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Claves
- Peajes provinciales La Ley N° 11280 fue promulgada, regulando la transferencia de obras y servicios públicos al sector privado.
- El texto excluye de las privatizaciones a la educación, la salud y la seguridad, mientras que la oposición mantiene fuertes críticas por el impacto económico sobre los usuarios.
- El Gobierno de Entre Ríos formalizó este miércoles, mediante la publicación en el Boletín Oficial N° 28.342, la promulgación de la Ley N° 11280 que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia.
Peajes provinciales La Ley N° 11280 fue promulgada, regulando la transferencia de obras y servicios públicos al sector privado. El texto excluye de las privatizaciones a la educación, la salud y la seguridad, mientras que la oposición mantiene fuertes críticas por el impacto económico sobre los usuarios. El Gobierno de Entre Ríos formalizó este miércoles, mediante la publicación en el Boletín Oficial N° 28.342, la promulgación de la Ley N° 11280 que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia.
Cabe recordar que la normativa recibió media sanción en la Cámara de Diputados el 17 de diciembre de 2025 y la aprobación definitiva en el Senado el pasado 21 de abril. A partir de ahora, corre un plazo de 90 días para la elaboración de la reglamentación correspondiente. La legislación autoriza al Estado Provincial a delegar en empresas privadas, mixtas o cooperativas la construcción, administración y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos.
El marco normativo se define que "las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la Provincia, sus entes descentralizados y autárquicos, se regirán por la presente ley", asignando al Poder Ejecutivo el rol de autoridad concedente. El texto legal detalla que los contratos podrán ser a título oneroso, gratuito o subvencionado. Respecto a la contraprestación económica por parte de los usuarios, la ley introduce el cobro de tarifas y peajes con limitaciones específicas.
Según escrito, "solo se podrá percibir peaje respecto de concesiones viales sobre las rutas provinciales; o nacionales si mediare previo acuerdo de concesión a favor de la Provincia".
La normativa también contempla la posibilidad de que la provincia asuma la gestión de trazas nacionales y señala que el Ejecutivo podrá "celebrar convenios con el Gobierno nacional o sus entes autárquicos o descentralizados, a fin de acordar la concesión, mantenimiento, operación, administración, explotación y/o cesión de uso de las rutas nacionales".
En tanto, para quienes evadan el pago en los puestos de control, la norma determina que el conductor "será sancionado con multa de cien (100) Unidades Fijas hasta trescientas (300) Unidades Fijas".
Como contrapartida, la ley establece un límite explícito a las privatizaciones en áreas consideradas sensibles: "Quedan expresamente excluidas de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros (...) las actividades y funciones esenciales que resulten propias, inherentes o indelegables del Estado.
A los efectos del presente, se consideran comprendidas dentro de estas actividades y funciones esenciales (...) las vinculadas a: Educación pública en todos sus niveles; a) Salud pública y servicios sanitarios esenciales; b) Seguridad pública y protección civil; c) Servicios vinculados a la administración de justicia; d) Sistema penitenciario". El proceso de sanción estuvo marcado por el disenso de los sectores de la oposición.
Durante el debate en el recinto, el bloque de senadores justicialistas advirtió sobre la falta de garantías para los ciudadanos. Desde el peronismo se propuso, sin éxito, incorporar cláusulas para que los usuarios estuvieran eximidos de pagar hasta que las obras principales estuvieran mayormente ejecutadas, prohibiendo el cobro en tramos sin mejoras reales.
"No queremos que se cobren peajes por bacheos", señalaron los legisladores del bloque, quienes además pidieron acotar las facultades de las concesionarias y evitar un endeudamiento provincial sin control. Las críticas también surgieron desde la agrupación UCR Activa que cuestionó con dureza la normativa aprobada por el Senado, afirmando que la ley encubre un "esquema de negocios" y representa un "abandono del Estado".
Según manifestaron, la nueva estructura traslada el costo del mantenimiento vial directamente a los ciudadanos mediante peajes, permitiendo que el Gobierno Nacional se desentienda de sus obligaciones de inversión en la red caminera de la provincia. Con las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, la norma ya se encuentra en vigencia, abriendo el período legal para el diseño de los pliegos licitatorios bajo este nuevo marco regulatorio. Fuente: APF.