Diputados tratará el proyecto de Súper RIGI en sesión especial este miércoles

La Cámara de Diputados llamó a una sesión especial para este miércoles para tratar un temario especial, en el que está incluido el proyecto de Súper RIGI. La iniciativa del gobierno de Javier Milei busca imponer un nuevo régimen de promoción destinado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales considerados estratégicos para el desarrollo de la economía.

El objetivo del oficialismo es el de ampliar el esquema vigente del RIGI y concentrarse exclusivamente en actividades que hoy no tienen desarrollo comercial en el país o que permanecen en una etapa experimental.

El proyecto apunta a posicionar a la Argentina como destino de inversiones en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares, vehículos eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos y tecnología aeroespacial, entre otros rubros de alto valor agregado.

A diferencia del RIGI actualmente vigente, el nuevo régimen estará reservado para proyectos que impliquen la creación de industrias inéditas en el país y no para ampliaciones o modernizaciones de emprendimientos ya existentes. Además, quienes hayan solicitado ingresar al RIGI tradicional no podrán migrar automáticamente al nuevo esquema.

Entre los principales beneficios previstos figuran una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones de derechos de exportación e importación para bienes vinculados a los proyectos y un régimen de estabilidad normativa y fiscal por 30 años. El texto también contempla un acceso más flexible al mercado de cambios y mecanismos de resolución de controversias para brindar mayor seguridad jurídica a los inversores.

Para acceder al régimen, las inversiones deberán superar un monto mínimo de US$1.000 millones y canalizarse mediante un vehículo de proyecto exclusivo. El Ejecutivo sostiene que la magnitud de estos emprendimientos requiere reglas de largo plazo que permitan competir con otros países en la captación de capital para industrias de frontera.

El proyecto también establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los emprendimientos radicados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. Según la iniciativa, el objetivo es garantizar un marco regulatorio homogéneo y evitar que normas locales alteren las condiciones ofrecidas a los inversores.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca complementar el RIGI aprobado el año pasado y acelerar la llegada de inversiones vinculadas a sectores tecnológicos e industriales de última generación, con la expectativa de impulsar exportaciones, generar empleo calificado y diversificar la matriz productiva argentina.

Mientras observa con urgencia los movimientos de sus aliados en el Senado, el oficialismo avanzó con dos proyectos importantes en sus pretensiones de proyección internacional y captación de inversiones: el acuerdo de pago a dos fondos buitre y el régimen de Súper RIGI. El Gobierno busca llevar ambas iniciativas a una sesión en Diputados el próximo 24 de julio.

El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" ("todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”) consiste en un marco de beneficios por 30 años para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años.

Asimismo, inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. Desde su redacción original hasta la dictaminada, sufrió ocho modificaciones, vinculadas a incentivos de inversión y registraciones. Consiguieron 61 firmas de apoyo, provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.

Por su parte, y también con la objeción principal de Unión por la Patria, se dictaminó el proyecto de pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos del 2001, por u$s171 millones. Se trata de los holdouts Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso de discovery para embargar activos argentinos. En el litigio judicial, enmarcado en los Estados Unidos, se estableció como fecha límite de la aprobación del Congreso para el 30 de junio.

El proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.