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Claves
- Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry avanzaron este jueves con el ofrecimiento de prueba para llevar a juicio la causa por los “contratos truchos” de la Legislatura.
- La discusión volvió a quedar atravesada por las objeciones de las defensas, que cuestionan el uso de material secuestrado en otros expedientes y buscan frenar la incorporación de evidencia clave.
- Todo ese material integra el plexo probatorio que el Ministerio Público Fiscal intenta sostener para el debate oral.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry avanzaron este jueves con el ofrecimiento de prueba para llevar a juicio la causa por los “contratos truchos” de la Legislatura. La discusión volvió a quedar atravesada por las objeciones de las defensas, que cuestionan el uso de material secuestrado en otros expedientes y buscan frenar la incorporación de evidencia clave.
En la audiencia se enumeraron soportes y efectos secuestrados en distintos allanamientos: DVD, CD, memorias, pen drives, discos portables, sumarios, fotografías, copias de contratos, facturas, registros bancarios, pericias, respuestas de organismos y empresas, además de imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones de declaraciones. Todo ese material integra el plexo probatorio que el Ministerio Público Fiscal intenta sostener para el debate oral.
Una de las objeciones más fuertes se produjo cuando la acusación ofreció fotos del allanamiento realizado el 1 de agosto de 2016 en la imprenta que tenía Juan Pablo Aguilera sobre calle Racedo al 400 de Paraná. Ese procedimiento se hizo en la investigación conocida como “causa Imprentas” o “causa de la vaca”, uno de los legajos ventilados en el megajuicio por corrupción de 2021 y 2022.
En ese operativo se hallaron copias de contratos de la Legislatura, porque esa era la modalidad con la que se abonaba a algunos empleados de las imprentas del cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. El abogado Miguel Cullen sostuvo que la documentación fue devuelta en su momento y que solo quedaron las imágenes digitales. También planteó que la sentencia del megajuicio no está firme y que el allanamiento ocurrió tres años antes de la causa que ahora se discute.
Los fiscales respondieron que no secuestraron esos papeles, pero sí los fotografiaron porque les llamó la atención que hubiera información de particulares en ese lugar. Según su planteo, esas imágenes pueden servir como muestra de la mecánica que hoy se investiga. Iván Vernengo sumó otro argumento para oponerse.
Señaló que las hipótesis de ambas causas son distintas: en esta investigación se analiza si algunas personas se quedaban con todo el dinero de los contratados, mientras que en la causa Imprentas se detectó que a empleados privados se les pagaba con contratos de la Legislatura. Es el mismo criterio que ya habían sostenido las defensas en la causa Coimas, donde también resistieron la incorporación de evidencia obtenida en otro expediente.
La acusación también ofreció como testigos a varios funcionarios policiales y delegados judiciales que participaron del allanamiento de 2016: Gastón Montepeloso, Enrique Maximiliano Pepe, Ignacio Fariña, María Delia Ramírez Carponi, Sonia Beatriz Vives, Oscar Alberto Sobko, Ana Bárbara Ledheroz, Oscar Jesús Michelin, Cecilia Soledad Silva y Adrián Marcelo León. Cullen volvió a oponerse.
Además, los fiscales propusieron el testimonio de León Helberg, que intervino como testigo civil en ese procedimiento de calle Racedo y que en el megajuicio fue citado por la defensa de Emilio Fouces. En aquel debate, Helberg había sembrado dudas sobre la legalidad del allanamiento. También se incorporaron entrevistas periodísticas guardadas en dispositivos electrónicos y consideradas de interés para la investigación.
Entre ellas figuran declaraciones difundidas por Radio Plaza, Página Judicial y Canal 9 Litoral, con intervenciones de Hugo Rubén Mena, Leonardo Fabián Dehan, Ricardo Antonio Antivero y Daniel Ruberto, entre otros.
Yedro y Aramberry sumaron, además, numerosos efectos secuestrados en allanamientos: dinero, tarjetas de débito y crédito, documentación de vehículos, cuadernos, libretas de anotaciones, tickets bancarios, boletas, cédulas de registros, constancias de monotributo, documentación impositiva, celulares, computadoras, tablets y tarjetas de memoria. La defensa de Cullen objetó también esa remisión, con los mismos argumentos que había planteado antes. Se prevé que este viernes los fiscales terminen de ofrecer prueba.
Después será el turno de la acción civil y, si el cronograma se mantiene, la semana próxima los defensores presentarán sus propias propuestas de evidencia. La investigación apunta a una estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
Según la hipótesis fiscal, el desfalco se habría concretado mediante contratos truchos legislativos con participación de funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras, dos estudios contables y personas ajenas al Estado que buscaban prestanombres, falsificaban firmas y endosaban cheques. La elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal pidió el envío a debate en 2021, tras una investigación de tres años.
En la causa intervienen Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. De los 32 imputados iniciales quedaron 18, luego de probation, un juicio abreviado y un sobreseimiento.