Juan Ignacio Lazzaneo: “La representación gratuita no deja afuera a las víctimas” | Análisis

Juan Ignacio Lazzaneo, al momento de la entrevista en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Juan Ignacio Lazzaneo, actual juez de Ejecución de Penas de Concordia y recientemente designado Defensor Público de Víctimas en Entre Ríos, explicó en el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7) los alcances de la nueva función federal, el tipo de casos en los que intervendrá y la importancia de garantizar representación gratuita a víctimas en situación de vulnerabilidad.

La designación fue formalizada por el Poder Ejecutivo nacional a través del Boletín Oficial y marca la puesta en marcha de una figura novedosa en la provincia. Lazzaneo señaló que las defensorías públicas de víctimas fueron creadas a partir de la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Víctimas del Delito, sancionada en 2017 y reglamentada luego en el ámbito de la Defensoría General de la Nación.

Sobre el origen y objetivo del cargo, explicó: “A raíz de esa ley y su decreto reglamentario se crean, en el marco de la Defensoría General de la Nación, defensorías públicas de víctimas, justamente para asesorar y representar a víctimas del delito en forma gratuita, con ciertos parámetros fijados por la Defensoría General, sobre todo la situación de vulnerabilidad y los pocos recursos económicos para afrontar un proceso penal”.

Lazzaneo indicó que se dispuso una Defensoría de Víctimas por provincia y que, si bien el concurso para Entre Ríos se había iniciado años atrás, el cargo permanecía vacante. “Esto fue en 2018: se llamó a concurso desde la Defensoría General, pero los concursos quedaron desiertos. Ya en otras provincias hay defensores de víctimas, por ejemplo, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa y Santa Fe. De a poco se han ido cubriendo estas defensorías públicas de víctimas”, precisó.

Al diferenciar su futura tarea de la del Ministerio Público Fiscal, aclaró que el fiscal representa intereses generales de la sociedad, mientras que la defensoría se enfocará en la víctima concreta. “Yo tendré la posibilidad de querellar como un querellante particular que puede intervenir en los procesos penales, independientemente del Ministerio Público Fiscal. Es decir, represento realmente los intereses de la víctima”, sostuvo.

En esa línea, agregó que pueden existir diferencias entre la estrategia de la Fiscalía y la voluntad de la víctima: “El Ministerio Público Fiscal podría no coincidir con los intereses de la víctima o con hasta dónde llegar en la persecución penal. Incluso podría apartarse de la acusación y la querella particular continuar. Esa es una de las diferencias con el órgano acusador público. Yo persigo el interés netamente de la víctima”.

Consultado sobre el tipo de casos que podrían llegar a la Defensoría, Lazzaneo mencionó como principales los delitos federales con víctimas directas, especialmente la trata de personas. “La provincia de Entre Ríos, por su extensión, es un escenario donde los mayores casos que se podrían encontrar son de Trata de personas, con cualquiera de las dos finalidades: explotación sexual o explotación laboral. Creo que ese será el mayor índice de casos que va a recepcionar la Defensoría Pública de Víctimas”, afirmó.

También señaló que podrían intervenir en delitos comunes ocurridos en escenarios federales, como dependencias de fuerzas nacionales o universidades nacionales, y en situaciones de especial vulnerabilidad. “La Defensoría General reconoce que, en aquellos casos donde la especial situación de vulnerabilidad de la víctima podría hacer llegar a que haya responsabilidad internacional por parte del Estado, también existiría la posibilidad de intervenir”, explicó.

Sobre la modalidad de intervención, remarcó que no será automática, sino a pedido de la víctima. “Los defensores de víctimas intervenimos en la medida en que la víctima quiera ser representada o bien no tenga los recursos económicos para afrontar un proceso y quiera tener una representación legal”, puntualizó. Otro aspecto central será la participación en salidas alternativas del proceso penal y en los reclamos de reparación económica.

“Se ha hecho mucho hincapié en la participación de la defensa de víctimas en un juicio abreviado, que no sólo abarcaría la discusión sobre el monto de la pena, sino también qué indemnización corresponde. Como uno tiene atribuciones de querellar, también tiene la posibilidad de constituirse como actor civil y reclamar, en el ámbito de un proceso penal, una indemnización por reparación integral de los daños ocasionados”, detalló.

En ese sentido, recordó que en Entre Ríos ya hubo intervenciones de la defensa pública en representación de víctimas y citó casos vinculados a explotación laboral. “Más allá de una persecución penal puntual o de reclamar una pena determinada, la función del defensor o defensora de víctimas también va a tener esto de poder conseguir una reparación sustentable por parte de los agresores o explotadores hacia las víctimas”, expresó.

Lazzaneo fue consultado además sobre la posibilidad de trasladar esta figura al ámbito provincial. Si bien advirtió que sería necesario modificar tanto el Código Procesal Penal como la ley del Ministerio Público, consideró que podría pensarse para delitos graves y situaciones de vulnerabilidad. “Yo creo que podría haber defensorías públicas provinciales, pero habría que modificar no solamente el Código de Procedimiento, sino también la Ley del Ministerio”, planteó.

Para el flamante funcionario federal, la discusión está ligada al acceso efectivo a la Justicia. “Aquí entran en juego cuestiones netamente convencionales. Hablo del Pacto de San José de Costa Rica: el artículo 25 habla de cualquier persona que intente un recurso o quisiera recurrir ante órganos judiciales, y el artículo 8 habilitaría que cualquier persona pueda querer discutir o reclamar ante un tribunal y ser defendida.

A partir de allí surge la garantía esencial de este rol: la posibilidad de acceso a justicia”, sostuvo. También vinculó la figura con la necesidad de no dejar sin representación a quienes carecen de recursos. “Una representación gratuita viene a no dejar por fuera a personas que también tienen derecho a recurrir ante la Justicia. En la Justicia Federal, salvo en los casos de Trata, abuso sexual, violencia de género en escenarios federales o violencia institucional, muchas veces no hay una víctima física directa.

En cambio, en la Justicia provincial, con homicidios, abusos sexuales o violencia de género, las cifras son altas como para pensar una representación por fuera del Ministerio Público Fiscal”, analizó. En otro tramo de la entrevista, Lazzaneo reflexionó sobre el rol del sistema penal en un contexto de discursos punitivistas: “El proceso penal es un proceso de última ratio, o debería ser así. Las intervenciones penales deberían darse cuando el conflicto no pudo resolverse de otra manera.

Ese es un principio general del derecho penal”, afirmó. Al hablar de los factores que inciden en la conflictividad social, puso el foco en el consumo problemático de sustancias: “Es un tema central que uno ve atravesado no solamente en la población más vulnerable en términos económicos.

En la población que abarco con la ejecución de la pena, en un 80% me animaría a decir que hay consumo problemático de alcohol o estupefacientes, lo que ha posicionado a muchas personas en una situación de mayor vulnerabilidad para cometer determinados delitos”. Un informe oficial revela cuánto recauda la Nación en Entre Ríos, quiénes reciben beneficios fiscales, qué controla en la frontera y qué causas penales impulsa ARCA.

La información, obtenida por ANÁLISIS vía acceso público, combina datos inéditos y negativas por secreto fiscal, exponiendo tanto la actividad como las áreas que el organismo reserva.