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Claves
- El llamado a concurso para cubrir la Fiscalía Anticorrupción vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión entrerriana: quién controla a quienes deben investigar al poder.
- Mientras la provincia enfrenta causas de enorme trascendencia institucional, el gobierno de Rogelio Frigerio avanza en un esquema que, lejos de reducir la influencia de la Procuración General, parece fortalecerla.
- La decisión de poner en marcha nuevamente el concurso para conformar la Fiscalía Anticorrupción llega en un momento particularmente sensible.
El llamado a concurso para cubrir la Fiscalía Anticorrupción vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión entrerriana: quién controla a quienes deben investigar al poder. Mientras la provincia enfrenta causas de enorme trascendencia institucional, el gobierno de Rogelio Frigerio avanza en un esquema que, lejos de reducir la influencia de la Procuración General, parece fortalecerla.
La decisión de poner en marcha nuevamente el concurso para conformar la Fiscalía Anticorrupción llega en un momento particularmente sensible. Entre Ríos todavía convive con las secuelas judiciales del escándalo de los Contratos Truchos, las derivaciones de la causa Securitas que alcanzaron a ENERSA, las denuncias sobre el funcionamiento de IOSPER y su reemplazo por OSER, investigaciones vinculadas a obra pública, contrataciones estatales y distintos expedientes que involucran el manejo de recursos públicos.
En ese contexto, la pregunta central no es quién ocupará los cargos concursados. La verdadera discusión es quién seleccionará a quienes tendrán la responsabilidad de investigar esas causas. Cuando Rogelio Frigerio asumió la gobernación prometió diferenciarse de los modelos políticos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. Habló de transparencia, institucionalidad y control. Sin embargo, a medida que avanza su gestión, algunas decisiones comienzan a mostrar una lógica diferente.
La Procuración General, encabezada por Jorge Amílcar Luciano García, emerge nuevamente como uno de los grandes centros de poder del sistema judicial entrerriano. García ha sobrevivido políticamente a todos los cambios de gobierno de las últimas décadas. Pasó el bustismo, pasó el urribarrismo, pasó el bordetismo y ahora transita sin sobresaltos la gestión de Frigerio. Mientras los gobernadores cambian, la estructura de poder construida alrededor de la Procuración permanece.
Lo que genera preocupación es que el nuevo concurso para la Fiscalía Anticorrupción parece ampliar esa influencia en lugar de limitarla. La integración de los jurados ha despertado cuestionamientos dentro y fuera de los tribunales. La objeción principal no está vinculada a la capacidad técnica de quienes participan, sino a las relaciones institucionales, funcionales y personales existentes dentro de la estructura judicial.
Si quienes intervienen en la evaluación de fiscales mantienen vínculos directos con la Procuración, o si existen relaciones personales que posteriormente pueden proyectarse sobre tribunales de revisión donde esos mismos fiscales deberán actuar, la discusión deja de ser académica y pasa a ser institucional. La independencia judicial no exige solamente ausencia de favoritismo. También requiere evitar situaciones que razonablemente generen dudas sobre la imparcialidad del sistema.
Resulta difícil explicar cómo un proceso destinado a garantizar autonomía termina incorporando actores cuya cercanía con las estructuras de poder que serán objeto de control genera interrogantes evidentes. Otro aspecto que ha generado críticas es la participación de funcionarios que ocupan cargos de menor jerarquía institucional en procesos destinados a evaluar postulantes para cargos de relevancia superior. El debate excede los nombres propios. Se trata de una cuestión de diseño institucional.
¿Es razonable que funcionarios que actúan como suplentes o que se encuentran en escalones inferiores dentro de la estructura del Ministerio Público participen en la evaluación de candidatos destinados a ocupar posiciones de mayor jerarquía o trascendencia? La pregunta no apunta a la capacidad personal de nadie. Apunta a la lógica del sistema. Los concursos deben transmitir independencia, autoridad moral y ausencia de condicionamientos. Cuando la estructura jerárquica aparece invertida, esa percepción se debilita.
La importancia del concurso no admite discusión. La Fiscalía Anticorrupción tendrá competencia sobre investigaciones vinculadas a delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, fraude estatal y otras conductas que afectan directamente al patrimonio de los entrerrianos. No se trata de un cargo menor.
Se trata del organismo que eventualmente deberá intervenir en algunas de las investigaciones más sensibles de la provincia, muchas de ellas vinculadas a estructuras políticas, administrativas y empresariales con enorme capacidad de influencia. Por eso resulta indispensable que el proceso de selección se encuentre por encima de cualquier sospecha. La paradoja política es evidente. Frigerio llegó prometiendo desmontar los mecanismos de acumulación de poder que caracterizaron a gobiernos anteriores.
Sin embargo, en uno de los concursos más importantes de los últimos años, la principal consecuencia parece ser exactamente la contraria. La estructura institucional de Jorge García sale fortalecida. La Procuración conserva capacidad de influencia. Y las futuras investigaciones sobre corrupción provincial quedarán en manos de funcionarios seleccionados dentro de un sistema cuya independencia ya es objeto de debate. La pregunta que queda abierta es sencilla.
Si la Fiscalía Anticorrupción nace bajo la influencia de las mismas estructuras permanentes que han dominado el sistema judicial durante años, ¿quién controlará realmente a quienes deben controlar al poder? Esa respuesta será mucho más importante que cualquier nombre que finalmente resulte ganador del concurso. Web: