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Claves
- La magistrada decidió mantener la inhibición sólo sobre las cuatro unidades funcionales del fideicomiso de calle Alsina, una inversión que los fiscales entienden producto del ilícito investigado.
- La decisión se comunicó durante el mediodía de este viernes, en los Tribunales de Paraná, tras el reclamo que realizó este jueves el abogado Hugo González Elías.
- Las decisiones judiciales sobre el patrimonio comenzaron en 2019, cuando todavía no había transcurrido un año de abierta la investigación fiscal.
El reclamo sobre la inhibición general de bienes que se le impuso a Alejandra Camissasa, esposa del imputado Jorge De Breuil en el marco de la causa “contratos truchos” de la Legislatura, fue recepcionado parcialmente por la jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Barbagelata. La magistrada decidió mantener la inhibición sólo sobre las cuatro unidades funcionales del fideicomiso de calle Alsina, una inversión que los fiscales entienden producto del ilícito investigado.
La decisión se comunicó durante el mediodía de este viernes, en los Tribunales de Paraná, tras el reclamo que realizó este jueves el abogado Hugo González Elías. La resolución de la magistrada hizo una pormenorizada historización sobre las medidas cautelares que se fueron tomando a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), en relación a los bienes de la esposa de Jorge De Breuil.
Las decisiones judiciales sobre el patrimonio comenzaron en 2019, cuando todavía no había transcurrido un año de abierta la investigación fiscal. Barbagelata recordó que se fueron morigerando las medidas dispuestas inicialmente, y subrayó que nunca debieron imposibilitar a Camissasa de percibir sus jubilaciones, tal como este jueves contó su abogado.
En efecto, González Elías dijo ayer que durante los meses de abril, mayo, y junio, la mujer no pudo percibir los haberes, producto de la inhibición general de bienes que, de alguna manera, se fue agravando. Ayer, cuando el letrado expuso esa información, todas las partes estuvieron de acuerdo en que la imposibilidad sobre sus jubilaciones se debió a “un error”, y se ordenó inmediatamente liberar un oficio para frenar la medida.
Barbagelata subrayó que, si la mujer se vio impedida de cobrar sus haberes, no fue por “los términos de cautelares dispuestas”. La jueza recordó que “se instó la revisión sobre una medida que fue consentida”. “Esto no cambia la naturaleza provisional ni revisable de las medidas”.
“María Alejandra Camissasa no tiene que responder por los daños ni la demanda civil en la causa”, agregó y consideró que un supuesto decomiso de bienes en una posible sentencia condenatoria, no deberá recaer sobre todo el patrimonio de la mujer. “La medida cautelar no puede ser más amplia que el decomiso”, señaló. Es decir, la inhibición que alcanza a la esposa de De Breuil es sólo sobre las cuatro unidades funcionales del fideicomiso de calle Alsina 869, y las cuentas bancarias vinculadas a esa inversión.
Barbagelata descartó que la medida tenga que ver con una “confusión” técnica como dijo ayer González Elías en relación a si son o no bienes gananciales, de copropiedad con el esposo. La cuestión es que la inversión de parte de Camissasa sobre esos cuatro departamentos, vino de la mano de su esposo, a título gratuito. Es decir, ella figura como copropietaria a partir del dinero que le dio el marido.
El MPF sostuvo que la adquisición de los departamentos que Camissasa posee en condominio con su marido, probablemente se concretó como producto del ilícito. Y que los fondos de origen presuntamente espurios fueron incorporados en bienes a nombre de Camissasa, intentando una apariencia de licitud. Más adelante, la jueza rechazó que la inhibición sobre Camissasa se deba a un “sesgo de género” como planteó su abogado.
“Se inhiben bienes con vinculación al proceso y no por su condición de mujer”, aclaró y sumó: “La perspectiva de género constituye conquista de innegable por la igualdad de las mujeres. No debe invocarse este sesgo banalizando la lucha”. De ese modo, Barbagelata decidió mantener la inhibición parcial sobre María Alejandra Camissasa. “La solución que se adopta no desatiende interés de asegurar un posible decomiso. Alcanza a los cuatro departamentos y las cuentas bancarias que corresponden a esa inversión”.
Por eso hizo lugar “parcialmente” a la pretensión de la mujer, y en consecuencia morigeró la inhibición general de bienes, sustituyendo por una medida que alcance sólo a las cuatro unidades funcionales. Un desfalco millonario La causa investiga una sofisticada estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre los años 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, la maniobra consistía en la utilización de contratos truchos en ambas cámaras legislativas.
El esquema delictivo habría contado con la intervención de: funcionarios públicos y empleados de jerarquía de la Legislatura; dos estudios contables encargados de la ingeniería financiera; y ciudadanos externos dedicados a reclutar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques. Se estima que la millonaria suma sustraída de las arcas públicas fue desviada hacia inversiones privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y agropecuario.
Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil.
Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído.
De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
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