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Claves
- Los defensores de la causa por los “contratos truchos” de la Legislatura volvieron a plantarse contra la remisión a juicio y reclamaron que se unifiquen los expedientes “contratos uno” y “contratos dos”.
- La discusión, que se reabrió este martes, impacta de lleno en la estrategia de las defensas y en el ritmo de una investigación que ya arrastra años y millones de dólares bajo sospecha.
- Cristian Panceri abrió la audiencia con una oposición frontal a la elevación a juicio.
Los defensores de la causa por los “contratos truchos” de la Legislatura volvieron a plantarse contra la remisión a juicio y reclamaron que se unifiquen los expedientes “contratos uno” y “contratos dos”. La discusión, que se reabrió este martes, impacta de lleno en la estrategia de las defensas y en el ritmo de una investigación que ya arrastra años y millones de dólares bajo sospecha. Cristian Panceri abrió la audiencia con una oposición frontal a la elevación a juicio.
Sostuvo que no puede avanzarse con un debate oral sobre una parte de la maniobra mientras sigue abierta otra investigación que, según dijo, involucra la misma base fáctica. “No podemos juzgar primero a los partícipes y luego a los autores de una supuesta misma organización”, argumentó. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, rechazó el pedido.
Señaló que no se trata de un hecho nuevo sino de una decisión del Ministerio Público Fiscal de seguir investigando y que la cuestión de la unificación podrá discutirse más adelante. “Por economía procesal, vamos a continuar”, resolvió. Emilio Fouces y Miguel Cullen adhirieron al planteo de Panceri. Fouces insistió en que la apertura de la causa “Contratos dos” sí modifica el escenario defensivo y que la oposición a la elevación a juicio debía revisarse.
Según expuso, la nueva investigación altera la situación procesal de sus defendidos y vuelve relevante discutir si corresponde un solo juicio o dos. La jueza mantuvo su postura y la audiencia siguió con el ofrecimiento de prueba por parte de las defensas. Los abogados propusieron testigos, desistieron de otros ya ofrecidos por la fiscalía Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y también incorporaron documentación que no estaba vinculada de manera directa con el requerimiento de elevación a juicio.
Panceri pidió citar, entre otros, a Walter Maximiliano Clivio, José María Kramer, Ana María Kramer, Xiomara Battisti Orsich y Milsiades José Zuluaga, ex intendente de Rosario del Tala. Sobre Zuluaga, recordó que fue destituido en dos oportunidades y luego obtuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia en una demanda por daños y perjuicios. Ese antecedente fue citado a partir de una publicación de Página Judicial reproducida por El Entre Ríos.
La abogada Victoria Halle hizo suya la prueba ofrecida por los fiscales, con excepción de la que ya había sido descartada en audiencias anteriores, y pidió sumar el reglamento interno del Tribunal de Cuentas. Barbagelata aceptó ese pedido. Iván Vernengo, defensor de Alfredo Bilbao, también presentó documental y una larga nómina de testigos para un eventual juicio oral.
A su vez, Germán Fouces pidió incorporar decretos legislativos semestrales sobre renovación de contratos de obra entre 2008 y 2018, con sus anexos, además de otras constancias y declaraciones. Entre la prueba más sensible apareció un informe nuevo elaborado por el contador Cristian Dumé, que contrasta el listado de más de 700 contratados sospechados con los decretos de la Cámara y sus anexos.
La fiscalía objetó su incorporación al sostener que se trata de una pericia de parte producida después y sin control previo del Ministerio Público Fiscal. La jueza, en cambio, consideró que la defensa justificó su presentación como una prueba novedosa. La investigación apunta a una estafa al Estado provincial estimada en unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
Según la hipótesis fiscal, el desfalco se habría montado a través de contratos legislativos apócrifos con participación de funcionarios, empleados jerárquicos de ambas cámaras, estudios contables y personas ajenas al Estado que habrían buscado prestanombres, falsificado firmas y endosado cheques. La etapa de remisión a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal pidió elevar la causa en 2021, tras una investigación de tres años.
En el legajo, de los 32 imputados iniciales quedaron 18, luego de probation, un juicio abreviado y un sobreseimiento. La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Las partes analizarán la documentación incorporada y más adelante deberán fijar postura sobre la prueba nueva y el rumbo del expediente.