado en la documental 201 un “punto de inflexión donde queda evidenciado que el control laxo, a partir del muestreo ofrecido por los propios cuentadantes, refleja el cambio de actitud de los auditores y revisores a partir del conocimiento del hecho que nos convoca”. “Esa documentación advierte, a nuestro juicio palmariamente, que los relevamientos que hacían los auditores constituían simples planillas en las cuales, mes a mes de revisión, se iban cambiando ciertos datos.

No se advirtieron, en función de los decretos citados, no se cumplieron recaudos en procedimientos. Se puede advertir que esos informes mensuales de revisiones de cuentas, eran simples planillas que sólo indicaban algunos errores formales pero nada de la entidad de lo que expusimos en audiencias anteriores.

Se indicó también, en esos pedidos de subsanación, se solicitaba a (Gustavo Hernán) Pérez y (Sergio) Cardoso que subsanen esas deficiencias”, apuntó Aramberry, en relación a los auditores y algunos jefes administrativos o contables en las cámaras legislativas.

De este modo, los fiscales entienden que ambos auditores del Tribunal de Cuentas se excedieron en el vínculo con los administrativos de las cámaras legislativas y hasta les pidieron que subsanen errores en los procesos, como si el control del organismo se diluyera en el trato personal que tuvieron. El fiscal subrayó que no entienden que hubo “connivencia” entre auditores y empleados legislativos con jerarquía. “Los auditores vienen con una calificación legal y un hecho distinto”, acotó.

“Pero si el control hubiese sido tan celoso, la situación hubiese sido distinta”, agregó el fiscal. Y señaló que para el control del TdC, los auditores no tomaron muestras “azarosas” sino que “los cuentadantes seleccionaron” cuáles contrataciones controlar. “Acá hay infracción al rol”, apuntó. “Entendimos que la selección de contratos auditados no fue azarosa y estuvo mediada por el estrecho vínculo que se desarrolló entre los auditores y los principales imputados de los hechos.

Para Fiscalía ese vínculo de controlador a controlado trasvasó los límites pareciéndose más una relación de amistad. La selección de los contratos, creemos, no fue azarosa. Y se intensificaron los controles cuando la maniobra se descubrió. Entonces cominzaron a encontrar contratos irregulares. Antes de la fecha del hecho, esa selección no fue tan azarosa”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Aramberry dijo además que, desde diciembre de 2018 en adelante, comenzaron a aparecer contratos sin firma. Se advirtió que “se perdió un expediente desde el escritorio de auditoría estable en la Legislatura, se tuvo que reconstruir el expediente, lo que llevó a cambiar la cerradura de la oficina de auditoría estable. Todo esto está documentado”, manifestó. Refirió a una conversación entre Speroni y Cardoso sobre documentación administrativa que se debió presentar al auditor.

“Desde que se descubrió el hecho, la fiscal (del Tribunal de Cuentas) empezó a exigir. En particular, en estos intercambios, se acredita el control laxo, encontramos también intercambios entre Pérez y Schneider, donde dice Pérez que lo mantenga informado por más malas que seas las novedades. Schneider contesta todo tranquilo, no vinieron ni los viejos ni los nuevos auditores, igual te tengo informado. El miércoles viene Ballestena (Aldo, senador del PJ-La Paz) a firmar”.

Una lectura “tendenciosa” que perjudica al “último eslabón” Con esos calificativos defendió la abogada Halle la acusación de Fiscalía. La defensora sostuvo que los investigadores se excedieron en la interpretación de las conversaciones entre empleados jerárquicos de la Legislatura y los auditores del TdC. “Yo reclamo que digan exactamente cuáles son las tareas de los auditores.

El artículo 29 del Tribunal de Cuentas define el alcance de la muestra, el tamaño, el tipo”, indicó, en relación a que la selección de contratos para auditar no fue, según los fiscales, azarosa. “Esto que dicen ellos que cambió -dijo sobre los controles que se afianzaron después de la denuncia pública en 2018-, no es algo que mis defendidos puedan decidir. Eso viene de sus superiores, es competencia del secretario de Vocalía que no fue citado a juicio.

Los informes que señala ahora Fiscalía, esos informes son elevados al secretario de Vocalía. En los controles, la fiscalía pide ampliar muestra si no es suficiente. Pero no se hizo. Los revisores cumplieron con lo que pedían, ellos son el último eslabón, y siempre que tuvieron observaciones, se cumplimentaron. Acá viene Fiscalía con pruebas que nunca expuso oralmente, ahora las rebato”, respondió la defensora.

“No podemos pretender que los auditores tengan una relación belicosa con las personas que trabajan, están todos los días ahí”, agregó sobre los supuestos excesos en el vínculo de los revisores del TdC con los jerarcas administrativos y contables de la Legislatura. “De las conversaciones no pueden sacar que fue una conducta deliberada de selección de contratos para auditar. De estos chats no puede forzarse semejante afirmación. Hacen una lectura tendenciosa.

No es cierto que hubo funcionamiento deliberado de los roles”, se quejó. La discusión quedó, por ahora, sin resolución. Mientras tanto, este jueves se retomará la remisión de prueba. Detalles de la investigación En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.

Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos.

Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. Ingresó en la sesión de este miércoles el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno.

Gracias al voto de la senadora Gladys Domínguez (Peronismo Federal-Feliciano), el oficialismo logró que sea girado solo a las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales. En la sala había presencia gremial y Aluani debió llamar al orden.