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Claves
- También propusieron citar como testigo al exgobernador Gustavo Bordet, entre otros nombres que aparecen en la documentación.
- Entre los compradores mencionados figura Bordet.
- Para la acusación, ese material “vuelve a acreditar relaciones entre los imputados” y da cuenta de operaciones inmobiliarias hechas a través de personas que no serían los verdaderos titulares de los inmuebles.
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro pidieron incorporar un legajo de Concordia con operaciones inmobiliarias que, según sostienen, ayudan a reconstruir vínculos entre imputados de la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura. También propusieron citar como testigo al exgobernador Gustavo Bordet, entre otros nombres que aparecen en la documentación.
Según expusieron en la audiencia de este viernes, la prueba incluye casi una treintena de escrituras firmadas ante dos escribanas y otros registros que, para la Fiscalía, muestran compraventas de inmuebles realizadas por Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el expediente principal. Entre los compradores mencionados figura Bordet.
Aramberry explicó que se trata de un expediente iniciado el 2 de julio de 2024 en Concordia, a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona. Para la acusación, ese material “vuelve a acreditar relaciones entre los imputados” y da cuenta de operaciones inmobiliarias hechas a través de personas que no serían los verdaderos titulares de los inmuebles.
Yedro agregó que, según la hipótesis fiscal, el dinero sustraído habría sido invertido en operaciones inmobiliarias, en particular en la venta de un loteo ubicado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. También señaló que las operaciones se habrían canalizado en la escribanía de Luján Orabona y que los precios oscilaban entre 15 mil y 20 mil dólares, con pagos en efectivo en su mayoría.
La fiscal leyó un mensaje fechado el 5 de agosto de 2009 en el que Pérez envía los datos de Flavia Beckman para que figure como firmante en la operación por la compra del loteo. En ese intercambio aparece la referencia a “Palito”, que los fiscales identificaron como Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Bordet.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron además que la escribana María Dolores Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, mientras que el dinero era entregado a Orabona. Afirmaron que los testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble y fiscales permitirían reconstruir cómo se hicieron esas operaciones. En la audiencia, la acusación enumeró a los compradores de terrenos que, según dijo, comparecieron ante la Fiscalía de Concordia y surgen de la información oficial.
Entre ellos incluyó a Gustavo Bordet, además de otros nombres como Marcelo Fernando Pascucchielo, Pablo Adrián Benchoa, Guillermo Alejandro Matés, Enrique Horacio Barrios, Andrea Francolini, Silvio Palmerola, José Alberto Fornasari, María Ana Galli, María Josefina Paredes, Pedro Arturo Bert Bervaweder, Carlos Raponi, Cristina Alfredo Lasco, Guillermo del Río, Joaquín Andrich, María Paz Lafourcade, Celia Olga Lafourcade, Juan Bautista Pedroni y Luis Gini.
También pidieron incorporar planos, escrituras, recibos de dinero ante escribanas, folios reales del Registro de la Propiedad y testimoniales de funcionarios de Catastro y del área Legal y Técnica de la Municipalidad de Concordia, para que informen sobre obras de pavimentación, cordón cuneta y otras mejoras en el loteo.
Entre las 29 escrituras detalladas por la Fiscalía aparecen operaciones entre Mena y Benchoa, Pascucchielo, Matés, Ferreyra, María Delfina, Roque Ramos, Guillermo Liberatori, Palmerola, Rogero, Fornasari, Ana Galli, Josefina Paredes, María Laura Ramos, Pedro Suare, Bervaweder, Devoto, Leonardeli, Zulma Patricia Torres y Bordet, además de transacciones entre Beckman y Guillermo del Río, Raponi, Andrich y distintas integrantes de la familia Lafourcade.
La defensa de Leopoldo Lambruschini se opuso a la incorporación del material con tres argumentos: sostuvo que el legajo de Concordia no guarda relación con el objeto procesal de la causa, que la prueba sería irrelevante para el delito de peculado y que podría configurarse un problema de non bis in ídem por tratarse de hechos ya investigados en otra jurisdicción. A esa postura adhirieron José Velázquez y Miguel Cullen. Velázquez agregó que la causa investigada en Concordia fue archivada.
Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky había ofrecido una pericia del Tribunal de Cuentas para determinar montos individuales y globales de los contratos, el origen de los fondos y un eventual perjuicio para el Estado. Sin embargo, todos los defensores rechazaron la propuesta y luego el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes desistió del ofrecimiento. Con esto, la acusación pública agotó este viernes su ofrecimiento de prueba.
La jueza de Garantías Marina Barbagelata resolverá al final de esta etapa sobre la prueba propuesta por los fiscales, las oposiciones y las reservas de las defensas. Desde el martes próximo, según lo previsto, será el turno de los abogados defensores para pedir la incorporación de evidencia propia. En la causa se investiga una estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
De acuerdo con la pesquisa fiscal, las maniobras se habrían concretado a través de “contratos truchos” legislativos, con participación de funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras, dos estudios contables y personas ajenas al Estado encargadas de buscar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques. La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio en 2021, tras una investigación de tres años.
Los fiscales a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. De los 32 imputados iniciales quedaron 18. Doce accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Además de los ya mencionados, siguen imputados Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.