Echaron a un funcionario de Turismo involucrado en la causa Jóvenes Emprendedores | Análisis

Claudio Rosas Vico (derecha) junto a Jorge Satto y Sebastián Bel en la Secretaría de Turismo. Claudio Rosas Vico, quien se desempeñaba desde el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio como director del Servicio Administrativo Contable de la Secretaría de Turismo, renunció al cargo luego de que así se le solicitara a raíz de su imputación en la causa Jóvenes Emprendedores. Este lunes se desarrolla la audiencia en la cual, en juicio abreviado, los acusados aceptarán la comisión de delitos.

Al momento de los hechos, Rosas Vico se desempeñaba como funcionario en la repartición que comandaba el escribano Pedro Gebhart en ámbito del Ministerio de Producción. Gobernaba Gustavo Bordet y conducían la cartera primero el actual diputado Juan José Bahillo y luego el contador Álvaro Gabás. La imputación es por el desvío de fondos públicos mediante la falsificación de créditos a emprendedores.

“El puesto de Rosas Vico era clave para que los expedientes de los emprendimientos falsos avanzaran internamente sin complicaciones al contar con el aval de estas autoridades”, se indica en la acusación fiscal. Al inicio de la gestión de Frigerio, Rosas Vico fue designado como director Administrativo Contable de la Secretaría de Turismo conducida por Jorge Satto. El trámite se plasmo en el decreto 347 de 2023 firmado por el gobernador y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

Aunque aún no se publicó el decreto de su salida, ANÁLISIS pudo confirmar que el ahora exfuncionario ya presentó la dimisión solicitada y no está concurriendo más a las oficinas de Laprida y Peatonal San Martín. Si prospera el juicio abreviado, las penas por delitos contra la administración pública implican la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, con lo cual Rosas Vico más temprano que tarde hubiera tenido que dejar el cargo.

En el caso de Pedro Fernando Gebhart, fue funcionario en distintos organismos desde el año 2010, siempre en ámbitos del Poder Ejecutivo. Recién logró su pase a la planta permanente en 2023, cuando en el último tramo de su gestión como vicegobernadora Laura Stratta lo designó con categoría 1 en la Cámara de Senadores. La revisión emprendida en la Legislatura en las primeras semanas de la gestión de Rogelio Frigerio detectó numerosas designaciones irregulares. Muchas de ellas fueron revocadas.

En la lista de los salientes quedó Pedro Gebhart, que casi automáticamente pasó a cobrar un contrato de obra solicitado por el entonces presidente del bloque de senadores del PJ, Martín Oliva (Uruguay). Según la información publicada en la web de la Cámara de Senadores, el contrato se mantuvo vigente al menos hasta junio del año pasado. Luego de esa fecha es posible que haya continuado, pero la gestión de la vicegobernadora Alicia Aluani no actualiza desde entonces las nóminas de personal contratado.

Alejandro David Usatinsky, otros de los imputados en la causa, tuvo dos contratos de obra en el Senado en 2023, ambos solicitados por el secretario coordinador y mano derecha de Stratta en asuntos administrativos, Roberto Cabeza, que luego también fue pasado a planta permanente de la cámara baja. Los antecedentes Zacarías, Cristina y Orrico No es la primera vez que en el gobierno de Frigerio se expulsa a funcionarios por su implicancia en causas de corrupción o en otros delitos.

Así sucedió con el ex presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) Juan Domingo Zacarías; con el ex titular de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) Eduardo Cristina; o con el ex titular del Instituto Portuario Juan Ruiz Orrico. Cristina fue condenado por contrabando por el Tribunal Oral Federal de Paraná, apenas unos días después de haber sido designado en el gobierno.

Lo reemplazó en el cargo Gastón Raúl Granton, secundado por la abogada Sofía Gómez, quien meses más tarde sufrió la suspensión de su matrícula profesional y también debió ser removida. Zacarías, por su parte, dejó el cargo el año pasado al conocerse que enfrentaba una causa por presunto enriquecimiento ilícito, originada por inversiones en una mutual local, cuyos fondos no logró justificar ante la Justicia.

Las operaciones, también quedaron bajo la lupa en una investigación por lavado de dinero debido a posibles irregularidades en su vínculo con la entidad financiera. En reemplazo de Zacarías asumió al frente del EPRE el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende, que ya había ocupado ese rol durante el gobierno de Gustavo Bordet, quien decidió expulsarlo por ejercer la defensa de acusados de narcotráfico.

En el caso de Orrico, fue apartado del cargo hace dos años, una semana después del accidente ocurrido en la ruta 39 cuando el entonces funcionario conducía alcoholizado en la madrugada un auto oficial y causó la muerte de cuatro jóvenes que viajaban a trabajar a un frigorífico. El flamante jefe de Gabinete habló esta mañana y dio detalles de cómo se produjo su designación.

Entre los desafíos, marcó como clave visibilizar “buenas noticias económicas” que “quedaron tapadas” ante el momento complejo que vivió el Gobierno por las denuncias contra Manuel Adorni.