Crisis en Entre Ríos: entre la subasta de activos para pagar sueldos y el freno a las inversiones inmobiliarias

Mientras los municipios se ven obligados a subastar activos públicos para cubrir salarios, la resistencia del Colegio de Corredores a las nuevas inversiones profundiza la parálisis económica provincial en pleno avance del plan de desregulación de Federico Sturzenegger. La asfixia financiera que atraviesa la provincia de Entre Ríos ha llegado a un punto crítico, manifestándose de manera dramática en pequeñas localidades como Hernández.

Mientras los intendentes recurren a medidas desesperadas para cumplir con sus obligaciones básicas, el sector inmobiliario –que ha demostrado ser uno de los más dinámicos a nivel nacional, con marcada generación de empleo– se encuentra en el centro de una disputa entre la necesidad de inversiones y las barreras corporativas impuestas por el Colegio de Corredores Inmobiliarios Públicos de Entre Ríos (CCPIER), en un escenario nacional que camina hacia la desregulación total promovida por el ministro Federico Sturzenegger.

El intendente de Hernández, Luis Gaioli, ha encendido las alarmas al confirmar que evalúa la subasta pública de terrenos, inmuebles y vehículos municipales para poder hacer frente al pago de los aguinaldos. Esta medida extrema responde a una caída sostenida en la recaudación: en febrero, la localidad recibió 30 millones de pesos menos que el año anterior, acumulando casi diez meses de retroceso en los recursos coparticipables.

Gaioli explicó que el municipio depende en un 70% u 80% de la coparticipación, y que ante el aumento de la inflación y los costos operativos, se ha generado un “cuello de botella” financiero. La situación es compartida por otros municipios pequeños que actúan como “primera barricada” ante una demanda social creciente que el Estado local ya no puede sostener. Este escenario de escasez en Hernández se enmarca en una crisis provincial mayor.

Bajo la gestión de Rogelio Frigerio, Entre Ríos registró una pérdida de aproximadamente $51.225 millones en el primer trimestre por la caída de la coparticipación. Ante esto, el gobernador ha intentado atraer capitales privados mediante el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ofrece exenciones impositivas por 15 años. Sin embargo, estos planes de desarrollo chocan con lo que algunos sectores denominan un “enemigo interno”: el Colegio de Corredores Inmobiliarios (CCPIER).

La institución mantiene una política antifranquicias y antiredes que ha frenado el desembarco de marcas internacionales y redes como Red Like Entre Ríos. A pesar de que el gobierno provincial busca fortalecer la articulación público-privada, la postura monopólica del Colegio es vista como un obstáculo para que Entre Ríos deje de ser la “hermana pobre” de la Región Centro.

El conflicto local se produce en un momento en que el Gobierno Nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara un proyecto de ley para eliminar la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para el corretaje inmobiliario. Sturzenegger ha calificado de “aberración social” el hecho de que un colegio profesional fije precios mínimos o imponga barreras de entrada que encarezcan el servicio para los ciudadanos.

La iniciativa de desregulación busca transformar la actividad inmobiliaria de una “pseudo-profesión cerrada” a un servicio comercial competitivo.

Entre los cambios previstos se encuentran el fin de las restricciones geográficas (la posibilidad de operar en cualquier provincia sin convalidación local, como ocurre actualmente), los honorarios libres (eliminación de aranceles mínimos para que las partes negocien comisiones) y la pérdida del poder sancionatorio (los Colegios ya no podrán controlar a los operadores y los conflictos irán a la Justicia).

Ante este avance, el CCPIER y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) se han declarado en estado de “batalla”, argumentando que la eliminación de controles afectará la seguridad jurídica de los ciudadanos. No obstante, para muchos observadores, el contraste es inevitable: mientras las estructuras corporativas luchan por mantener sus privilegios de matriculación, intendentes como Gaioli se ven obligados a rematar el patrimonio público para que los trabajadores puedan cobrar sus haberes.