El PJ de Entre Ríos se reúne para debatir expulsiones, la reforma previsional y las PASO en la provincia

El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos se reunirá en el Congreso Partidario el próximo sábado 13 de junio. El encuentro tiene un tema central que seguramente concentrará toda la atención: la posible expulsión de dirigentes que participaron o apoyaron a otras listas en las elecciones legislativas de 2025. Otro de los ejes principales será plantear la preocupación ante la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Aunque el oficialismo provincial no reconoce esa posibilidad como una iniciativa propia, tampoco la descarta de plano. La ausencia del instrumento supondría una dificultad para ordenar un peronismo sin jefe. También expresarán preocupación respecto de artículos de la ley electoral que posibilitan la confusión. Además, ocupará parte importante del debate un tema de coyuntura política en la provincia: la reforma previsional que impulsa Rogelio Frigerio.

En el PJ apuestan a mandatar para que haya un voto unificado de sus legisladores. “El que vota con el oficialismo sabrá a qué atenerse”, apuntó un dirigente de peso del peronismo provincial. El 27 de mayo el PJ junto a los bloques peronistas de ambas cámaras emitieron un comunicado en donde advierten por la reforma previsional que ya se debate en el Senado provincial. “Implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos”, sostuvieron.

Ese texto fue el prolegómeno de lo que será una decisión del congreso partidario. Según expresó una fuente a Letra P, tienen previsto emitir un mandato de voto unificado para ambas cámaras. La idea, que se discute en las distintas tribus, sirve para presionar a legisladores que navegan las aguas de la indecisión. Uno de los casos más elocuentes es el de la senadora por el departamento La Paz, Patricia Díaz, cuyo esposo, Daniel Rossi, puede ser expulsado del PJ el 13 de junio.

También serviría, argumentan en el partido con sede en Paraná, para contener a legisladores que pueden ser presionados por la Casa Gris. Apoyar la reforma jubilatoria sería demasiado costoso. Después de perder las elecciones provinciales en 2023, el proceso electoral nacional de 2025 dejó heridas que el PJ provincial aún no puede cicatrizar. Con tres listas que compitieron por fuera de la estructura partidaria, la expectativa es hacer pasar página para abocarse de lleno a la carrera por la gobernación.

Una competencia que, según estiman, se aceleraría una vez concluido el Mundial de fútbol. El Congreso va a evaluar las resoluciones del Tribunal de Disciplina del PJ. A Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González se les imputa haber “encabezado una lista opositora a la lista oficial”, la lista Ahora 503. Sobre Gaillard agregan que lo hizo luego de acceder “a importantes cargos públicos como referente del Justicialismo”.

Para las tres se aconseja la suspensión temporaria y la inhibición para ser candidatas en los próximos dos turnos electorales. Un caso parecido es el de Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Vergara y Graciela Trinidad que, siendo afiliados al PJ, compitieron por el Partido Socialista, espacio aliado al oficialismo provincial. Con su conducta facilitaron “un acto de auxilio directo a fuerzas que confrontan el modelo de provincia y país que propugna el Partido Justicialista”.

En estos cuatro casos también se aconseja la suspensión temporaria y la inhibición para ser candidatos en los próximos dos turnos electorales. Héctor Maya, histórico dirigente del peronismo que fue candidato a senador por Entre Ríos en la lista del Partido Socialista. Una resolución aparte se lleva el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, y su abogado y colaborador Guillermo Reggiardo. A Rossi le endilgan que “realizó una militancia activa y pública en favor de la Lista 50 (Partido Socialista)”.

También el PJ recuerda que Rossi, con el patrocinio de Reggiardo, interpuso una denuncia penal contra el candidato oficial Guillermo Michel, invocando su calidad de afiliados y congresales para “difamar a los candidatos del partido en pleno proceso electoral”. Rossi y Reggiardo corren peor suerte. Para ambos se recomendó la expulsión del PJ y la remoción de sus cargos como congresales provinciales. En todos los casos será el pleno del Congreso quien tenga la última palabra.

Aunque no está claro si en esa instancia se puede ir más allá de la recomendación (expulsar a quien se aconseja sancionar, por ejemplo), hay una fuerte intención de varios dirigentes de peso para dar un fuerte golpe sobre la mesa que sirva de escarmiento para los procesos electorales venideros. Si ello sucediera, a los sancionados les quedará la posibilidad de acudir al Consejo Nacional del PJ.

El caso de la senadora Gladys Domínguez, electa por el PJ, pero que conformó un monobloque luego de votar junto al oficialismo la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), también puede llegar a ser tema del Congreso. Existe un pedido del Consejo Departamental del justicialismo de Feliciano. El camino institucional indica que lo debe tomar el Tribunal de Disciplina y emitir una resolución para que sea considerado en el Congreso del 13 de junio.

Aunque los tiempos están ajustados, en el PJ confían en llegar a tiempo. La intención es que sea el Congreso Partidario, el máximo órgano de conducción, el que resuelva el caso y no el Consejo Provincial, como ocurrió con Edgardo Kueider, quien fue expulsado tras el episodio en Paraguay y no por su respaldo a la Ley Bases. La senadora Gladys Domínguez, en Feliciano, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

De todos modos, su suerte está prácticamente echada porque, si como se presume vota a favor de la reforma previsional, la sanción le llegaría más temprano que tarde. Luego de que el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Roque Fleitas, presentara un proyecto para eliminar las PASO, el peronismo comenzó a preocuparse con mayor seriedad por la posible eliminación o suspensión de las primarias en la provincia.

“Constituye un atropello a la Constitución de Entre Ríos y una muestra de improvisación alarmante”, dijeron recientemente desde el PJ. En tanto, hay ruido, y así lo expresaron en el mismo documento de convocatoria al Congreso, por el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP). “Advertimos que pretender utilizar la imagen del gobernador como ‘ícono’ en el casillero de Voto Lista Completa constituye un mecanismo que puede inducir al error del elector y afectar la calidad democrática”, sostuvieron.

Ambos puntos compondrán la declaración final, aunque no hay motivos para que les lleve mucho discutirlas.