El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

El gobierno nacional anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y un cronograma de reducción gradual para la soja. Hay una imagen que resume con precisión casi matemática la paradoja del campo argentino: el país con el suelo más fértil del mundo, capaz de producir alimentos para millones de personas, financió durante décadas buena parte de su Estado con un impuesto que grava a quienes más producen. No es una metáfora ni una exageración retórica.

Es la historia de las retenciones o, como prefiere llamarlas la jerga técnica, los derechos de exportación: ese impuesto silencioso que el Estado cobra en la aduana cada vez que un barco cargado de granos abandona las costas argentinas. Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei prometió un alivio que los productores venían reclamando desde hace años.

Pocas horas después, el ministro de Economía Luis Caputo publicó los detalles: la retención al trigo y a la cebada bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026; la soja comenzará su propio camino de reducción desde enero de 2027, pasando del 24% actual al 21% hacia fines de ese año y prometiendo llegar al 15% en diciembre de 2028; el maíz y el sorgo seguirán el mismo sendero hasta alcanzar el 5,5% a fines de 2028, y el girasol descenderá del 4,5% al 3%.

Por primera vez en mucho tiempo, el cronograma de bajas se presentó como fijo, programado y no condicionado a la evolución de la recaudación. El campo tiene, al menos en el papel, certidumbre. Pero los números solos no cuentan la historia. Para entender por qué este anuncio importa, y por qué importa especialmente a los entrerrianos, hace falta entender primero de qué estamos hablando cuando hablamos de retenciones, de dónde vienen y qué se mueve cuando se las toca.

La historia de las retenciones en Argentina no comienza en el kirchnerismo ni en la "Resolución 125" que encendió el conflicto del campo en 2008. Comienza, literalmente, con las guerras civiles del siglo XIX. La discusión sobre quién recaudaba los impuestos aduaneros fue el combustible central de las batallas que durante décadas enfrentaron a Buenos Aires con las provincias del interior.

La Constitución de 1853, inspirada en el modelo norteamericano pero con una diferencia crucial, estableció que los ingresos del gobierno federal podían provenir tanto de los impuestos a las importaciones como a las exportaciones. En Estados Unidos, las retenciones a las exportaciones estaban expresamente prohibidas; en Argentina, se abrió la puerta. La reforma constitucional de 1860 intentó cerrarla: las retenciones quedaron abolidas, con la promesa de eliminarlas definitivamente hacia 1866.

Pero la historia tiene una ironía perfecta reservada para ese año. El presidente Bartolomé Mitre enfrentaba un colapso presupuestario y los costos astronómicos de la Guerra de la Triple Alianza. La solución fue una nueva reforma constitucional que devolvió al Congreso Nacional la facultad exclusiva de gravar las exportaciones. Desde entonces, las retenciones nunca desaparecieron del todo. Subieron, bajaron, se eliminaron en los noventa, volvieron en 2002 tras la devaluación.

Este punto histórico no es un dato de color. Es la clave para entender por qué el debate sobre las retenciones nunca fue puramente técnico: es, en el fondo, una disputa sobre quién se queda con la renta del campo, y esa discusión tiene raíces que preceden a cualquier gobierno. En términos concretos, una retención o derecho de exportación es un porcentaje del valor de venta que el Estado retiene en la aduana antes de que el exportador reciba su dinero.

Si el trigo se vende hoy a, por ejemplo 250 dólares por tonelada en el mercado internacional y la retención es del 7,5%, el fisco se queda con algo más de 18 dólares por tonelada (USD 18,75). Con la nueva alícuota del 5,5%, se quedaría con unos 14 dólares. La diferencia, esos cuatro dólares por tonelada, es el corazón del debate. El efecto de este impuesto no es neutral.

Durante décadas, los defensores del esquema argumentaron que las retenciones cumplían tres funciones simultáneas: recaudar recursos fiscales de manera rápida, moderar el precio interno de los alimentos básicos (si el trigo cuesta menos en el país, la harina también cuesta menos), y capturar parte de la "renta extraordinaria" que el campo obtiene cuando los precios internacionales están muy altos.

Los críticos respondieron siempre con el mismo argumento: cualquier impuesto que desalienta la producción termina siendo un impuesto que empobrece al conjunto, y gravar a quien produce más es una receta para producir menos. Ambos tienen razón en parte. La tensión entre esas dos verdades parciales es lo que hace que la discusión sobre retenciones lleve tanto tiempo sin cerrarse.

Lo que el Gobierno Nacional anunció esta semana no es la eliminación de las retenciones, sino el inicio de un proceso de reducción gradual que, si se cumple el cronograma, transformará de manera estructural la carga tributaria sobre los principales cultivos de exportación. La diferencia entre un anuncio y el otro es enorme: una eliminación tiene efecto inmediato y definitivo; una reducción gradual crea expectativas, genera incentivos y, también, introduce riesgos que analizaremos más adelante.

Para el trigo y la cebada, la baja es inmediata y permanente. A partir de junio de 2026, la retención pasará del 7,5% al 5,5%. No es una medida de emergencia ni un beneficio temporario: es un cambio estructural en la alícuota. Para un productor entrerriano que en este momento está decidiendo si siembra trigo en su campo y cuánto dinero mete en el paquete tecnológico -fertilizantes, semillas, control de malezas-, esto es una señal concreta y mensurable. Para la soja, el cronograma es más largo y gradual.

La retención actual del 24% para el poroto comenzará a bajar recién en enero de 2027, con reducciones de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes. Hacia fines de 2027 llegaría al 21%, y la meta es alcanzar el 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente gravados al 8,5%, seguirán un camino similar hasta el 5,5% hacia finales de 2028. El girasol bajará del 4,5% al 3%.

El ministro Caputo fue explícito en un punto que el sector venía exigiendo: estos recortes no están condicionados a que la recaudación alcance cierto nivel ni dependen de ninguna cláusula de escape. Son fijos. Están programados. Eso, en un país acostumbrado a que las promesas fiscales se reescriban con cada cambio de viento, vale más que el porcentaje en sí mismo. Para un productor de Entre Ríos, la campaña agrícola 2026/2027 no comienza cuando cae la primera semilla en el surco.

Comienza ahora, cuando hay que decidir si sembrar trigo, cuánto sembrar y cuánto invertir en el paquete tecnológico que determinará el rendimiento. Y esa decisión se toma con un lápiz en la mano y una planilla de costos sobre la mesa. El escenario de costos al que se enfrentaba el sector en los últimos meses era particularmente difícil.

El conflicto bélico en Medio Oriente impactó en los precios internacionales de fertilizantes y combustibles, y el resultado fue un récord histórico en la relación entre el precio de la urea y el precio del trigo: nunca en la historia reciente el productor había necesitado entregar tantos kilos de cereal para pagar un kilo de fertilizante. En muchas zonas del país los números cerraban en rojo o apenas en equilibrio.

En ese contexto, la reducción de dos puntos porcentuales en la retención al trigo no suena a revolución. Pero la aritmética dice otra cosa. Según cálculos de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la baja del 7,5% al 5,5% genera un mayor poder de pago de las exportadoras de aproximadamente 6,25 dólares por tonelada.

Ese número, sumado a una leve mejora en los precios internacionales, permite al productor compensar casi la totalidad del impacto generado por el encarecimiento de la urea y el gasoil, un golpe que los especialistas estimaban en alrededor de 110 dólares por hectárea. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) calculó, por su parte, que el FAS teórico del trigo -el precio de referencia que el productor puede esperar recibir- mejora entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada con el nuevo esquema.

Traducido a términos de decisión concreta: la baja de retenciones no hace que el trigo sea un negocio extraordinario, pero sí evita que sea un negocio negativo. Y eso, en el momento en que se toma la decisión de siembra, puede ser la diferencia entre sembrar el mismo número de hectáreas, ampliarlas o reducirlas. Las estimaciones antes del anuncio hablaban de una caída de hectáreas de trigo a nivel nacional para la campaña 2026/2027.

El incentivo fiscal llega en el momento exacto para moderar esa caída o revertirla parcialmente. Hay un factor adicional que los productores entrerrianos conocen bien: la llegada del fenómeno "El Niño", que proyecta mejores niveles de precipitaciones en la región. Un clima más favorable combinado con márgenes menos negativos es un escenario que invita a invertir.

El productor que antes calculaba si valía la pena mejorar la fertilización o ahorrar en insumos ahora tiene un argumento numérico concreto para apostar a un mayor paquete tecnológico. Y cuando eso ocurre en miles de campos simultáneamente, el impacto sobre los rendimientos totales puede ser significativo. La economía argentina respira -o se ahoga- en función de los dólares que genera el campo. No es una metáfora: el sector agropecuario es responsable de más del 60% de las divisas que ingresan al país.

Por eso, cualquier cambio en la política de retenciones tiene consecuencias directas sobre las reservas del Banco Central, sobre el tipo de cambio y, en última instancia, sobre el precio de los alimentos y la inflación. El Gobierno acompañó el anuncio de baja de retenciones con un dato que no es menor: la campaña agrícola 2025/2026 alcanzó un récord histórico de 163,2 millones de toneladas, un 21,25% más que el ciclo anterior.

Eso incluye 49,9 millones de toneladas de soja, 70 millones de maíz y 27,9 millones de trigo. Con ese volumen disponible, las estimaciones de liquidación del sector agropecuario para 2026 rondan los 35.375 millones de dólares. El campo tiene granos para vender. La pregunta es cuándo los vende y a qué ritmo liquida las divisas. Y aquí aparece una tensión que los analistas señalaron casi de inmediato.

Al anunciar con tanta anticipación que la soja pagará menos retenciones a partir de enero de 2027 -y menos todavía en 2028-, el Gobierno creó un incentivo racional para que los productores y acopiadores demoren la venta de su soja actual. Si sé que en seis meses voy a pagar menos impuestos por exportar, ¿por qué vendo hoy? La lógica especulativa es impecable desde el punto de vista individual, pero puede ser un problema serio desde el punto de vista macroeconómico.

Un cuello de botella en la liquidación de divisas en el segundo semestre de 2026 -período clave para el Banco Central- tensionaría las reservas y complicaría el programa económico. La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), que representa a los grandes exportadores de granos y oleaginosas, ya trabaja con el Ministerio de Economía para encontrar mecanismos que eviten esa conducta especulativa o, al menos, la moderen.

No es un problema inventado: en el pasado, los anuncios anticipados de modificaciones en las retenciones generaron exactamente este tipo de comportamiento, con productores que "guardaron" la cosecha esperando condiciones más favorables. La certidumbre sobre el cronograma de bajas es una buena noticia para la planificación de largo plazo, pero puede generar ruido en el flujo de corto plazo.

El aumento de la harida impactó en el precio del pan Pocos argentinos piensan en las retenciones cuando compran una bolsa de harina en el supermercado. Pero hay una conexión directa entre ambas cosas, y entender esa conexión es fundamental para evaluar los efectos de la medida más allá del campo. La cadena molinera a...