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José Luis Walser y otros dos imputados comparecieron ante el fiscal Alejandro Perroud por el uso de un vehículo oficial en Brasil. El intendente de Colón, José Luis Walser, su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, y el secretario de Gobierno municipal, Mariano Bravo, se presentaron este jueves ante la Unidad Fiscal de esa ciudad, en el marco de la investigación judicial por el presunto uso indebido de un vehículo oficial durante un viaje familiar a Brasil, ocurrido en diciembre de 2025.
Los tres imputados se abstuvieron de declarar ante el fiscal Alejandro Perroud. La comparecencia se produjo luego de la citación dispuesta la semana pasada por el Ministerio Público Fiscal. La investigación busca determinar las responsabilidades penales derivadas de la utilización de una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Colón, que habría sido empleada para un viaje particular durante el cual se produjo un accidente de tránsito en territorio brasileño.
Walser está imputado por el presunto delito de peculado, mientras que su esposa es investigada como presunta partícipe necesaria del mismo delito. En tanto, Bravo enfrenta acusaciones vinculadas con encubrimiento y omisión de denuncia, según la citación judicial. Los tres funcionarios ingresaron durante la mañana al edificio de la Unidad Fiscal, ubicado en la intersección de las calles 12 de Abril y Sarmiento, donde fueron recibidos por el fiscal Alejandro Perroud. La audiencia se extendió aproximadamente una hora.
Durante ese tiempo, los imputados fueron informados de los hechos que se les atribuyen y de las evidencias reunidas hasta el momento por los investigadores. Sin embargo, por recomendación de sus abogados defensores, decidieron abstenerse de prestar declaración en esta primera instancia del proceso. Al retirarse de la sede judicial, Walser evitó responder preguntas sobre la causa y señaló que las explicaciones quedarían a cargo de su representante legal. “Buen día, va a hablar mi abogado.
Yo me voy a recorrer la obra de la 12”, manifestó el presidente municipal antes de abandonar el lugar junto a su esposa y el secretario de Gobierno. Ninguno de los tres funcionarios realizó declaraciones sobre las acusaciones que investiga la Fiscalía. El abogado defensor Marcos Rodríguez Allende fue quien brindó precisiones a los medios de comunicación sobre el desarrollo de la audiencia y los próximos pasos de la estrategia judicial.
“Se cumplió con el deber procesal de asistir, comparecer, escuchar el hecho que se endilga y cuáles son las evidencias. Recién es el primer acto para ver las pruebas que se encuentran en el legajo que tiene Fiscalía”, explicó el letrado. Rodríguez Allende sostuvo que la decisión de no declarar respondió a la necesidad de analizar la totalidad de las actuaciones antes de que los imputados brinden su versión de los hechos.
En particular, aseguró que Walser tiene intención de responder ante la Justicia, aunque consideró necesario hacerlo una vez que la defensa haya estudiado las pruebas incorporadas al expediente. “Él quiere. Ya lo ha hecho públicamente, pero debe ser en el marco del debido proceso y de la prudencia, ya que recién tenemos acceso al legajo de forma completa y hay que estudiarlo. Va a declarar en el momento que nosotros lo consideremos útil y oportuno para la investigación”, afirmó.
El abogado también adelantó que solicitarán una nueva instancia para que los imputados puedan brindar sus declaraciones. “Van a declarar rápidamente, en muy poco tiempo. Vamos a pedir a la Fiscalía por su declaración”, aseguró. La causa judicial se originó a partir de un viaje realizado el 9 de diciembre de 2025 a Brasil, durante el cual el intendente de Colón habría utilizado un vehículo oficial de la Municipalidad para trasladarse junto a su esposa e hijos.
Según los hechos investigados, la camioneta protagonizó un siniestro vial en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, situación que posteriormente dio lugar a actuaciones judiciales para determinar si existió una utilización indebida de bienes públicos. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se autorizó o dispuso el uso del rodado municipal, así como las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
En ese marco, Walser está acusado de presunto peculado, figura penal relacionada con la sustracción de caudales o efectos públicos por parte de un funcionario que los tiene bajo su administración, percepción o custodia. Bordet, por su parte, está imputada como presunta partícipe necesaria del delito, mientras que Bravo es investigado por su posible intervención posterior a los hechos. La presentación de este jueves constituyó una nueva instancia dentro de la investigación penal preparatoria.
La decisión de los imputados de abstenerse de declarar constituye un derecho procesal y no implica reconocimiento de responsabilidad. La causa continuará bajo la dirección del fiscal Perroud, mientras la defensa analiza las actuaciones y prepara las declaraciones que, según anticipó, solicitará realizar próximamente.
