CAUSA CREDITOS TRUCHOS: Bernaudo pide “perpetua” para los perejiles, pero se olvido de Stratta, Bahillo y la jefatura política del saqueo

Guillermo Bernaudo se subió a la ola de indignación por la causa Jóvenes Emprendedores y largó una frase para la tribuna: “uno querría que esta gente estuviera presa de por vida”. El ministro habló de “banda organizada”, de destrucción de pruebas, de lavandina sobre expedientes y de un sistema que no podía haber pasado inadvertido. Tiene razón. Pero justamente por eso la pregunta no puede terminar en Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky.

Si fue una banda organizada durante años, con cientos de créditos truchos, expedientes falsos y controles estatales burlados, entonces hay que mirar la estructura completa, no solamente a los perejiles que quedaron sentados frente al juez. La causa no habla de un error administrativo.

Habla de una operatoria montada desde el Estado provincial entre enero de 2018 y diciembre de 2023, en la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social, luego transformada en Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor dentro del Ministerio de Producción. Según la acusación fiscal, los funcionarios sustrajeron $100.886.792 del patrimonio provincial mediante 319 créditos simulados del régimen de Promoción del Emprendedorismo Joven Entrerriano.

El dato político que Bernaudo no puede esquivar es este: Análisis publicó que las autoridades ministeriales máximas de los acusados, según cada período, fueron Laura Stratta y Juan José Bahillo, hoy diputados provinciales de Más para Entre Ríos. Después, cuando Bahillo se fue a la Nación, las funciones de Producción fueron absorbidas por Hugo Ballay, y en 2023 Gustavo Bordet designó a Pablo Giampaolo como coordinador del Ministerio de Producción. Es decir: el fraude no flotaba en el aire.

Tenía un organigrama, tenía superiores, tenía conducción política y tenía ministros arriba. Por eso queda corta la indignación de Bernaudo. Porque pedir “perpetua” para Gebhart y compañía puede sonar fuerte, pero también puede servir para cerrar la discusión donde más conviene: abajo. Gebhart era importante, sí. Klein y Rosas Vico ocupaban cargos claves, sí. Usatinsky era señalado como reclutador, sí.

Pero si el propio Bernaudo dice que esto pasó durante “dos gestiones de Gobernación”, con “tres o cuatro ministros” y durante “cuatro o cinco años”, entonces la pregunta lógica es brutal: ¿cómo hicieron Stratta, Bahillo, Ballay, Giampaolo, el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y los controles administrativos para no ver semejante maquinaria? La maniobra tenía método. No era un empleado que se llevó una carpeta.

La Fiscalía describió proyectos de emprendimientos inexistentes, firmas falsificadas, rendiciones apócrifas, facturas falsas, declaraciones juradas truchas, simulación de intimaciones de pago a correos electrónicos inventados, informes que decían falsamente que los beneficiarios no tenían deuda, omisión de controles y simulación ante el Tribunal de Cuentas de supuestas gestiones de recupero. Eso no es “desprolijidad”. Eso es una oficina pública convertida en maquinaria de saqueo.

La parte más obscena es que usaban pobres. Badano describió que captaban personas en situación de vulnerabilidad, sin trabajo o atravesando necesidades urgentes. Les hacían creer que recibirían ayudas estatales, becas, subsidios o aportes no reintegrables. En otros casos, directamente habrían usado datos personales sin conocimiento de los titulares. Cuando el dinero se acreditaba, los llevaban al banco, retiraban la plata y la entregaban a los intermediarios.

A los supuestos beneficiarios les dejaban migajas: entre $6.000 y $50.000. Ese es el verdadero nombre de la causa: no es Jóvenes Emprendedores, es jóvenes usados como pantalla para robarle al Estado. El programa que debía financiar trabajo, innovación y pequeños proyectos terminó funcionando como coartada para una red que fabricaba emprendedores de cartón. En un caso, según la acusación, llegaron a usar una foto de producción de escobas sacada de Pinterest, que en realidad pertenecía a una emprendedora de Ecuador.

Ni siquiera se tomaban el trabajo de inventar bien la mentira. Y acá aparece Stratta, no por una mención tirada de los pelos, sino por datos públicos. En abril de 2022, Laura Stratta, Juan José Bahillo y Pedro Gebhart lanzaron juntos la convocatoria del programa Jóvenes Emprendedores. La foto política existió. El acto existió. La promoción del programa existió. Elonce publicó que la vicegobernadora, el ministro de Producción y el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor encabezaron ese lanzamiento.

Un mes después, el propio Senado publicó otra actividad: Stratta junto a Gebhart visitando una empresa familiar en La Picada, con entrega de un crédito para Consolidación Productiva. La vicegobernadora no era una observadora lejana del mundo emprendedor: se mostraba políticamente con el área, con el funcionario y con la política pública.

Más grave todavía: Análisis informó que Pedro Gebhart logró su pase a planta permanente en 2023, en el último tramo de la gestión de Stratta como vicegobernadora, con categoría 1 en la Cámara de Senadores. Luego, cuando la revisión legislativa de la gestión Frigerio detectó designaciones irregulares y muchas fueron revocadas, Gebhart pasó casi automáticamente a cobrar un contrato de obra solicitado por Martín Oliva, entonces presidente del bloque de senadores del PJ. Ese dato es central.

Porque Gebhart no solo fue funcionario del área investigada. También fue protegido, reciclado o al menos contenido dentro de la estructura legislativa del peronismo después de dejar el Ejecutivo. Si el tipo que hoy aparece como pieza clave del saqueo terminó con categoría 1 en el Senado y luego con contrato político, la pregunta no es solamente penal: es política. ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién firmó? ¿Quién miró para otro lado? También aparece Usatinsky.

Análisis publicó que Alejandro David Usatinsky, otro de los imputados, tuvo dos contratos de obra en el Senado en 2023, ambos solicitados por Roberto Cabeza, señalado como secretario coordinador y mano derecha de Stratta en asuntos administrativos. Es decir: no hablamos solo de Gebhart. Dos nombres del expediente tuvieron conexión contractual con la estructura legislativa que respondía al espacio de Stratta.

Entonces, cuando Bernaudo pide cárcel eterna para “esta gente”, hay que preguntarle quién entra en “esta gente”. ¿Solo los que firmaron el abreviado? ¿Solo los que se sentaron en la audiencia? ¿Solo los que tienen menos espalda política? ¿O también quienes condujeron el área, capitalizaron el programa, aparecieron en las fotos, hicieron campaña con el emprendedurismo y después permitieron que los nombres del expediente siguieran circulando por el Estado?

La confesión de los cuatro imputados tampoco cierra la historia. Aceptaron tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y pagar $100.886.792 entre todos. Pero Fiscalía de Estado admitió que esa suma es apenas el monto histórico de 319 créditos detectados, sin actualización por inflación, y que podrían surgir más casos a partir de informes del Tribunal de Cuentas y nuevos reclamos por créditos impagos.

Bernaudo, de hecho, dijo algo mucho más grave: habló de un universo de 750 casos sospechados según el muestreo del propio Ministerio. También estimó que el perjuicio actualizado podría acercarse a los dos millones de dólares y que seguramente excede “diez veces” lo que terminó siendo la reparación acordada en la instancia penal. Entonces, si el daño real puede ser diez veces mayor, el acuerdo abreviado no parece justicia completa: parece el precio barato para apagar el incendio.

La propia mecánica posterior muestra que había conciencia de delito. Bernaudo habló de un “operativo lavandina”: expedientes dañados, archivos borrados y discusiones sobre cómo usar lavandina para borrar documentación.

La Fiscalía, además, incorporó conversaciones donde se hablaba de requerimientos del Tribunal de Cuentas, compra de líneas telefónicas para simular respuestas de emprendedores, contratación de personas para aparentar emprendimientos y posibilidad de destruir evidencia.Ahí vuelve la pregunta por Bahillo. El programa pasó por el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, conducido por Juan José Bahillo. La acusación fiscal ubica a Gebhart, Klein y Rosas Vico dentro de esa estructura.

Si la maniobra se sostuvo durante años, si se tramitaron cientos de expedientes, si hubo rendiciones, controles, intimaciones, informes y supuestas recuperaciones, entonces el exministro no puede quedar reducido a una sombra administrativa. Tiene que explicar qué sabía, qué controló, qué le informaron, quién supervisaba y por qué no saltó antes. Lo mismo Stratta. No alcanza con decir que no está imputada. La discusión pública no es solo si hoy tiene o no una imputación penal.

La discusión es si una dirigente que lanzó, acompañó, promocionó y tuvo cerca a funcionarios del programa puede hacerse la distraída cuando el programa termina convertido en una fábrica de créditos falsos. La responsabilidad política no necesita esperar una condena. Se mide con hechos: cargos, actos, designaciones, contratos, fotos, discursos y consecuencias. Y Bernaudo tampoco habla desde una nube. El ministro que hoy reparte indignación también tiene una causa propia que explicar.

En octubre de 2025, medios entrerrianos informaron que el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, lo citó a declaración indagatoria junto al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; y el secretario de Minería, Ricardo Iturriza, en la causa Nº 8044/2024, por presuntas irregularidades en el control de areneras y plantas de lavado de arena sílice en el sur entrerriano.

Esa causa investiga incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y omisión de control sobre areneras y plantas de lavado en Ibicuy y Gualeguaychú. Una indagatoria no es condena, está claro. Pero alcanza para marcar la doble vara: Bernaudo pide castigo ejemplar para los acusados de la gestión anterior mientras él mismo tuvo que ser convocado por la Justicia Federal para dar explicaciones por controles estatales que, según la denuncia, habrían fallado.

Ese es el punto incómodo: en Entre Ríos todos descubren la corrupción cuando es del otro. Los que ayer defendían el Estado presente hoy explican créditos truchos. Los que hoy piden prisión perpetua ayer tuvieron, tienen o pueden tener causas por omisión de control. Y en el medio queda el mismo Estado: lento para prevenir, rápido para reciclar funcionarios y experto en encontrar perejiles cuando la presión social empieza a subir. La causa Jóvenes Emprendedores tiene condenados confesos, sí.

Pero también tiene una pregunta política que el acuerdo abreviado no responde: ¿cómo pudo funcionar durante años una red de créditos falsos bajo ministerios, secretarías, controles, auditorías, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y autoridades políticas sin que nadie de arriba viera nada? Si Bernaudo quiere hablar en serio, que no pida “perpetua” solo para los que quedaron pegados al expediente. Que pida que se reconstruya toda la cadena.

Que se sepa quién autorizó, quién controló, quién protegió, quién recicló, quién contrató y quién se benefició políticamente de una política pública que terminó manoseando a jóvenes pobres para robar plata del Estado. Porque si la cárcel eterna es solo para Gebhart, Klein, Rosas Vico y Usatinsky, entonces no es justicia: es el viejo truco de Entre Ríos. El poder señala a los perejiles, los peces gordos se corren de la foto y el Estado vuelve a hacer como que se sorprende de su propia podredumbre. Web: