Claves
- “Decían que la obra social iba a colapsar, que íbamos a privatizar todos los sistemas, que íbamos a tener afiliados VIP, que se iban a cerrar sedes, y absolutamente nada de eso pasó”, afirmó.
- El funcionario admitió que aún existen dificultades en algunas prestaciones, aunque destacó que el coseguro de consulta “no se ha tocado” y actualmente es de 4.500 pesos.
- Reconoció, no obstante, que en prácticas complejas los costos resultan elevados para muchas familias.
A casi un año de la transformación del IOSPER en OSER, el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, afirmó que la entidad logró superar la crisis financiera heredada, aseguró que los prestadores cobran a los 60 días y adelantó que uno de los principales objetivos de la gestión es eliminar el sistema de reintegros para pagar directamente a los profesionales.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), García sostuvo que la obra social “venía de una obra social quebrada, en crisis” y remarcó que los pronósticos negativos que existían hace un año “no se cumplieron”. “Decían que la obra social iba a colapsar, que íbamos a privatizar todos los sistemas, que íbamos a tener afiliados VIP, que se iban a cerrar sedes, y absolutamente nada de eso pasó”, afirmó.
El funcionario admitió que aún existen dificultades en algunas prestaciones, aunque destacó que el coseguro de consulta “no se ha tocado” y actualmente es de 4.500 pesos. Reconoció, no obstante, que en prácticas complejas los costos resultan elevados para muchas familias.
“Hoy el porcentaje del coseguro de las prácticas es el 30%, que es el porcentaje que existió siempre, pero en una práctica de cierta complejidad, que tiene un costo de un millón de pesos, por ejemplo, el coseguro que tiene que afrontar el afiliado son 300 mil pesos y hoy no hay muchas familias que estén en esas condiciones”, describió. En ese marco, resaltó la existencia del fondo voluntario de la obra social, que permite cubrir algunos coseguros en prestaciones de alto costo. “Eso también trae un alivio”, indicó.
García señaló además que uno de los desafíos pendientes es modificar el esquema de contratación de prestadores médicos en la provincia. Según explicó, el sistema entrerriano está “totalmente carterizado”, con entidades que concentran gran parte de los profesionales y sanatorios. “Nos plantean que son todos o ninguno, o se aceptan 2.100 médicos o ninguno, y capaz la obra social no necesita 2.100 médicos”, cuestionó.
En ese sentido, consideró necesario “desanudar esa situación” para que la obra social tenga “margen de acción para gestionar”. También sostuvo que la fuerte estructura gremial de las entidades médicas limita las posibilidades de negociación. “Hoy hay una Federación Médica de Entre Ríos muy fuerte, y nosotros nos vemos obligados, o conveniamos con la FEMER o nos quedamos sin médicos”, explicó.
Pese a ello, confirmó que la obra social renovará el convenio con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), que vence el 31 de mayo. Destacó además el trabajo conjunto realizado para ordenar el nomenclador de prestaciones. “Se hizo un ordenamiento de ese nomenclador, se recodificaron las prácticas, se excluyeron prácticas que eran muy dañinas para la obra social en cuanto a lo económico financiero y se incluyeron otras prácticas que no estaban incluidas en los convenios anteriores”, detalló.
Respecto de las críticas por supuestas demoras en autorizaciones, García rechazó que existan trámites que se extiendan durante semanas de manera habitual. “Eso no es así, lo desmiento categóricamente. Cuando hay un caso de una práctica que tiene una demora de 15 días es por una práctica muy compleja o con una derivación fuera de la provincia”, afirmó. En ese contexto, destacó la implementación de la plataforma digital Mi OSER, mediante la cual actualmente “se autogestionan 1.100 consultas por día”.
Según explicó, los trámites sin auditoría previa se autorizan en 24 horas y aquellos que requieren revisión médica tienen una demora promedio de 48 horas. Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado al sistema de reintegros, especialmente en prestaciones vinculadas a discapacidad y tratamientos especiales. García sostuvo que la intención de la obra social es abandonar ese mecanismo. “No queremos tener más un sistema de reintegro. La obra social procesa más de 10.000 reintegros mensuales”, aseguró.
En relación con las prestaciones fonoaudiológicas, indicó que actualmente no existe convenio institucional con los profesionales y reconoció que esa es “otra tarea pendiente”. Aclaró además que los reintegros siguen el mismo esquema de pagos que el resto de los prestadores. “Todos los prestadores cobran a los 60 días. Y una vez que empezó la cadena de cobrar a los 60 días, el primer mes tuvo que esperar dos meses, pero después cobra todos los meses”, explicó.
Asimismo, negó que existan demoras generalizadas de ocho meses para cobrar reintegros. “Hay que ver con qué grado de orden presentó todos los papeles. Si no está el trámite completo, sí va a demorar”, aclaró. Sobre las prestaciones de psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional, reiteró la necesidad de modificar el esquema actual. “No puede ser que el familiar de una persona con discapacidad termine trabajando para la obra social”, cuestionó.
“Hay que eliminar ese sistema, pagarle directo al prestador y sacar esa carga administrativa a la familia”, agregó. Por otra parte, García destacó la apertura de consultorios odontológicos propios de la obra social en distintas localidades. Informó que ya funcionan en Federal y Feliciano, mientras avanzan las instalaciones en Villaguay y otras ciudades.
“Hace un año decían que la obra social iba a cerrar prácticamente y hoy por primera vez en la historia, la obra social provincial tiene prestadores propios, con consultorios propios”, subrayó. Finalmente, valoró el funcionamiento del directorio de la entidad y destacó el trabajo conjunto con los representantes de UPCN y AGMER. “El directorio hoy funciona como un equipo de trabajo”, aseguró.
Y concluyó: “El próximo 9 de junio cumple un año la entrada en vigencia de la ley 11.202 y tenemos una obra social que supo administrar una crisis, que supo ordenar los números, que se acomodó en lo institucional y que está proyectando”.
Delta