«Créditos Truchos»: el acuerdo judicial que corta el hilo por lo más delgado salvando a Bahillo y Stratta

Los principales imputados por el desvío millonario en la Secretaría de Desarrollo Económico pactaron un juicio abreviado que les garantiza prisión condicional. Con este cierre exprés, se evita un juicio oral que amenazaba con destapar responsabilidades políticas mayores, garantizando así la impunidad del exministro y actual diputado, Juan José Bahillo, y de la exvicegobernadora, y también actual diputada, Laura Stratta, mentora y socia política del principal acusado: Pedro Gebhart.

El Ministerio Público Fiscal, para evitar profundizar la investigación, algo que estaba estrictamente obligado a hacer, tomó la decisión de decir «hasta aquí avanzamos, aflojemos y acordemos«. De esta manera, el organismo judicial dejó deliberadamente en las sombras a quienes estaban verdaderamente detrás de uno de los hechos de corrupción más grandes en la historia de Entre Ríos.

Esta maniobra replica con exacta precisión la conocida «TEORÍA DEL ENCAPSULAMIENTO«, idéntica a la utilizada en la megacausa de los Contratos Truchos de la Legislatura, donde la Justicia apuntó toda su artillería contra eslabones en situación de indigencia, como Beckman y Mena, empleados administrativos y funcionarios de segundo y tercer nivel, quienes CLARAMENTE no son los que se quedaron con los millones de dólares que absorbió esa monumental maniobra de desvío de fondos.

El objetivo sistémico es siempre el mismo: encapsular la responsabilidad en los mandos medios y los brazos ejecutores para evitar que la investigación escale hacia los verdaderos jefes del poder político, blindando a figuras de la talla de Bahl, Allende, Urribarri, Ballestena, Lauritto, Guastavino y, en este caso particular, a Stratta y Bahillo. El próximo 8 de junio quedará sellado este escándalo de corrupción reciente en la provincia, consolidando un claro sabor a impunidad estructural.

El exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, el escribano Pedro Fernando Gebhart, junto a otros empleados administrativos confesarán haber desviado fondos públicos a través del programa Jóvenes Emprendedores.

El acuerdo, que contempla penas de prisión de ejecución condicional, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa en pesos, representa mucho más que una condena leve: es el blindaje definitivo para las máximas autoridades de la gestión anterior, desactivando una bomba de tiempo que amenazaba con derrumbar el organigrama gubernamental más alto. Créditos truchos: la causa judicial crece y apunta a Stratta Llama poderosamente la atención el silencio corporativo de fiscales y jueces en este caso.

Los magistrados y los miembros del Ministerio Público Fiscal son, en definitiva, funcionarios públicos que perciben sus altísimos salarios del erario y los recursos aportados por toda la sociedad. Resulta inadmisible que pretendan ampararse en el gastado axioma de que «los jueces y fiscales solo hablan por sus fallos o sentencias«, utilizándolo como un escudo para no dar explicaciones públicas ante la ciudadanía ni someterse a la interpelación periodística cuando deciden asfixiar una investigación de este calibre.

Esta opacidad judicial contrasta de manera flagrante con lo que ocurre en los otros poderes del Estado. Cualquier ciudadano observa cómo intendentes, ministros, legisladores, gobernadores como a ocurrido en varias oportunidades con el propio gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, independientemente de sus signos políticos se ven obligados a brindar entrevistas, responder preguntas incómodas y rendir cuentas públicamente ante el requerimiento de la prensa sobre los problemas comunes que administran.

Sin embargo, cuando se intenta cuestionar a un fiscal sobre los motivos reales para cortar el hilo por lo más delgado en una causa de corrupción pública, la respuesta es el mutismo y la omnipotencia. Ante este escenario, el propio sistema judicial suele responder de forma cínica que, si existen disconformidades con el proceder de los fiscales, los ciudadanos y las instituciones disponen de las herramientas de la denuncia legal, el juicio político o el Jury de Enjuiciamiento.

Pero aquí se revela la paradoja más perversa de la impunidad entrerriana: para que un pedido de juicio político prospere y avance en la Cámara de Diputados, se requiere indefectiblemente una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Dado que el oficialismo actual no cuenta con ese número por sí solo, necesita de manera obligatoria el acompañamiento del bloque de la oposición.

Y es allí donde el círculo se cierra perfectamente: la presidenta del bloque de diputados del Partido Justicialista es la propia Laura Stratta, secundada por Juan José Bahillo como autoridad clave. La pregunta se contesta sola: ¿Van a aportar ellos mismos los dos tercios necesarios para avanzar contra los fiscales que, precisamente, los protegen y ahora acaban de salvar con este acuerdo exprés?

La investigación por la MEGA ESTAFA con Créditos Truchos apunta todos sus cañones hacia la GESTIÓN de Stratta Con esta resolución, ya son dos los dirigentes de extrema confianza y exmanos derecha de Laura Stratta que terminan contenidos y disciplinados bajo el formato del juicio abreviado para no salpicarla.

Primero ocurrió con Joaquín Oñativia, en aquella sensible causa donde se robaban los subsidios destinados a los sectores más vulnerables e indigentes de la provincia que el peronismo dice proteger; ahora se repite la matriz con Pedro Gebhart y el fraude de los créditos.

En ambos casos, se trata de operadores políticos que gozaban de la absoluta confianza de la exvicegobernadora, que tomaban decisiones bajo su órbita directa y cuyas causas judiciales terminan abruptamente con un pacto de silencio que impide que la mancha avance hacia los despachos superiores.

Stratta nombra a Pedro Gebhart en una nueva subsecretaría Habrá que seguir muy de cerca y escrutar con lupa cuáles serán los fundamentos que la fiscalía presentará ante el juez, y cuál será la posterior sentencia que homologue este convenio el próximo lunes.

Sobre todo, porque en los mentideros judiciales y políticos ha trascendido con mucha fuerza que, tras el secuestro y las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de Gebhart y otros imputados, existirían registros de comunicaciones, mensajes y audios que comprometerían de manera directa y severa tanto a Stratta como a Bahillo en la toma de decisiones sobre este esquema ilícito.

El sistema de desvío ejecutado por esta banda era de una crueldad explícita: utilizaban los datos de personas en extrema situación de vulnerabilidad (como en el caso Oñativia) o directamente robaban identidades para tramitar créditos productivos de 500.000 pesos, fondos que luego los funcionarios retenían en su totalidad o en su inmensa mayoría. Tras indagar a 150 supuestos beneficiarios, la investigación determinó que solo cinco de los créditos otorgados por el área de Acción Social habían sido legítimos.

A pesar de que Stratta era la cara visible que recorría los pueblos de la provincia entregando estos cheques en actos públicos de alto contenido político, la estructura judicial se conforma con condenar administrativamente a los eslabones inferiores. La relación entre Stratta y Gebhart excedía largamente la de una jefa y su subordinado; operaban en términos de socios y amigos entrañables.

Fue ella quien lo impulsó a ocupar el segundo cargo de mayor relevancia dentro de la cartera económica, justo por debajo de Bahillo, el otro gran beneficiario de este cerrojo judicial que logra salir indemne de un escándalo que floreció bajo su propia firma.

El nivel de protección política hacia Gebhart quedó expuesto cuando, al concluir su mandato en el Ejecutivo, Stratta intentó blindarlo otorgándole un pase a planta permanente y, posteriormente, al asumir la vicegobernación, lo refugió en la Cámara de Senadores con una Categoría 1, garantizándole el salario más alto del escalafón legislativo.

Este privilegio se mantuvo impune hasta que la actual presidenta del Senado, Alicia Aluani, siguiendo instrucciones del gobernador Frigerio, procedió a limpiar las nóminas y darlo de baja. Esta matriz de impunidad parece registrar, además, profundas raíces familiares y comerciales.

Los antecedentes del entorno de Gebhart ya habían encendido alarmas públicas en el pasado, cuando su hermano y su padre se vieron salpicados en un polémico y millonario negocio inmobiliario de loteos en la zona del Acceso Norte de Paraná; una causa que también terminó empantanada por severas influencias políticas tras detectarse la falsificación de documentación técnica y estudios de impacto ambiental.

El acuerdo de juicio abreviado en la causa de los «créditos truchos» constituye un fracaso rotundo para la transparencia institucional de Entre Ríos y un triunfo rotundo para la corporación política transversal. Al aceptar penas menores y de cumplimiento condicional, se sella un pacto de silencio que corta el hilo por lo más delgado. La clausura intempestiva de este expediente cumple un único y evidente cometido: evitar el debate oral y público que ventile la maquinaria de recaudación y desvío de fondos.

Se castiga el brazo ejecutor, pero se indulta de facto a quienes diseñaron, apañaron y se beneficiaron políticamente del sistema. Una vez más, la justicia entrerriana opta por mirar hacia abajo, permitiendo que las máximas figuras observen las condenas desde la comodidad de sus fueros y la inmunidad de sus despachos.