Controversia sobre la designación de jubilados en el gabinete de Concordia

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, ha defendido públicamente la reciente decisión de incorporar a jubilados en su gabinete, argumentando que no existe incompatibilidad legal para tal designación y que se apoya en un dictamen de la Fiscalía de Estado. Sin embargo, esta postura ha generado un intenso debate que pone en jaque la validez de sus argumentos y despierta preocupaciones en torno a la legalidad de estos nombramientos. En una entrevista radial en el programa "Despertá con nosotros" de Oíd Mortales Radio, Azcué expresó su orgullo por contar con estos funcionarios, quienes, según él, perciben jubilaciones en función de sus aportes históricos. Afirmó también que estos cargos son designados "ad honorem", lo que, a sus ojos, elimina cualquier conflicto con la normativa previsional. Sin embargo, este razonamiento es cuestionado ante la existencia de antecedentes legales que refuerzan la idea de incompatibilidad entre el cobro de jubilaciones y el ejercicio de funciones públicas. El dictamen en el que Azcué fundamenta su defensa es reciente y está vinculado a la situación del ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, un caso que presenta diferencias significativas con respecto a la normativa aplicable a jubilados provinciales. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la validez de utilizar dicho dictamen como base para justificar las designaciones en el gabinete de Concordia. Además, los montos que perciben estos jubilados, en concepto de viáticos y gastos de representación, ascienden a alrededor de 3 millones de pesos, una cifra que no solo se considera elevada, sino que suscita serias dudas sobre la ética de tal manejo de recursos públicos. La falta de claridad en la naturaleza de estos pagos y la argumentación presentada han provocado que se considere la posibilidad de responsabilidades legales por parte del intendente y su administración. La jurisprudencia provincial marca un precedente con el caso "Rovira", que establece claramente la incompatibilidad entre ser jubilado y ejercer una función pública. Este fallo es relevante en el actual contexto, ya que proporciona un marco legal que podría complicar la situación del intendente, en caso de que se determine que su gestión ha incurrido en irregularidades. La controversia ha generado no solo críticas al intendente, sino también una serie de renuncias de funcionarios que han preferido alejarse de la administración en medio del clima de incertidumbre y cuestionamientos legales. A su vez, se han recibido notificaciones formales por parte de la Caja de Jubilaciones instando a regularizar situaciones que podrían ser consideradas irregulares. Esta situación ha llevado a que se plantee la posibilidad de un examen más exhaustivo para averiguar si ha existido un presunto esquema de fraude contra la administración pública, una carga que ahora recae sobre Azcué y su equipo de gobierno. La defensa del intendente, lejos de cerrar la discusión, ha abierto un abanico de dudas y ha dejado entrever una falta de transparencia que podría tener impactos negativos para la administración municipal de Concordia. La comunidad observa con atención y preocupación la manera en que se manejarán los recursos públicos y la legalidad de las decisiones que ha tomado su intendente.