Entre Ríos implementará medidas económicas contra padres de menores que realicen amenazas escolares

El gobierno de la provincia de Entre Ríos ha tomado la decisión de exigir a los padres o tutores de menores que realicen amenazas en escuelas el pago de los costos generados por los operativos policiales. Esta medida se enmarca dentro de un enfoque de reparación civil por daños y perjuicios que busca abordar la creciente preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos. La resolución fue acordada durante una reunión interministerial que incluyó la participación del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la Provincia, Claudio González; el Secretario de Justicia, Julián Maneiro y el Juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros. En el encuentro se discutieron las acciones legales y económicas que se llevarán a cabo contra los responsables de las amenazas, teniendo en cuenta que, al tratarse de menores, los procesos penales pueden estar limitados. Las autoridades locales argumentan que cada vez que se activa un protocolo por amenazas de bomba o tiroteo se movilizan recursos que tienen un costo significativo para los contribuyentes. En este contexto, subrayaron que el despliegue de recursos provocado por «conductas irresponsables» genera un daño patrimonial que el estado no debería tener que absorber. En cumplimiento del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad civil de los progenitores, la provincia iniciará acciones legales para recuperar los gastos de los operativos realizados. Según estimaciones de las autoridades de seguridad, los costos acumulados por estas amenazas ya superan los 250 millones de pesos. Esta cifra incluye gastos en movilización, personal especializado, brigadas de explosivos y horas de trabajo que podrían haberse destinado a tareas de prevención del delito común. Desde la mesa de seguimiento de esta problemática, que también incluye al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se hizo un llamado a las familias para que asuman un papel activo en la supervisión del uso de tecnologías digitales por parte de sus hijos. Las autoridades concluyeron que no se debe tratar las amenazas como simples bromas estudiantiles, sino como delitos penales que generan una alarmante preocupación pública y un derroche innecesario de recursos que deberían utilizarse para prevenir delitos reales.