Delta
Claves
- Pero hay un detalle que los medios escribas del pejotismo pasan rápido: el acuerdo todavía no está jurídicamente cerrado.
- Falta que el vocal Mauricio Mayer dicte sentencia en los próximos días hábiles.
- Análisis, el medio de Daniel Enz, lo presenta casi como cosa juzgada; formalmente, todavía requiere la homologación judicial de Mayer.
La audiencia por los créditos truchos se vendió como un cierre prolijo: Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky aceptaron tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una reparación de $100.886.792 por 319 créditos simulados. Pero hay un detalle que los medios escribas del pejotismo pasan rápido: el acuerdo todavía no está jurídicamente cerrado. Falta que el vocal Mauricio Mayer dicte sentencia en los próximos días hábiles.
Análisis, el medio de Daniel Enz, lo presenta casi como cosa juzgada; formalmente, todavía requiere la homologación judicial de Mayer. Claro que nadie espera una sorpresa. Mayer ya explicó el trámite del abreviado y quedó todo servido para aprobarlo.
No es un dato menor quién decide: Página Judicial recordó que Mauricio Mayer fue uno de los nombres elegidos por Jorge Busti para integrar la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, organismo que —según esa publicación— terminó enterrando investigaciones de la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El problema de fondo es otro: la Fiscalía vuelve a pegarle al último eslabón de la cadena.
Los acusados aceptan pagar una suma que ni siquiera está actualizada por inflación y que, según la propia nota, podría multiplicarse. Además, la investigación penal sólo determinó hasta ahora 319 créditos, pero no se descarta que sean más, a partir de informes del Tribunal de Cuentas y nuevos reclamos por créditos impagos. Ahí aparece la otra vergüenza: el Tribunal de Cuentas de Diego Lara.
El organismo dice tener como misión controlar fondos públicos, determinar responsabilidades y prevenir irregularidades; incluso reconoce que no ejerce funciones judiciales. Pero en la práctica, Lara parece cómodo con expedientes que avanzan contra perejiles, mientras la plata seria queda lejos de recuperarse.
Si el Estado quiere cobrar, no alcanza con mirar al empleado, al reclutador o al funcionario menor: hay que mirar hacia arriba, hacia los patrimonios y las responsabilidades políticas de quienes condujeron el sistema. Rodríguez Signes, como fiscal de Estado, tampoco se opuso al abreviado. Lo grave es que el Estado acepta una reparación licuada y promete seguir por la vía civil, como si los perejiles fueran la caja fuerte del saqueo. La causa avanza, sí. Pero avanza por abajo.
Y si Mayer homologa, como se descuenta, Entre Ríos tendrá otra postal conocida: condena condicional para los fusibles, elogio mediático para el acuerdo y ninguna señal fuerte de que vayan por la plata grande. Porque la recuperación real no está en los bolsillos de los perejiles: está en revisar las fortunas, decisiones y responsabilidades del poder político que administró el programa. Web: