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Claves
- Ambos mecanismos se nutren del impuesto a los combustibles líquidos con el fin específico de reparar y conservar las carreteras.
- Sin embargo, dichos recursos venían siendo derivados a instrumentos financieros en lugar de volcarse a calzadas críticas para la conectividad del país.
- Por eso, esperamos que este fallo siente un precedente para que el mismo criterio se haga extensivo al resto de los distritos y corredores del país”.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) destacó la decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos de dar curso a una acción de amparo que exige al Ministerio de Economía de la Nación conducido por Luis Caputo y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación urgente de las obras de mantenimiento e infraestructura en la red vial provincial.
El amparo, tramitado ante el Juzgado Federal de Victoria a cargo del juez Federico Martín, pone la lupa sobre la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso SIT (Decreto 976/01). Ambos mecanismos se nutren del impuesto a los combustibles líquidos con el fin específico de reparar y conservar las carreteras. Sin embargo, dichos recursos venían siendo derivados a instrumentos financieros en lugar de volcarse a calzadas críticas para la conectividad del país.
Esta medida judicial valida las reiteradas advertencias que Fadeeac viene realizando sobre el deterioro crítico de la red vial argentina y la urgencia de que los fondos generados en buena medida por el propio transporte de cargas regresen a las rutas, tal como establece la ley.
“La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”, destacó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC. Asimismo, el dirigente remarcó que la falta de mantenimiento no es una problemática exclusiva de la provincia de Entre Ríos: “El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente.
Por eso, esperamos que este fallo siente un precedente para que el mismo criterio se haga extensivo al resto de los distritos y corredores del país”. En ese sentido, Sanz hizo hincapié en el impacto directo sobre las personas y la economía: “Garantizar rutas seguras y en buen estado no es un debate de números o cuentas públicas; es un riesgo constante para la vida de todos los que transitamos por los caminos de la Argentina.
Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística. Garantizar condiciones adecuadas es una obligación prioritaria del Estado”.
En un comunicado enviado a DOS FLORINES, destacaron que, “como prueba del compromiso continuo de la institución con la seguridad vial y la profesionalización del sector”, especialistas de Fadeeac y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) relevaron entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe técnico resultante fue entregado oportunamente a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal para colaborar en la toma de decisiones.
“La red vial es el motor del aparato productivo argentino. Sin un mantenimiento adecuado y sostenido, no solo se pone en riesgo la integridad física de quienes están al volante, sino también la competitividad de las economías regionales que mueven la producción del país”, plantearon.
Desde Fadeeac ratificaron, finalmente, la “necesidad indispensable de que el Gobierno Nacional priorice la seguridad en las carreteras y destine la totalidad de los fondos viales a su fin original: garantizar rutas seguras, operativas y a la altura de lo que la Argentina necesita para desarrollarse“.