Fiscal Federal José Ignacio Candioti: “La respuesta al narcotráfico también tiene que ser coordinada” | Análisis

El fiscal general federal Juan Ignacio Candioti defendió la solidez de la causa contra Airaldi y advirtió que el narcotráfico “está utilizando cada vez chicos de menor edad”. El juicio oral contra el productor rural Leonardo Airaldi se convirtió en uno de los procesos judiciales más trascendentes que afrontó la Justicia Federal entrerriana en materia de narcocriminalidad.

Así lo definió el fiscal general federal de Entre Ríos, Juan Ignacio Candioti, quien, en una extensa entrevista concedida al programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), sostuvo que la investigación reunió durante años pruebas provenientes de distintas Fuerzas de Seguridad, fiscales y magistrados -incluso de Santa Fe-, defendió el pedido de 14 años de prisión para el principal acusado y afirmó que el verdadero desafío frente al crimen organizado consiste en desarticular sus estructuras económicas y actuar coordinadamente entre todos los organismos del Estado.

“Es una causa muy importante por múltiples circunstancias y razones”, resumió el fiscal al explicar la complejidad del expediente. Enumeró la pluralidad de imputados, la acumulación de dos investigaciones de gran magnitud -la desarrollada en Paraná y la vinculada al secuestro de 29 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, Santa Fe- y la enorme cantidad de prueba producida durante más de cuatro meses de debate oral.

Candioti recordó que la investigación sobre Airaldi comenzó en 2019 y atravesó distintas etapas procesales bajo el control de diversos operadores judiciales. Intervinieron la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Entre Ríos y posteriormente la Policía Federal Argentina, mientras que jueces y fiscales de distintas jurisdicciones fueron confirmando, sucesivamente, la consistencia de la investigación. “Fíjense todos los operadores judiciales que pasaron y vieron de una misma manera esta cuestión”, destacó.

En ese recorrido mencionó al juez federal Leandro Ríos, a los fiscales Carlos García Escalada, Leandro Ardoy, Ricardo Álvarez y Walter Rodríguez, además del trabajo desarrollado por las tres Fuerzas de Seguridad. Incluso rechazó las versiones sobre una supuesta protección policial al imputado y resaltó que, cuando surgieron sospechas sobre un efectivo, “la Policía de Entre Ríos lo puso en consideración del juez, y esa persona hoy está sometida a proceso”.

Uno de los aspectos que más valoró durante la entrevista realizada por Daniel Enz fue el desempeño de los testigos y de los investigadores especializados. Recordó especialmente la declaración del testigo de identidad reservada, cuya protección fue garantizada por el Tribunal debido al riesgo de represalias.

En ese marco, ponderó como “muy sólido” el testimonio del comisario de la Policía Federal, Eduardo Guillermo Sidre, quien explicó por qué la investigación ubicó a Airaldi como presunto organizador de la estructura criminal. El Tribunal Oral Federal dará a conocer su veredicto el 13 de agosto. La Fiscalía solicitó 14 años de prisión, al considerar que Airaldi ocupó “el eslabón más alto en la cadena del narcotráfico”. Y agregó Candioti: “Para nosotros es una pena justa, adecuada al principio de proporcionalidad”.

Pero, el fiscal extendió el análisis mucho más allá del caso concreto. Alertó sobre el impacto social que produce el narcotráfico en los barrios y describió un fenómeno que, a su juicio, se profundizó durante los últimos años. “No nos podemos abstraer del flagelo del narcotráfico y del daño que está generando desde hace muchos años”, expresó. Luego dejó una de las definiciones más contundentes y sensibles de toda la entrevista: “Los chicos son utilizados como 'soldaditos' y cada vez con menos edad”.

Añadió que muchos niños terminan siendo también víctimas del consumo porque “los narcotraficantes les venden el estupefaciente en el barrio”. Respecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay, Candioti sostuvo que la investigación Airaldi volvió a poner de manifiesto la importancia estratégica del corredor fluvial para el transporte de drogas y consideró imprescindible reforzar los controles tanto sobre la navegación como sobre el espacio aéreo.

Aunque definió a Entre Ríos principalmente como “un lugar de paso o de tránsito”, aclaró que la provincia también registra producción y comercialización de estupefacientes, por lo que reclamó mantener investigaciones orientadas hacia las organizaciones de mayor envergadura. Otro de los ejes centrales de la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) fue la necesidad de golpear el patrimonio económico de las bandas criminales.

“Si no le sacamos los bienes, si no le decomisamos los bienes, nos vamos a quedar cortos”, afirmó al defender el pedido de decomiso de la estancia El Mirador como presunto instrumento del delito. Esa estrategia, explicó, es compartida por la Procuración General de la Nación y por especialistas de Naciones Unidas con quienes participó recientemente de jornadas internacionales sobre crimen organizado.

Finalmente, Candioti también se refirió, por primera vez en profundidad, a las amenazas que recibió antes del inicio del juicio. Admitió que afectaron a su familia, aunque prefirió mantener silencio mientras la investigación continúa en trámite. “Nos afectó, lógicamente. A mí, a mi señora y a mi madre. Pero lo dejo en manos de la Justicia”, señaló.

Lejos de presentar el episodio como un caso aislado, recordó otras amenazas sufridas por magistrados federales entrerrianos y advirtió que la protección de jueces y fiscales constituye hoy otro frente imprescindible en la lucha contra las organizaciones criminales. - ¿Se puede entender que el juicio al productor rural Leonardo Airaldi, acusado de organizar y financiar maniobras de narcotráfico tiene que estar entre los 5 juicios más complejos que tuvo usted en su historia? -Sí, sí, puede ser.

La verdad que nosotros lo dijimos en el alegato: es una causa muy importante por múltiples circunstancias y razones. Una de ellas es la pluralidad de imputados, otra de ellas es la complejidad de las actuaciones, otra es lo voluminoso del expediente, y también un tema que fue debatido y cuestionado por la defensa: y que es la acumulación. ¿En qué sentido? Para que la gente lo entienda.

Acá lo que se estaba investigando primeramente era la causa denominada Paraná, donde el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del doctor Leandro Ríos, había considerado que había una organización, un grupo de personas dedicados a la comercialización de estupefacientes, y por eso había que ir a debate. El fiscal (Leandro Aníbal) Ardoy hizo el requerimiento de elevación. Pero, a su vez se sumó la causa denominada de Santa Fe, que se habían encontrado 29 kilos de cocaína en Puerto Gaboto.

La Justicia Federal se lo atribuía también a Airaldi, entonces, por haber conexidad objetiva y conexidad subjetiva, o sea, por tratarse los dos casos de narcotráfico y conexidad subjetiva sobre la misma persona, se decidió la acumulación y que tramite ante el Tribunal en un juicio único. Entonces, esto también nos da la pauta de la magnitud de la causa y de las dos investigaciones. A nuestro criterio, la verdad que tanto una causa como la otra, tenían una entidad importante.

Nosotros resaltamos en alegato varias circunstancias. Pero, una era el hecho de que hubo una investigación primero de la Prefectura Naval Argentina determinó que estos hechos de comercio de estupefacientes presuntivamente… -Disculpe la interrupción. ¿Durante cuánto tiempo se investigó a Airaldi? -Se le investigó durante varios años. Desde el año 2019, como le decía el juez federal de Paraná, comenzó la investigación, primero con la Fuerza Federal, la Prefectura.

La Prefectura elevaba informes y esos informes eran evaluados por la judicatura, por la Fiscalía Federal. Estaba el fiscal federal García Escalada en aquel entonces, que tuvo también un papel activo en la investigación. En un momento determinado, comienza también a investigar la Policía de Entre Ríos, porque también la Policía de Entre Ríos consideró -al igual que la Prefectura- que había motivos razonables para atribuirle a Airaldi la comisión de delitos.

Y en eso había tareas de campo, había el informe de vecinos que se manifestaban preocupados por estas cuestiones. Hasta que el juez Federal -intervenciones telefónicas mediante- reunió los elementos para solicitar allanamientos, posteriormente citar a indagatoria a los imputados y decretar el procesamiento. Y esto también creo que es importante decirlo. Porque cuando el juez Federal establece el procesamiento, para que la gente lo entienda, es cuando hay probabilidad en cuanto a la comisión del delito.

Para indagar se necesita una sospecha razonable. Entonces, el juez consideró que de esa sospecha razonable se había pasado el grado de probabilidad. Y la defensa recurre ante la Cámara Federal de Paraná, y también a eso lo puse de relieve en el alegato, porque la Cámara Federal podría no haber confirmado el procesamiento, y lo hizo.

Y en la Cámara Federal, a su vez previamente, hay un fiscal que actuó en su momento, que era el fiscal Ricardo Álvarez, que yo dije, más allá de ser un estimado amigo, es un fiscal muy reconocido. Y también el doctor Álvarez pidió la confirmación del procesamiento. Y después hubo otro fiscal, porque todos sabemos, desgraciadamente, lo que sucedió con Carlos García Escalada y entonces, actuó el fiscal Ardoy, quien consideró que había elementos para elevar las actuaciones a juicio.

Entonces, digo: fíjense todos los operadores judiciales que pasaron y vieron de una misma manera esta cuestión. Fíjense que actuó, por un lado, la Prefectura Naval Argentina, por otro lado, la Policía de Entre Ríos, que actuó, y creo que actuó correctamente. Y eso también lo quiero poner de resalto, porque se decía que Airaldi actuaba con protección policial.

Cuando la Policía de Entre Ríos tuvo el dato de quién era supuestamente la persona que brindaba esa protección, lo puso en consideración del juez, y esa persona hoy está sometida a proceso. Creo que también esto es de destacar. Pero a la par, en Santa Fe, ¿quién investigaba? ¡Un juez Federal distinto a Ríos! ¡Un fiscal federal distinto a Ardoy! Y era el fiscal Walter Rodríguez, que hizo una buena investigación, y eso hay que decirlo.

Hoy Walter Rodríguez es juez federal, juró hace poco, pero en ese entonces estaba como fiscal Federal de Santa Fe e hizo una buena investigación. Y también llevó a su criterio, con intermedio de la Policía Federal Argentina, aparece, digamos, una tercer Fuerza distinta a la Prefectura y a la Policía de Entre Ríos.

Y también la Policía Federal Argentina, asistiendo al fiscal Federal Rodríguez, da todos los elementos para considerar que había responsabilidad de Airaldi y que habría ligazón entre Airaldi y los 29 kilos de cocaína encontrados en Puerto Gaboto. Por eso, nosotros decíamos la solidez de la investigación. Y después, lo que se plasmó durante estos 4 meses de juicio oral y público, donde declararon una pluralidad de testigos.

La verdad que testigos tanto de las Fuerzas de Seguridad como uno de ellos, por ejemplo, el testigo de identidad reservada. El testigo de identidad reservada… nosotros pusimos mucho énfasis en particular. Se le reservó la identidad por el Tribunal, justamente por el temor que tenía a represalias. Pero, declaró bajo juramento. Lo había hecho en la instrucción, lo hizo en el juicio oral, aportando datos concretos. - ¿Qué pasa con esos testigos en el día después?

¿Se acogen a un régimen de identidad reservada como ha pasado en otros casos? - Está bien la pregunta, es a elección de ellos.

En este caso, lo que el Tribunal presidido por la doctora (Noemí) Berros -y los dos jueces restantes también coincidieron-, es ponerle al alcance toda la protección posible; que la Policía lo custodie, que el testigo, si llega a haber cualquier circunstancia que vaya en contra de su tranquilidad o que crea que es una amenaza o una perturbación, al libre desarrollo de su vida, que lo ponga en conocimiento. -Perdón, doctor. El sistema que estab...