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Claves
- Como parte de las medidas procesales, la Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el predio ubicado en el kilómetro 172 de la ruta nacional 14.
- Se sospecha que los animales podrían haber sido vendidos mediante maniobras irregulares, adulterando documentos, guías de traslado apócrifas y planillas simuladas del órgano de sanidad agroalimentaria Senasa y Fucofa.
- Este proceso tiene un impacto directo en la seguridad jurídica del sector productivo de Entre Ríos, al poner a prueba los sistemas de control ganadero y la trazabilidad de la hacienda en la región.
La causa se originó tras una denuncia efectuada en marzo pasado por la firma damnificada, Arroyo Carqueja SA, al reportar la desaparición de un lote de vacunos que se encontraba bajo custodia y administración del profesional, en un establecimiento rural ubicado en la zona de Colonia Mabragaña.
La apertura de la investigación, impulsada por la fiscal auxiliar Nº 2, María Noelia Batto, se inició debido a que el denunciado había recibido 537 bovinos y a finales del 2024 habría interrumpido la rendición de cuentas, negándose a restituir a la empresa propietaria la hacienda y las crías producidas.
Los registros ante la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) muestran una inconsistencia crítica: mientras en diciembre de 2024 figuraban 517 animales, para mayo de 2025 el veterinario había declarado una “existencia cero”, sin ningún tipo de documentación que avale ventas ni traslados de los animales. Como parte de las medidas procesales, la Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el predio ubicado en el kilómetro 172 de la ruta nacional 14.
Asimismo, se solicitaron informes al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos para verificar si existieron fenómenos climáticos que pudieran justificar técnicamente una mortandad masiva, o si se utilizaron guías de tránsito electrónico para desviar la hacienda sin consentimiento del propietario.
Desde la investigación se busca esclarecer si el ganado fue derivado a otros establecimientos, frigoríficos, carnicerías o sociedades familiares vinculadas al denunciado o a circuitos comerciales de la zona sin la debida autorización, afectando el patrimonio de la empresa denunciante y la transparencia del mercado rural.
Se sospecha que los animales podrían haber sido vendidos mediante maniobras irregulares, adulterando documentos, guías de traslado apócrifas y planillas simuladas del órgano de sanidad agroalimentaria Senasa y Fucofa. Este proceso tiene un impacto directo en la seguridad jurídica del sector productivo de Entre Ríos, al poner a prueba los sistemas de control ganadero y la trazabilidad de la hacienda en la región.
Al respecto, el apoderado legal de Arroyo Carqueja SA, el abogado Fernando Zubillaga, confirmó que la empresa se presentó como querellante particular en el expediente iniciado por el presunto delito de “Defraudación por retención indebida o administración fraudulenta”, que prevé penas de un mes a seis años de prisión. “El perjuicio para la empresa supera los 700 millones de pesos.
El denunciado firmó contratos en representación de una sociedad familiar relacionada con dos locales comerciales, ubicados en el centro de la ciudad, por lo que instaremos la investigación a fin de que se determine la ruta del dinero ante una eventual venta de los animales”, afirmó el letrado. Además, remarcó que “hasta ahora no brindó explicación ni información sobre el destino de la hacienda, tampoco ofreció reparación económica”.
Por su parte, el socio y presidente de Arroyo Carqueja SA, Alfredo Gambaro, sostuvo que “fuimos víctima de una maniobra de estafa donde hicieron desaparecer cerca de 520 animales y 120 crías de terneros, confiamos en la justicia para que se esclarezca de manera rápida y contundente qué pasó con los mismos”.
Según fuentes judiciales consultadas, en paralelo a la causa penal existen otros expedientes judiciales que se tramitan ante los juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 2 de Colón, como en el Nº 5 de Concordia, por reclamos contra el mismo veterinario por deudas que superan los 500 millones de pesos producto de incumplimientos contractuales y títulos ejecutivos no abonados.
La denuncia penal se mezcla con negocios agropecuarios irregulares en tensión con sociedades familiares discutidas, acusaciones cruzadas y una operatoria de cuyos alcances se encuentran bajo investigación judicial. Fuente: Elonce.