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Claves
- La decisión mantiene abierta una causa que también puso bajo la lupa el traslado de una moto de alta gama.
- También confirmaron los embargos fijados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú: 10 millones de pesos para RM y 150.000 para GG.
- Según publicó APF, la investigación se originó el 10 de octubre de 2023 durante un operativo de prevención vial del Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de dos hombres investigados por presunto lavado de activos, después de que Gendarmería Nacional encontrara 500.000 dólares sin respaldo documental en un control sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Ceibas. La decisión mantiene abierta una causa que también puso bajo la lupa el traslado de una moto de alta gama.
La resolución fue firmada por los jueces Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, que rechazaron los planteos de las defensas y ratificaron el procesamiento sin prisión preventiva de RM y GG, considerados autor y partícipe secundario, respectivamente. También confirmaron los embargos fijados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú: 10 millones de pesos para RM y 150.000 para GG.
Según publicó APF, la investigación se originó el 10 de octubre de 2023 durante un operativo de prevención vial del Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería. Los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hiace que circulaba en sentido norte-sur por la Ruta 12, al kilómetro 158, conducida por GG y con RM como acompañante.
Al revisar la documentación y consultar por un bolso que había dentro del vehículo, el conductor dijo que transportaba 500.000 dólares estadounidenses y que no contaba con papeles que acreditaran el origen o la tenencia legal del dinero. En el mismo procedimiento también se constató el traslado de una motocicleta Kawasaki Z900 ABS.
Ante esa situación, el Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó el secuestro del dinero, los vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, además de la apertura de la investigación penal contra ambos ocupantes. Al revisar las apelaciones, la Cámara sostuvo que la resolución de primera instancia valoró de manera integral las pruebas reunidas en la instrucción, entre ellas el acta del procedimiento, testimonios, informes oficiales y documentación remitida por distintos organismos.
Para los magistrados, esos elementos constituyen “indicios serios y concordantes” que permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la hipótesis de una maniobra de lavado de activos y la participación de los imputados. En ese análisis, el tribunal señaló que el perfil económico de GG aparece como incompatible con la suma secuestrada. La investigación indica que sería empleado de RM.
Sobre RM, la Cámara admitió que existen elementos que podrían mostrar una capacidad económica acorde al monto hallado, pero remarcó que eso no alcanza para justificar la legalidad de la tenencia del dinero. También subrayó que hasta ahora no hubo una explicación convincente sobre el origen de los fondos ni sobre su destino. Uno de los principales argumentos de la defensa de GG buscó desligarlo del conocimiento sobre el dinero transportado y concentrar la hipótesis acusatoria en RM.
La Cámara rechazó ese planteo y sostuvo que del acta del procedimiento surge que fue el propio conductor quien informó a los gendarmes que llevaba los 500.000 dólares dentro del vehículo. Para los jueces, ese punto es relevante al evaluar el grado de conocimiento y participación de los involucrados. Además, consideraron que el traslado de una suma tan importante sin respaldo documental y presuntamente vinculada a actividades ilícitas podría constituir un principio de ejecución del delito de lavado de activos.
La resolución también menciona un informe del fiscal general interino José Ignacio Candiotti, quien comunicó que el juez de la causa ordenó abrir un nuevo expediente para investigar posibles maniobras de evasión fiscal vinculadas con los hechos.
La Cámara entendió que todavía hacen falta más medidas de prueba, pero concluyó que en esta instancia hay elementos suficientes para sostener la tipicidad objetiva de la conducta atribuida y el eventual conocimiento que ambos habrían tenido sobre el origen y el traslado del dinero secuestrado. Así, la causa seguirá en instrucción mientras se profundizan las medidas para determinar de dónde salieron los fondos y si hubo otros delitos conexos.