Falta de psiquiatras y desinversión: Las alarmas de ATE ante los cambios en la Ley de Salud Mental

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dio inicio este jueves al ciclo de formación "Experiencias y desafíos de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657". Con 250 inscriptos de toda la provincia, la jornada busca brindar herramientas ante un debate que Passi considera "permanente" sobre el rol del Estado y las condiciones en las que se presta el servicio de salud.

Uno de los puntos centrales de la denuncia del dirigente fue la brecha entre lo que dicta la legislación y la realidad del sector. Passi señaló que la situación de los trabajadores está marcada por bajos salarios, pocos recursos y una infraestructura que necesita una actualización urgente para cumplir con el paradigma de atención territorial.

Al respecto, el secretario de Derechos Humanos fue tajante sobre el incumplimiento del financiamiento: "La Ley Nacional de Salud Mental plantea que el 10% del porcentaje destinado a salud sea destinado a salud mental y nunca, desde el 2010 para acá, ha superado el 2%". En este sentido Passi manifestó que esta desinversión obstaculiza la creación de dispositivos como casas de medio camino o centros especializados sin internación, necesarios para superar el modelo actual basado en el encierro.

"Entre Ríos tiene cuatro hospitales monovalentes que son exclusivamente con internación, la propuesta es ir hacia un camino de trabajo con dispositivos con anclaje en la territorialidad de carácter interdisciplinario", explicó el referente gremial. Passi también expresó la profunda preocupación del gremio ante el proyecto de modificación de la ley que se debate en el Senado de la Nación.

Según el dirigente, el texto propuesto elimina el apoyo financiero directo que la ley actual menciona para las provincias, reemplazándolo por convenios vagos, y habilita nuevamente la apertura de hospitales monovalentes.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de devolver una figura "casi exclusiva" al psiquiatra en los tratamientos, algo que colisiona con la realidad operativa de la provincia: "En Entre Ríos hay 38 psiquiatras en la función pública y están renunciando en función de las condiciones que ofrece el Estado. Se pretende modificar la ley en función de que haya más necesidad de psiquiatras, por lo cual será aún más difícil generar instancias de internación y seguir tratamientos".

Para ATE, la solución no es cambiar la norma, sino implementar la ley vigente con el presupuesto correspondiente. (APFDigital)