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Claves
- El proyecto incorpora aportes realizados por legisladores de distintos bloques políticos durante su tratamiento en comisión.
- Reglas para el proceso de remoción La propuesta apunta a regular el funcionamiento del instituto del juicio político y delimitar las competencias de cada una de las cámaras legislativas involucradas en el procedimiento.
- De acuerdo con el texto, la Cámara de Diputados actuará como órgano encargado de la investigación y acusación, mientras que el Senado ejercerá el rol de tribunal de juzgamiento.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitió dictamen favorable al proyecto de ley que establece un procedimiento específico para la tramitación de los juicios políticos contra funcionarios de alta jerarquía provincial.
La iniciativa busca dotar de un marco normativo preciso a un mecanismo previsto por la Constitución provincial, estableciendo reglas claras sobre la presentación de denuncias, la investigación, la producción de pruebas y las distintas etapas del proceso. El proyecto incorpora aportes realizados por legisladores de distintos bloques políticos durante su tratamiento en comisión.
Reglas para el proceso de remoción La propuesta apunta a regular el funcionamiento del instituto del juicio político y delimitar las competencias de cada una de las cámaras legislativas involucradas en el procedimiento. De acuerdo con el texto, la Cámara de Diputados actuará como órgano encargado de la investigación y acusación, mientras que el Senado ejercerá el rol de tribunal de juzgamiento.
Entre otros aspectos, la iniciativa establece pautas para la presentación de denuncias, plazos para la etapa probatoria, mecanismos de notificación y criterios procesales destinados a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica. Además, prevé la aplicación supletoria de las normas procesales penales vigentes para aquellos aspectos que no se encuentren expresamente contemplados.
La presidenta de la comisión, Gabriela Lena, sostuvo que el objetivo es brindar previsibilidad institucional y evitar vacíos normativos en un procedimiento de especial relevancia para el funcionamiento republicano. Según explicó, la propuesta busca consolidar el juicio político como una herramienta de control institucional sin afectar las garantías constitucionales de las personas sometidas al proceso.
Avanza otra iniciativa vinculada al control de constitucionalidad Durante la misma reunión, la comisión continuó analizando un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reglamentar el artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos. La iniciativa establece el procedimiento para la derogación de normas generales cuya inconstitucionalidad haya sido declarada en tres oportunidades mediante sentencias firmes del Superior Tribunal de Justicia.
El mecanismo alcanzará normas provinciales, municipales y comunales, aunque quedarán excluidos los procesos de amparo. Entre los puntos destacados del proyecto figura la creación de un Registro de Sentencias y Cómputo, que será digital, público y de acceso gratuito, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las decisiones judiciales que habiliten la aplicación del procedimiento.
Del debate participaron el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro; el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy; y representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, quienes aportaron observaciones técnicas sobre la propuesta. Ambos proyectos forman parte de una agenda legislativa orientada a reglamentar institutos previstos en la Constitución provincial y fortalecer los mecanismos de control institucional, consignó AIM