Garay denunció amenazas de un abogado y funcionario de ENERSA - Informe Digital

El concejal y abogado Juan Martín Garay denunció penalmente por presuntas amenazas a Carlos Máximo Acosta, abogado y jefe de Legales Zona Centro Oeste de ENERSA. La presentación, radicada ante la Fiscalía, busca que se investigue un audio de WhatsApp que, según el edil, incluyó mensajes intimidatorios contra él y su entorno.

De acuerdo con la denuncia, el conflicto se desató después de una opinión pública de Garay en un contenido audiovisual difundido por el portal Uruguayenses Digital y luego replicado en redes y medios regionales. En esa intervención, el concejal cuestionó al ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, sobrino de Acosta.

Según el relato incorporado al expediente, tras esas declaraciones Garay recibió un mensaje de audio atribuido a Acosta en el que se habrían vertido amenazas vinculadas a su integridad física, su familia y su actividad laboral. El denunciante sostuvo además que el mensaje aludía al “cuarto piso”, donde funciona el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, lo que —según expuso— elevó su preocupación por un eventual cruce personal.

En la presentación judicial, Garay afirmó que las expresiones recibidas le generaron “zozobra” por “el marcado tenor violento” del mensaje y remarcó que ningún ciudadano debe quedar “en estado de indefensión y desamparo” frente a amenazas de este tipo. Como prueba, puso a disposición su teléfono celular para que el audio sea peritado y, si corresponde, desgrabado por personal especializado de la División Científica de la Policía de Entre Ríos.

Además de la denuncia penal, el concejal pidió medidas cautelares de protección. Solicitó que se disponga una restricción de acercamiento no menor a 200 metros respecto de su domicilio particular, su estudio jurídico y los lugares donde cumple funciones institucionales como integrante del Concejo Deliberante. El caso quedó encuadrado en el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que prevé penas para quien haga uso de amenazas para alarmar o amedrentar a otra persona.

La norma distingue entre amenazas simples y aquellas destinadas a obligar a alguien a hacer, no hacer o tolerar determinadas conductas. Ahora será la Justicia la que determine si los hechos denunciados configuran delito. En la presentación, Garay también incorporó referencias a la trayectoria profesional y pública de Acosta.

Señaló que, además de ejercer la abogacía y ocupar un cargo jerárquico en ENERSA, fue titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2 de Concepción del Uruguay, dependencia que luego fue intervenida por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. También mencionó su participación en espacios radiales vinculados a la política local. Para el denunciante, esos antecedentes muestran que Acosta conoce de sobra las implicancias legales de sus actos y expresiones.

En paralelo, Garay impulsó una presentación ante el Colegio de la Abogacía. Allí cuestionó la conducta atribuida a Acosta desde el plano ético y profesional, al considerar que el contenido del audio podría vulnerar las normas de convivencia y respeto que rigen el ejercicio de la abogacía. La denuncia disciplinaria apunta a que el organismo evalúe si hubo una infracción al Reglamento de Ética Profesional aplicable a los abogados matriculados.

A diferencia del expediente penal, que busca determinar si existió un delito, esa vía analiza la conducta desde el plano deontológico y profesional. Hasta ahora no trascendió una respuesta formal de Acosta sobre las acusaciones ni sobre el contenido del audio incorporado a la causa. Tampoco se informó si la Fiscalía adoptó medidas inmediatas respecto del pedido de restricción de acercamiento.

El expediente judicial y la actuación ante el Colegio de la Abogacía están en etapa inicial y serán las autoridades competentes las que definan el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades.