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Claves
- La Corte Suprema desactivó el intento del Gobierno de apartar a todos los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas.
- El fallo le pone un freno a la estrategia oficial para demorar una definición sobre la ley universitaria y llega en medio de la presión de docentes, autoridades y organizaciones de derechos humanos.
- La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795), que el Gobierno se resiste a aplicar.
La Corte Suprema desactivó el intento del Gobierno de apartar a todos los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. El fallo le pone un freno a la estrategia oficial para demorar una definición sobre la ley universitaria y llega en medio de la presión de docentes, autoridades y organizaciones de derechos humanos.
La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795), que el Gobierno se resiste a aplicar. Javier Milei firmó el decreto 759/2025 para postergar su cumplimiento hasta que se definan fuentes específicas de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo contra esa decisión y obtuvo una cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo pagar lo adeudado a universidades y docentes, según publicó Página/12.
La medida fue dictada por el juez Martín Cormick, el mismo magistrado que declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Luego, la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán, confirmó esa decisión. El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema y, en paralelo, planteó recusaciones contra los magistrados que intervienen en el expediente.
A Cormick lo cuestionó por dictar clases en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz. A Fernández, por su docencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También pidió apartar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con el argumento de que los tres ejercen la docencia universitaria.
El planteo coincidió con clases públicas en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, donde docentes y autoridades universitarias reclamaron una definición urgente. En una resolución firmada por sus tres integrantes, el máximo tribunal recordó que las recusaciones tienen carácter restrictivo porque implican sustraer una causa de su juez natural. Con ese criterio, rechazó los planteos del Gobierno y ratificó la intervención de Cormick y de los camaristas.
Para la Corte, que un juez sea docente universitario o incluso cobre un salario por esa tarea no alcanza para presumir un interés personal en el resultado del pleito. Por esa misma razón, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti descartaron excusarse del expediente, según confirmaron fuentes tribunalicias citadas por Página/12.
El 1° de junio se incorporó al expediente una carta enviada por Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, en la que más de 4700 personalidades y organizaciones pidieron a la Corte que no demore el tratamiento del caso. “Esta Corte tiene la oportunidad de reafirmar que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos.
La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, sostiene el texto.
Entre los firmantes figuran los jueces Alejandro Slokar y Daniel Rafecas, además de juristas y académicos como Andrés Gil Domínguez, Francisco Verbic, Gabriel Ignacio Anitua, Gustavo Arballo, Horacio Corti, Laura Clérico, Luis Niño, Manuel Garrido, Marcelo Raffin, Diana Maffia, Dora Barrancos, Marisa Herrera, Pedro Caminos, Roberto Gargarella y Valeria Thus, entre otros.