Delta
Claves
- La apertura de la investigación, impulsada por la fiscal auxiliar Nº2 Dra.
- Como parte de las medidas procesales, la Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el predio ubicado en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 14.
- Se sospecha que los animales podrían haber sido vendidos mediante maniobras irregulares, adulterando documentos, guías de traslado apócrifas y planillas simuladas del órgano de sanidad agroalimentaria Senasa y Fucofa.
La Unidad Fiscal de Colón inició una investigación penal preparatoria contra un conocido médico veterinario de esa localidad, por los presuntos delitos de defraudación por retención indebida y administración fraudulenta de más de 500 animales que habían sido entregados producto de un contrato de capitalización.
La causa se originó tras una denuncia efectuada en marzo pasado por la firma damnificada, Arroyo Carqueja SA, al reportar la desaparición de un lote de vacunos que se encontraba bajo custodia y administración del veterinario, en un establecimiento rural ubicado en la zona de Colonia Mabragaña, departamento Colón. La apertura de la investigación, impulsada por la fiscal auxiliar Nº2 Dra.
María Noelia Batto, se inició debido a que el denunciado había recibido 537 bovinos y a finales del 2024 habría interrumpido la rendición de cuentas, negándose a restituir a la empresa propietaria la hacienda y las crías producidas. Los registros ante Fucofa muestran una inconsistencia crítica: mientras en diciembre de 2024 figuraban 517 animales, para mayo de 2025 el veterinario había declarado una "existencia cero" sin ningún tipo de documentación que avale ventas ni traslados de los animales.
Como parte de las medidas procesales, la Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el predio ubicado en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 14. Asimismo, se solicitaron informes al Senasa y a la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos para verificar si existieron fenómenos climáticos que pudieran justificar técnicamente una mortandad masiva, o si se utilizaron guías de tránsito electrónico para desviar la hacienda sin consentimiento del propietario.
Desde la investigación se busca esclarecer si el ganado fue derivado a otros establecimientos, frigoríficos, carnicerías o sociedades familiares vinculadas al denunciado o a circuitos comerciales de la zona sin la debida autorización, afectando el patrimonio de la empresa perjudicada y la transparencia del mercado rural.
Se sospecha que los animales podrían haber sido vendidos mediante maniobras irregulares, adulterando documentos, guías de traslado apócrifas y planillas simuladas del órgano de sanidad agroalimentaria Senasa y Fucofa. Este proceso tiene un impacto directo en la seguridad jurídica del sector productivo de Entre Ríos, al poner a prueba los sistemas de control ganadero y la trazabilidad de la hacienda en la región.
Al respecto, el apoderado legal de Arroyo Carqueja SA, el abogado Fernando Zubillaga, confirmó a este medio que la empresa se presentó como querellante particular en el expediente iniciado por el presunto delito de “defraudación por retención indebida o administración fraudulenta”, que prevé penas de un mes a seis años de prisión. “El perjuicio para la empresa supera los 700 millones de pesos.
El denunciado firmó contratos en representación de una sociedad familiar relacionada con dos locales comerciales, ubicados en el centro de la ciudad, por lo que instaremos la investigación a fin de que se determine la ruta del dinero ante una eventual venta de los animales”, afirmó el letrado. Además, remarcó que “hasta ahora no brindó explicación ni información sobre el destino de la hacienda, tampoco ofreció reparación económica”.
Por su parte, el socio y presidente de Arroyo Carqueja SA, Alfredo Gambaro, sostuvo que “fuimos víctima de una maniobra de estafa donde hicieron desaparecer cerca de 520 animales y 120 crías de terneros, confiamos en la justicia para que se esclarezca de manera rápida y contundente que pasó con los mismos".
Según fuentes judiciales consultadas, en paralelo a la causa penal existen otros expedientes judiciales que se tramitan ante los juzgados Civil y Comercial Nº1 y N°2 de Colón, como en el Nº5 de Concordia, por reclamos contra el mismo veterinario por deudas que superan los 500 millones de pesos producto de incumplimientos contractuales y títulos ejecutivos no abonados.
La denuncia penal se mezcla con negocios agropecuarios irregulares en tensión con sociedades familiares discutidas, acusaciones cruzadas y una operatoria de cuyos alcances se encuentran bajo investigación judicial. La causa que se investiga en Entre Ríos tiene al menos un antecedente, con el reciente fallo de la Justicia de la provincia de Corrientes que condenó a un productor rural por la desaparición de casi 2.000 cabezas de ganado.
El Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, imputó a Rómulo Augusto Bobbio por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Landver SA, y determinó que el daño económico provocado asciende a US$1,7 millones. El hecho se remonta a 2020 y ocurrió en el departamento correntino de Curuzú Cuatiá.
La causa calificada como “administración fraudulenta”, fue impulsada por la denuncia de la empresa damnificada y respaldada por una extensa producción probatoria, por la cual se determinó que Bobbio, como administrador de la hacienda, habría desviado y vendido los animales sin autorización ni rendición de cuentas.
La investigación avanzó con declaraciones de peones, transportistas, funcionarios del Senasa y arrendatarios y se comprobó que el imputado había creado documentos de traslado falsos, simulaba operaciones que nunca existieron y luego hacía desaparecer esa documentación. Así evitaba controles policiales. Nadie pudo determinar a dónde fue a parar la hacienda. La vendió sin dejar rastros.
La similitud entre ambos casos radica en la metodología de la supuesta maniobra: la existencia de contratos de capitalización de hacienda y la administración fraudulenta por parte de la persona denunciada sin rendir cuentas ni haber sido autorizado para la venta en beneficio propio.
En otro hecho que involucra una metodología de estafa similar, la Justicia de Villa Constitución imputó al productor agropecuario, Nicolás Coscia, por haber dispuesto ilegítimamente de 161 bovinos de Bruno Riboldi, conocido como La Joya Agro. La causa investiga una maniobra con documentación de tránsito y abuso de confianza, aunque la mayor parte de la hacienda fue recuperada.
El acusado habría aprovechado una relación comercial previa y la confianza depositada en él para mover, vender y dar apariencia de legalidad a una maniobra que terminó con 161 bovinos fuera del establecimiento donde estaban alojados y en manos de terceros compradores. Según la imputación, para concretar esa disposición se gestionó la emisión y utilización de Documentos de Tránsito electrónico (DT-e) ante Senasa, en los cuales el imputado no tenía facultades para disponer de esos bienes.
La maniobra, tal como fue descripta por el fiscal, no solo habría implicado el movimiento irregular del ganado sino también la construcción de una apariencia de legitimidad mediante el uso de documentación oficial. Los bovinos fueron finalmente localizados y recuperados gracias a las marcas y señales identificatorias. Para la imputación, el perjuicio patrimonial existió al momento mismo de la disposición y del traslado, con independencia de que después los animales hayan sido recuperados.
Esa precisión no es menor: la Fiscalía ubica el daño en la pérdida de disponibilidad y en el desapoderamiento ilegítimo, aun cuando parte del stock regresó luego a manos de su titular.