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Claves
- El Congreso Provincial aprobó las sanciones recomendadas por el Tribunal de Disciplina.
- Los expulsados cuestionaron la validez de la sesión y anticipan impugnaciones.
- Durante la misma sesión también se aprobó la suspensión de afiliación de un grupo de dirigentes que fueron candidatos por otras fuerzas políticas durante el proceso electoral de 2025.
El Congreso Provincial aprobó las sanciones recomendadas por el Tribunal de Disciplina. Los expulsados cuestionaron la validez de la sesión y anticipan impugnaciones. El Congreso Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos resolvió este sábado la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, al considerar acreditadas conductas incompatibles con los deberes de lealtad y disciplina partidaria establecidos en la Carta Orgánica.
La decisión fue adoptada durante una reunión realizada en Paraná, que contó con la participación de congresales de distintos puntos de la provincia, además de dirigentes, intendentes, legisladores, concejales y autoridades partidarias. Según informó oficialmente el PJ entrerriano, la sanción implica la exclusión definitiva de ambos dirigentes del padrón de afiliados, la pérdida de sus cargos como congresales provinciales y la caducidad de cualquier representación partidaria vigente.
Durante la misma sesión también se aprobó la suspensión de afiliación de un grupo de dirigentes que fueron candidatos por otras fuerzas políticas durante el proceso electoral de 2025. La medida alcanza a Carolina Gaillard, Paola Rubattino, Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz y Luna González. La resolución establece que los sancionados no podrán ser candidatos por el Partido Justicialista durante los próximos dos turnos electorales.
No obstante, el Congreso incorporó una cláusula que habilita al Tribunal de Disciplina a revisar cada situación en 2027 y determinar si corresponde mantener o levantar la sanción. La decisión generó una inmediata reacción del sector referenciado en Daniel Rossi. Según trascendió, los dirigentes expulsados consideran que la votación carece de validez y sostienen que el Congreso perdió quórum antes de tratar las expulsiones.
De acuerdo con la postura difundida tras la reunión, varios congresales abandonaron el recinto durante el debate, situación que, a criterio de los cuestionadores, habría impedido continuar con las deliberaciones. “Las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario”, señalaron en un comunicado difundido luego de la sesión. Rossi y Reggiardo también denunciaron que no pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa.
Según expresaron, el intendente de Santa Elena solicitó hacer uso de la palabra antes de la votación, pero el pedido habría sido rechazado por las autoridades partidarias. En el mismo documento responsabilizaron directamente a Guillermo Michel, Rosario Romero y José Cáceres por el avance de las sanciones y sostuvieron que la medida responde a diferencias políticas internas. “Michel, Romero y Cáceres expulsaron a Rossi y Reggiardo por denunciar la corrupción”, afirmaron.
Desde ese espacio adelantaron además que impulsarán las presentaciones partidarias y judiciales que consideren necesarias para cuestionar la legalidad de las decisiones adoptadas. Por su parte, el Partido Justicialista de Entre Ríos defendió la legitimidad de las resoluciones aprobadas y destacó que las sanciones fueron adoptadas sobre la base de los dictámenes emitidos por el Tribunal de Disciplina, en cumplimiento de los procedimientos previstos por la Carta Orgánica.
En el documento difundido tras el Congreso, la conducción partidaria señaló que la reunión permitió abordar distintos temas vinculados a la situación institucional del partido y a la realidad política provincial.
Entre las definiciones adoptadas, el PJ manifestó su respaldo a la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), expresó reparos frente a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial cuando implique pérdida de derechos para trabajadores y jubilados, y planteó objeciones al modelo de Boleta Única de Papel propuesto para Entre Ríos.
Asimismo, se analizó la situación económica y financiera de la fuerza política y la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento partidario previstos en la Carta Orgánica. Las sanciones aprobadas por el Congreso representan uno de los hechos disciplinarios más significativos de los últimos años dentro del peronismo entrerriano y vuelven a exponer las tensiones internas que atraviesan al espacio político.
Mientras la conducción partidaria sostiene que las medidas buscan preservar el cumplimiento de las normas internas y la identidad política del PJ, los sectores sancionados denuncian persecución política y anticipan una disputa que probablemente continuará tanto en el ámbito partidario como en los estrados judiciales.