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Claves
- Según señalaron las concejalas, la información incorporada a la causa judicial y la magnitud económica del contrato justifican que también actúe el órgano de control externo de la hacienda pública municipal.
- Asimismo, sostuvieron que la existencia de una investigación judicial no excluye la intervención de los mecanismos administrativos de control.
- Por el contrario, afirmaron que corresponde adoptar medidas preventivas mientras avanzan las actuaciones en sede judicial.
Las concejalas del bloque justicialista de Concordia, Carolina Amiano y Claudia Villalba, presentaron este jueves una nota ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para solicitar la intervención del organismo en relación con la contratación y concesión del servicio de recolección de residuos a la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A.
La presentación se produjo luego de que las ediles tomaran conocimiento de la denuncia penal formulada por el abogado Mariano Giampaolo, quien pidió a la Justicia investigar una posible defraudación contra la administración pública en el marco del contrato celebrado entre la Municipalidad de Concordia y la firma encargada del servicio.
Según señalaron las concejalas, la información incorporada a la causa judicial y la magnitud económica del contrato justifican que también actúe el órgano de control externo de la hacienda pública municipal.
En el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas, Amiano y Villalba remarcaron que la contratación involucra más de 3.000 millones de pesos anuales de recursos municipales, por lo que consideraron necesario que se analice la legalidad de lo actuado y se determine si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio público. Asimismo, sostuvieron que la existencia de una investigación judicial no excluye la intervención de los mecanismos administrativos de control.
Por el contrario, afirmaron que corresponde adoptar medidas preventivas mientras avanzan las actuaciones en sede judicial. Entre los puntos planteados, solicitaron que el organismo evalúe de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, la razonabilidad económica del contrato, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria y los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas.
Las ediles también pidieron que el Tribunal de Cuentas requiera toda la documentación vinculada al expediente y lleve adelante una auditoría integral del procedimiento para determinar si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales. En la presentación sostuvieron que la situación excede una discusión política, debido a que involucra recursos públicos y la prestación de un servicio considerado esencial para la ciudad.
El planteo se da en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la forma en que se instrumentó la contratación, luego de que se difundieran denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el procedimiento, los plazos administrativos empleados y el volumen de fondos comprometidos. Finalmente, Amiano y Villalba reclamaron una rápida intervención del organismo de control para despejar dudas sobre el proceso. “El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad.
Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal”, expresaron las concejalas.