La «causa de la vaca» y el decomiso al cuñado Aguilera

La causa está caratulada con el número 4.385 pero mediáticamente se conoció como “la causa de la vaca”, y ese apodo sirvió para explicar de mejor manera de qué modo operó el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, que llevaron a la cárcel al exgobernador Sergio Urribarri, a su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

En esa investigación, la que investigó el reparto discrecional de la publicidad estática en vía pública durante el urribarrismo, la Justicia ordenó el decomiso de bienes muebles e inmuebles que pertenecen, hasta el momento, a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada.

El Ministerio Público Fiscal solicitó, y la Justicia hizo lugar, el decomiso de los siguientes inmuebles: a) inmueble ubicado en calle Racedo 415, de Paraná, partida provincial Nº101426651, partida municipal Nº 63031, matrícula 144102; b) inmueble ubicado en calle Racedo 409, de Paraná, partida provincial Nº1015028249, partida municipal Nº14909, matrícula 144101; de los siguientes vehículos: a) motovehículo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100; b) vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D; y c) vehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business; y de otros bienes muebles de la empresa: un CPU marca Bangkok color negro, de 4gb de memoria, procesadora AMD Penton II X2 545, procesador 360 GHZ; un cpu de 4 gb, procesador intel pentium CPG 645 290 GHZ; un plotter de impresion marca Bili neotitan 2504 DW2D; un cpu marca optiplex 390 de 8 gigabytes, procesador intelcore I32120 cpu 330GHZ330GHZ; un cpu marca data vision modelo DT 912; un cpu marca dell optiplex 7010 Nº0F4X5W129213428753; cpu marca dell optiplex 7010 Nº JF6BSW142277288689; un cpu marca HP proliant ML110; un cpu marca HP proliant ML110GT; un cpu marca datavision Nº de barra DT520B0011071001202; un cpu marca Dell NºX14397060015411413200798; un cpu marca datavision NºDT912030110310001182; un cpu marca data vision Nº DT 520B0011031001041; una computadora all in one modelo lite E191219365P, serie Nº0800942001001020 marcar Bangock; un cpu marca lenovo Nº de serie 11530552900105BK1KT; una computadora all in one marca Apple, pantalla plana con su correspondiente teclado y mouse de la misma marca.

El puzzle De las cinco causas penales que conformaron el Megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri -proceso que se inició el lunes 27 de septiembre de 2021-, una se destacó por el nombre hilarante que adquirió conforme fue avanzando la investigación en Tribunales. Se llamó, sin demasiada solemnidad, «La causa de la vaca», y esa denominación tuvo una explicación.

“La causa de la vaca” tuvo que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias.

La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el exjuez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el entonces fiscal y hoy juez de juicio Santiago Brugo empezó a proyectar imágenes. Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles.

Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad.

Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, las empresas del cuñado de Urribarri, Tep SRL, Next SRL Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez. Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales.

La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo resultó sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el entonces fiscal Brugo en aquella audiencia ante el exjuez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos. “Siempre está la misma vaca.

Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.

No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles.

Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyeron al cuñado del exgobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.

La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entendieron los fiscales. El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.

Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional.

Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública. Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay.

El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

Un exgobernador, en el banquillo por una vaca La condena La piedra basal de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al dos veces gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri y a otros 12 imputados a partir del 27 de septiembre de 2021 y que concluyó, el 7 de abril de 2022, con la lectura del adelanto de sentencia, la abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble hallado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas.

El exgobernador resultó con una pena de 8 años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participacion en cinco grandes causas de corrupción.

Después, una segunda certeza: que las empresas Tep SRL y Next SRL «fueron creadas en el año 2009; Tep el 31/01/2009, con una participación del 90% de (Emiliano) Giacopuzzi y el 10% de Luciana Almada (esposa de Aguilera), con un capital de $12.000 integrado en 120 cuotas iguales, y la empresa Next el 26/01/2009 con una integración idéntica a la de Tep, $12.000 de capital con 120 cuotas iguales y con una participación de (Maximiliano) Sena del 90% y Alejandro Almada (cuñado de Aguilera) del 10%».

Y «se ha probado plenamente que estas dos empresas son producto de la escisión de la firma 5 Tipos”. Otra conclusión es que «Juan Pablo Aguilera formaba parte de la precursora empresa 5 Tipos, ya que desde esos inicios figuraba mencionado en carácter de ´Gerente´.

Es decir, que Aguilera ya se desempeñaba con anterioridad a la creación de Tep y Next en este rubrocomercial en el ámbito privado, desvirtuando así la afirmación de su pareja Luciana ALMADAen el debate cuando declaró que tenía la ilusión de atraerlo a la faz privada para que se alejara de la política, pero que no había tenido éxito».

«Coincido con la Fiscalía que no es casual que la creación de las sociedades Tep yNext durante el año 2009 sea coincidente con la designación de Aguilera en el año 2007 en la planta permanente del Senado de la Provincia (…), lo cual traía como consecuencia para Aguilera la prohibición de ´asociarse, dirigir, administrar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o explotenconcesiones o privilegios de la Administración Pública provincial o que sean proveedores o contratistas de la misma´, por las incompatibilidades propias de su calidad de funcionario o empleado del Estado provincial».

Megajuicio: las pruebas que condenaron a Urribarri Aguilera, «el verdadero dueño» El tribunal, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, que falló de forma unánime, anotó un dato: «Es evidente que no podía (Aguilera) figurar como titular de estas empresas y debía mantenerse oculto, haciendo aparecer como socios a sus amigos, su pareja y el hermano de ésta», en referencia a Giacopuzzi, Sena, Luciana Almada y Alejandro Almada.

El fallo señala que «las declaraciones concordantes de Giacopuzzi y Sena al ejercer sus respectivas defensas materiales, en el sentido de que ellos tuvieron en cuenta para apostar al crecimiento de su negocio de publicidad e imprenta, el vínculo de amistad que tenía desde niños con Juan Pablo Aguilra, los contactos que éste tenía y la cada vez mayor relevancia que adquiría con la asunción de Urribarri, en realidad pone en evidencia y debe trasladarse a la situación de privilegio en la que se encontraba el propio Aguilera.

Y si bien Giacopuzzi y Sena en esa oportunidad negaron ser testaferros de su amigo de la infancia, esta negativa se da de bruces con la abundante información...