Claves
- Este martes comenzó en Asunción el juicio oral y público contra el exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, y su pareja, Iara Guinsel.
- Kueider, quien llega al debate tras un año y medio de prisión domiciliaria en departamentos de alta gama en la capital paraguaya, enfrenta una posible pena de hasta dos años y medio de cárcel.
- Sin embargo, el verdadero frente de tormenta para el concordiense se encuentra en Argentina.
Este martes comenzó en Asunción el juicio oral y público contra el exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, y su pareja, Iara Guinsel.
El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás, quienes juzgan al exlegislador por tentativa de contrabando tras haber sido detenido el 4 de diciembre de 2024 intentando ingresar al país con 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y 4 millones de pesos ocultos en una mochila.
Kueider, quien llega al debate tras un año y medio de prisión domiciliaria en departamentos de alta gama en la capital paraguaya, enfrenta una posible pena de hasta dos años y medio de cárcel. Sin embargo, el verdadero frente de tormenta para el concordiense se encuentra en Argentina.
Paralelamente al proceso paraguayo, la Justicia federal y ordinaria avanzan sobre una compleja estructura de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra directamente a su círculo familiar más íntimo, empleados de confianza y prestanombres. La investigación en los tribunales argentinos, cuyo juicio fue elevado parcialmente por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sostiene que Kueider lideraba una presunta asociación ilícita orientada a canalizar fondos de origen espurio.
Para ocultar un patrimonio que no coincide de ninguna manera con sus ingresos como funcionario público, el exsenador habría montado una red societaria utilizando a sus allegados como pantallas para adquirir bienes de lujo. En el centro de las sospechas aparece la figura de su primo, un hombre de extrema confianza señalado en los expedientes como uno de los engranajes principales en el manejo de empresas de paja e inmuebles.
Las pesquisas judiciales apuntan a que este familiar directo prestaba su nombre para la compra de propiedades y vehículos que en los papeles le pertenecían, pero cuyo usufructo y control final estaban en manos del exlegislador. El expediente penal también salpica de forma directa a los hijos de Kueider.
Los peritajes contables y los cruces de información financiera detectaron movimientos de dinero y cuentas bancarias a nombre de los jóvenes que resultan injustificables debido a su falta de actividad económica formal o ingresos propios que sustenten semejante capacidad de compra. Para la fiscalía, esto configura una maniobra típica de utilización de la familia directa para el blanqueo de activos.
Finalmente, la estructura se complementaba con una red de empleados públicos, asesores de su despacho y secretarios privados. Al igual que Iara Guinsel, detenida en la frontera paraguaya, otros colaboradores de la oficina del exsenador en el Congreso de la Nación quedaron bajo la lupa judicial.
Muchos de ellos figuran como directivos o socios en firmas fantasma que, según la acusación, habrían sido creadas con el único propósito de facturar falsos servicios, justificar el cobro de retornos y desviar fondos públicos simulando actividades comerciales lícitas. El conjunto de delitos imputados a Kueider en el país incluye enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y lavado de activos.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un conflicto de competencia para definir qué juzgado unificará todo el expediente, ya que existen dos investigaciones abiertas: una en la justicia provincial de Concordia y otra en el Juzgado Federal de San Isidro.
Fue justamente la jueza Arroyo Salgado quien solicitó formalmente la extradición de Kueider a la República del Paraguay y activó en su momento el pedido de desafuero en la Cámara Alta, aprobado por una abrumadora mayoría de 60 votos a favor. Mientras en Asunción se define su suerte por los dólares de la mochila, la justicia argentina aguarda el cierre de ese proceso para sentarlo en el banquillo por presunto lavado de dinero a través de su entorno familiar.
Delta