Irregularidades en PAMI: Dudas sobre la efectividad de los nuevos controles

La reciente auditoría interna del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) ha destapado un alarmante esquema de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas. Karina Bernardi, directora de la UGL XXXIV del PAMI en Concordia, ha reconocido que, aunque los nuevos controles buscan mejorar la situación, los resultados son poco alentadores, revelando una problemática que se repite en distintas jurisdicciones del país. Bernardi explicó que la información sobre estos fraudes fue filtrada y que el informe refleja una realidad conocida desde diciembre del año pasado. Sin embargo, su defensa de la obra social plantea una incómoda paradoja; a pesar del supuestos esfuerzos por optimizar los mecanismos de auditoría, la realidad sugiere que estos no son efectivos, ya que es imposible auditar permanentemente a una red tan vasta de prestadores sin suficientes recursos humanos. El asunto se complica aún más al considerar que, según el propio relato de la directora, algunos prestadores informan más atenciones de las reales, lo que pone en tela de juicio la fiabilidad del sistema de auditorías en su conjunto. En Entre Ríos, se han detectado sobrefacturaciones y otras irregularidades en ópticas asociadas a mutuales sindicales, pero esto solo representa una pequeña parte de un problema mucho más grande que afecta el manejo financiero del PAMI. La advertencia de Bernardi acerca de que el sistema debe cambiar para evitar que los afiliados, quienes ya atraviesan situaciones económicas complicadas, sean víctimas de abusos, resuena con fuerza. Sin embargo, la falta de acciones concretas que garanticen un control efectivo puede deslegitimar los esfuerzos por erradicar estas prácticas. La necesidad de asegurarse del cumplimiento de los contratos con prestadores es urgente, y no se puede pasar por alto que muchos afiliados sienten que, en lugar de recibir atención digna, están expuestos a cobros indebidos. El discurso en torno al maltrato y al cobro de plus también genera dudas. Bernardi mencionó que los afiliados deben denunciar estas prácticas, pero se podría argumentar que estas instancias no son suficientes si no hay un marco de protección real para los pacientes. Una auditoría que llega tarde no ayuda a erradicar la impunidad que puede existir en el sistema de salud. Por último, se plantea una cuestión crítica: si está a la vista que los desvíos y fraudes persisten, ¿qué medidas adicionales se implementarán para garantizar que los recursos de la obra social se utilicen de manera justa y eficiente? La población jubilada y pensionada merece respuestas, sobre todo cuando el sistema de salud debería ser un pilar en su calidad de vida, y no una fuente de angustia o inseguridad. La sensación de que el control se realiza solo después de que se detectan irregularidades es una alarma que no puede ser ignorada, y la intervención de la justicia queda como un último recurso para que se rinda cuentas.