FRENARON EL PACTO DE IMPUNIDAD: la Justicia suspendió la audiencia de homologación del juicio abreviado a Pedro Gebhart

La escandalosa audiencia prevista para este lunes a las 10:00 horas, donde se pretendía sellar un juicio exprés para cortar el hilo por lo más delgado y salvar a los diputados Laura Stratta y Juan José Bahillo, fue suspendida sin fecha fija. El fuerte impacto negativo en la ciudadanía y la total reprobación de una sociedad harta de las prebendas obligaron al Poder Judicial a tomar nota y postergar el cerrojo de impunidad que buscaba encapsular la responsabilidad en los mandos medios.

La indignación pública y el fuerte ruido político hicieron mella en los despachos de los tribunales de Paraná. En una decisión de último momento que refleja el enorme descontento y la reprobación total de la sociedad civil, se anunció la suspensión de la audiencia prevista para este, en la cual se iba a tratar y homologar el polémico juicio abreviado a Pedro Gebhart y compañía, en el marco de la megacausa por desvío de fondos públicos conocida como los «Créditos Truchos».

Aunque oficialmente trascendió que la postergación se dio «sin fecha fija«, barajándose plazos de entre 30 días o hacia finales de mes,, en los pasillos tribunalicios es un secreto a voces que el Poder Judicial se vio obligado a tomar nota de la feroz repercusión negativa que generó la filtración del pacto de silencio.

Fuentes reservadas aseguran que los operadores judiciales y políticos involucrados intentarán ganar tiempo para patear el tratamiento de este expediente, especulando con dilatar la nueva fecha en el medio de un contexto de distracción masiva de la opinión pública, buscando que el escándalo pase completamente desapercibido.

Esta suspensión frena, al menos momentáneamente, un acuerdo exprés entre el Ministerio Público Fiscal y los imputados que pretendía consagrar penas leves de ejecución condicional para los eslabones administrativos, con el único y evidente objetivo sistémico de evitar un juicio oral y público que destape las terminales de la corrupción en los estamentos más altos del poder político santafesino y entrerriano.

El juicio abreviado que se pretendía homologar este lunes no es más que la réplica exacta de una matriz judicial ya conocida en la provincia: la teoría del encapsulamiento. Tal como ocurrió en la megacausa de los «Contratos Truchos» de la Legislatura, donde se apuntó toda la artillería contra empleados administrativos e indigentes mientras los verdaderos jefes políticos quedaron indemnes, en esta causa de los «Créditos Truchos» la estructura judicial buscaba decir «hasta aquí avanzamos, aflojemos y acordemos».

Con este cierre exprés, el principal acusado, el exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, escribano Pedro Fernando Gebhart, junto a otros administrativos del sector de Desarrollo Social, se disponían a confesar el desvío millonario de fondos públicos a través del programa Jóvenes Emprendedores. A cambio de la confesión, se les garantizaba: Penas de prisión de ejecución condicional (ninguno pisaría la cárcel). Inhabilitación para ejercer cargos públicos. El pago de una irrisoria multa en pesos.

Este esquema representa un blindaje definitivo para las máximas autoridades de la gestión anterior, desactivando una bomba de tiempo que amenaza con derrumbar el organigrama gubernamental más alto. Al aceptar estas condenas administrativas leves para los brazos ejecutores, se garantizaba la impunidad judicial del exministro y actual diputado Juan José Bahillo, y de la exvicegobernadora y actual diputada Laura Stratta, mentora, amiga entrañable y socia política directa del principal imputado, Pedro Gebhart.

El sistema de desvío ejecutado por esta banda revestía una crueldad explícita. Utilizaban los datos de personas en extrema situación de vulnerabilidad o directamente robaban identidades de ciudadanos para tramitar créditos productivos de $500.000, fondos que luego los funcionarios retenían en su totalidad o en su inmensa mayoría. Tras indagar a 150 supuestos beneficiarios, la investigación judicial determinó que solo cinco de los créditos otorgados habían sido legítimos.

A pesar de que Stratta era la cara visible que recorría los pueblos de la provincia entregando estos cheques en actos públicos de alto contenido político, la estructura fiscal prefirió mirar hacia abajo. El cerrojo al avance de la causa buscaba proteger la estrecha relación entre Stratta y Gebhart, a quien ella impulsó a ocupar el segundo cargo de mayor relevancia dentro de la cartera económica, justo por debajo de Bahillo.

Al concluir la gestión, Stratta incluso intentó blindarlo otorgándole un pase a planta permanente en el Ejecutivo y luego refugiándolo en la Cámara de Senadores con una Categoría 1 (el salario más alto del escalafón legislativo), beneficio que se mantuvo impune hasta que la actual presidenta del Senado, Alicia Aluani, siguiendo instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio, procedió a limpiar las nóminas y darlo de baja.

Esta es la segunda vez que un operador de la extrema confianza de Stratta termina contenido bajo el formato de juicio abreviado para salvarla de salpicaduras judiciales: ya ocurrió en el pasado con Joaquín Oñativia en la causa por el robo de subsidios destinados a indigentes. Llama poderosamente la atención el mutismo y la omnipotencia de los fiscales y jueces en este caso.

Mientras el gobernador Frigerio, intendentes, ministros y legisladores de todos los signos políticos se ven obligados a brindar entrevistas y responder preguntas incómodas ante la prensa, la corporación judicial se ampara en el gastado axioma de que «solo hablan por sus fallos» para no rendir cuentas públicas de por qué decidieron asfixiar una investigación de este calibre.

Ante las críticas, el sistema judicial suele responder de forma cínica que los ciudadanos desconformes pueden recurrir al juicio político o Jury de Enjuiciamiento. Sin embargo, allí es donde se devela la paradoja más perversa de la impunidad entrerriana: para que un pedido de juicio político avance en la Cámara de Diputados, se requiere indefectiblemente una mayoría calificada de dos tercios de los votos.

Como el oficialismo actual no cuenta con ese número por sí solo, necesita obligatoriamente el acompañamiento del bloque de la oposición. El círculo de la impunidad se cierra a la perfección: la presidenta del bloque de diputados del Partido Justicialista es la propia Laura Stratta, secundada por Juan José Bahillo. ¿Van a aportar ellos mismos los votos necesarios para avanzar contra los fiscales que, precisamente, diseñaron el acuerdo exprés para salvarlos? La respuesta se contesta sola.

En los mentideros judiciales y políticos de la provincia trascendió con mucha fuerza que el apuro por cerrar este pacto de silencio, y el subsiguiente escándalo que provocó la suspensión de la audiencia— radica en el contenido de las pericias técnicas.

Tras el secuestro de los teléfonos celulares de Gebhart y otros imputados, existirían registros de comunicaciones, mensajes de texto y audios cruzados que comprometerían de manera directa y severa tanto a Stratta como a Bahillo en la toma de decisiones sobre el esquema ilícito.

Esta matriz de impunidad parece registrar, además, profundas raíces familiares y comerciales, vinculadas a antecedentes del entorno de Gebhart por polémicos y millonarios negocios inmobiliarios de loteos en la zona del Acceso Norte de Paraná, causas que también terminaron empantanadas por severas influencias políticas tras detectarse la falsificación de documentación técnica y estudios de impacto ambiental.

La suspensión de la homologación del juicio abreviado abre una pequeña ventana de luz para la transparencia institucional de Entre Ríos y marca un freno temporal para el triunfo de la corporación política transversal. El debate oral y público sigue siendo la única herramienta legítima para ventilar la maquinaria de recaudación y desvío de fondos.

La sociedad entrerriana ya ha manifestado su total reprobación: ahora resta ver si la Justicia mantendrá el coraje de mirar hacia arriba o si volverá a ceder ante la comodidad de los fueros y la inmunidad de los despachos.