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Claves
- El debate importa porque de ese material puede salir parte del mapa del presunto desvío de fondos y, eventualmente, un eventual decomiso.
- También ofrecieron testigos de AFIP, hoy ARCA, y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para respaldar esos datos.
- Las defensas objetaron con fuerza la amplitud de la prueba, sobre todo cuando alcanza a las esposas de los imputados.
La audiencia de remisión a juicio por la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura volvió a mostrar este martes el núcleo de la disputa: hasta dónde puede llegar la Fiscalía con la prueba patrimonial y fiscal de los imputados y de sus parejas. El debate importa porque de ese material puede salir parte del mapa del presunto desvío de fondos y, eventualmente, un eventual decomiso.
Según expusieron los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, la acusación busca incorporar información reunida durante la Investigación Penal Preparatoria sobre situación fiscal, bienes, consumos, cuentas bancarias, sociedades, fideicomisos, inmuebles, vehículos y relaciones comerciales de los acusados. También ofrecieron testigos de AFIP, hoy ARCA, y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para respaldar esos datos.
Las defensas objetaron con fuerza la amplitud de la prueba, sobre todo cuando alcanza a las esposas de los imputados. El defensor Hugo González Elías sostuvo que “la prueba no es pertinente” y planteó una cuestión de género. Iván Vernengo, en tanto, afirmó que la información ya estaría en poder de Fiscalía. Del otro lado, los fiscales insistieron en que existen vínculos comerciales entre imputados y parejas, y que la discusión sobre un posible decomiso deberá resolverse en juicio.
Entre los datos ofrecidos figuran informes sobre cuentas bancarias de imputados y esposas, registros de inmuebles en Paraná y Concordia, transacciones inmobiliarias, titularidad de vehículos y documentación notarial. También se propuso el testimonio de funcionarios de AFIP y ATER para explicar movimientos patrimoniales, registros catastrales y compraventas. Otro punto de choque fue la información vinculada a contratistas de la Legislatura y a personas con suspensión de juicio a prueba.
Las defensas volvieron a cuestionar que se trate de prueba “sobreabundante” o redundante. Miguel Ángel Cullen fue uno de los más duros al señalar que la Fiscalía pretende introducir una masa de datos que, a su criterio, no prueba titularidad ni agrega valor procesal. La jueza Mariana Barbagelata respondió que ese control de pertinencia debió ser ejercido antes por las defensas y advirtió que no puede frenarse ahora un trabajo probatorio que la Fiscalía viene desarrollando desde hace tiempo.
En varios tramos, además, los abogados formularon oposiciones genéricas sin precisar qué información cuestionaban. El ofrecimiento de prueba continuará este miércoles desde las 9. Una causa que apunta a un desfalco millonario La investigación sostiene que entre 2008 y 2018 hubo una estafa al Estado provincial estimada en unos 53 millones de dólares, a través de contratos legislativos presuntamente irregulares.
Según la hipótesis fiscal, intervinieron funcionarios, empleados jerárquicos de ambas cámaras, estudios contables y personas ajenas al Estado que habrían buscado “prestanombres”, falsificado firmas y endosado cheques. La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal pidió la remisión en 2021, tras una investigación de tres años.
En el legajo original hubo 32 imputados; hoy quedan 18, después de suspensiones de juicio a prueba, un juicio abreviado y un sobreseimiento. Además de los fiscales Yedro, Aramberry y Gonzalo Badano, intervienen defensores de varios de los acusados, entre ellos Alfredo Bilbao, Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani, entre otros.
A mediados de abril de 2025, accedieron a probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. “Tenemos suministro eléctrico, escritura, folios reales, informes de AFIP respecto de fideicomisos, registros notariales, registros de propiedad”, cuestionó Miguel Ángel Cullen, y subrayó que hay “sobreabundancia” de información.
“Este control horizontal debieron hacerlo las defensas antes. La Fiscalía no puede venir a mostrar acá todo esto, para que ahora las defensas se opongan. Es un trabajo que se debió hacer, no se hizo, bueno, lo hacemos acá”, advirtió la jueza Mariana Barbagelata. Es que, en algunos casos, los abogados fueron presentando oposiciones genéricas, sin poder brindar precisiones sobre la información cuestionada.
El ofrecimiento de prueba de Fiscalía, en el marco de la remisión a juicio de la causa, continuará este miércoles desde las 9. Detalles de la investigación En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.
Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos.
Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.