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Claves
- Empezó en Paraná el control de la prueba reunida en la causa por los contratos truchos de la Legislatura, un paso decisivo antes de la remisión a juicio.
- La audiencia, prevista para este jueves, había sido anticipada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.
- En la jornada se repasaron actas de allanamientos, secuestros y requisas sobre personas, inmuebles y vehículos, además de informes telefónicos, redes sociales y material informático.
Empezó en Paraná el control de la prueba reunida en la causa por los contratos truchos de la Legislatura, un paso decisivo antes de la remisión a juicio. La audiencia, prevista para este jueves, había sido anticipada por la jueza de Garantías Marina Barbagelata. En la jornada se repasaron actas de allanamientos, secuestros y requisas sobre personas, inmuebles y vehículos, además de informes telefónicos, redes sociales y material informático.
También se ordenaron testimoniales de policías, peritos del Ministerio Público Fiscal, delegados judiciales, funcionarios, dirigentes políticos, empleados legislativos y representantes empresariales. Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry detallaron la prueba que sostendrá la acusación.
Entre los nombres mencionados para declarar en un eventual juicio aparecieron el ex vicegobernador Adán Bahl; las ex senadoras nacionales Sigrid Kunath y Pedro Guastavino; el ex presidente del Tribunal de Cuentas Federico Tomas; los ex secretarios legislativos Natalio Gerdau y Nicolás Piernini; y el ex contador general Aurelio Miraglio, además de la contadora adjunta Claudia Kelly y el actual contador general Rodrigo Andrés Zabala.
Durante la audiencia, algunas defensas hicieron reservas y señalaron que parte de la evidencia sigue controvertida a la espera de resoluciones en instancias superiores. Según lo expuesto, este jueves se ofreció cerca de la mitad de la prueba documental y testimonial prevista. Una causa con impacto político y millonario La investigación apunta a una estafa al Estado provincial estimada en unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra se montó a través de contratos truchos en la Legislatura, con participación de funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras, dos estudios contables y personas ajenas al Estado que habrían buscado prestanombres, falsificado firmas y endosado cheques. La acusación sostiene que todos integraron una asociación ilícita y que el dinero desviado terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio en 2021, tras una investigación que demandó tres años. En el legajo, de los 32 imputados iniciales quedaron 18: 12 accedieron a probation, Esteban Scialocomo aceptó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído.
Además de los ya mencionados, siguen imputados Alfredo Bilbao, Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider. La audiencia continuará este viernes, cuando los fiscales prevén avanzar con el resto de la prueba que buscarán llevar al debate oral.