El SEM en Paraná: una modernización que genera preocupaciones

La reciente licitación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Paraná, presentada como un esfuerzo para modernizar la gestión del tránsito, ha suscitado serias preocupaciones sobre la efectividad y viabilidad del proyecto. Aunque se prevé una mejora en la rotación vehicular y en el orden del estacionamiento, el proceso ha dejado claras zonas grises en torno a control, sanciones y tarifas, lo que podría tener implicaciones negativas para los usuarios y la administración municipal. El sistema, que incluye la incorporación de tecnología y aplicaciones móviles, aspira a optimizar el funcionamiento del estacionamiento en zonas críticas. Sin embargo, la propuesta choca con la falta de criterios establecidos que aseguren un control adecuado de las funciones que se transferirán a la empresa concesionaria. Esto plantea el riesgo de que, al fallar el sistema, no solo se vea afectada la calidad del servicio, sino que la inversión realizada se convierta en un gasto improductivo. Además, aunque la modernización pretende liberar a los inspectores municipales para abordar problemas de tránsito, su éxito depende enteramente del rendimiento del concesionario. Si no se cuentan con operadores experimentados en la implementación de sistemas de esta envergadura, el modelo podría quedar subutilizado y no alcanzar los estándares deseados. Otro aspecto que genera inquietud es sobre la incorporación del personal actual al nuevo sistema, lo cual es fundamental para conservar la experiencia acumulada. Sin embargo, el pliego es ambicioso y puede no permitir una transición suave. Por otra parte, el modelo propuesto para el cobro por el uso del espacio público está en debate. Algunos especialistas argumentan que debería ajustarse como una tasa bajo el Código Tributario Municipal, asegurando así un marco jurídico más sólido. Esta cuestión es crucial, ya que la forma en que se enmarca el cobro afecta directamente los mecanismos de control y los criterios de actualización. El primer valor de la hora de estacionamiento, en el 50% del precio de un litro de nafta, y las actualizaciones trimestrales según el IPC, aunque buscan adaptarse a la realidad económica del momento, también abren paso a una incertidumbre en la planificación financiera de los usuarios. Además, el esquema sancionatorio queda en manos de la empresa concesionaria, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre la transparencia y efectividad de la recaudación. La creación de una ordenanza específica es considerada por los especialistas como una medida necesaria para establecer un régimen de sanciones claro y evitar las ambigüedades en la implementación del SEM. Sin embargo, la concentración de funciones en un único operador y la dependencia de variables externas subrayan la necesidad urgente de controles estatales robustos. En resumen, aunque el SEM promete modernizar el tránsito en Paraná, sus riesgos asociados no deben ser subestimados. Sin un esquema normativo sólido y mecanismos de rendición de cuentas claros, el proyecto podría acabar derivando en una recaudación desmedida, afectando el objetivo primordial de mejorar la movilidad urbana.