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Claves
- La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay y quedó encuadrada en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, referido al delito de amenazas.
- Según trascendió, el conflicto se originó tras una opinión pública emitida por Garay en ejercicio de su función como concejal, relacionada con el costo de la energía eléctrica en Entre Ríos.
- Las declaraciones habían sido difundidas en formato audiovisual y luego replicadas en redes sociales y distintos medios digitales.
La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay y quedó encuadrada en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, referido al delito de amenazas. Según trascendió, el conflicto se originó tras una opinión pública emitida por Garay en ejercicio de su función como concejal, relacionada con el costo de la energía eléctrica en Entre Ríos. Las declaraciones habían sido difundidas en formato audiovisual y luego replicadas en redes sociales y distintos medios digitales.
De acuerdo con la presentación judicial, el edil recibió posteriormente un mensaje de audio atribuido a Acosta, quien además es tío del ministro de Gobierno y vicepresidente de ENERSA, Manuel Troncoso. Garay sostuvo que el contenido del audio incluía expresiones intimidatorias vinculadas tanto a su integridad física como a su entorno familiar y laboral.
En ese contexto, el concejal solicitó a la Justicia una restricción de acercamiento no menor a 200 metros respecto de su domicilio, estudio jurídico y lugares donde desarrolla funciones institucionales. En la denuncia también señaló que una de las referencias realizadas en el mensaje hacía alusión al “cuarto piso”, sector donde funciona el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, situación que —según expresó— incrementó su preocupación.
Como parte de la prueba aportada, Garay puso a disposición su teléfono celular para que el audio sea peritado y eventualmente desgrabado por personal especializado. Además de la presentación penal, el concejal impulsó una actuación ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, solicitando que se evalúe la conducta atribuida a Acosta desde el punto de vista ético y profesional. En ese escrito, sostuvo que las expresiones denunciadas exceden el marco de una discusión política, profesional o mediática.
En relación con lo ocurrido, Garay difundió un comunicado público donde expresó: “Como concejal de la ciudad y como profesional del derecho, tengo la responsabilidad de cuidar las instituciones y respetar los canales democráticos. Frente a las amenazas recibidas por el solo hecho de expresar una opinión, he tomado la decisión que corresponde a cualquier ciudadano: recurrir a la Ley y realizar la denuncia penal correspondiente ante la Justicia”.
Y agregó: “Este no es un conflicto personal entre dos profesionales; es un hecho inadmisible que atenta contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la función pública para la cual fui elegido por los vecinos”. Hasta el momento no trascendió una respuesta pública de Carlos Máximo Acosta respecto de las acusaciones realizadas en su contra ni sobre el contenido del audio incorporado a la causa.
La investigación judicial y la actuación ante el Colegio de la Abogacía se encuentran en etapa inicial y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades.