La creciente litigiosidad en Riesgos del Trabajo en Entre Ríos genera preocupación entre aseguradoras

Un reciente fallo judicial en Entre Ríos, cuya indemnización supera los 613 millones de pesos, está generando preocupación tanto en el sector asegurador como en el ámbito legal. La resolución ha reavivado un debate sobre la litigiosidad en el sistema de Riesgos del Trabajo, ante lo que se considera una alarmante 'inseguridad jurídica' en la provincia. El caso se centra en un conductor de camiones al que se le reconoció una incapacidad del 70%. Sin embargo, esta cifra fue determinada a partir de la metodología del baremo Altube-Rinaldi, en lugar de seguir el protocolo establecido por la normativa específica del sistema, que es el Decreto 659/96. Esta elección ha suscitado críticas, ya que prescinde de los procedimientos exigidos para la valoración de incapacidades. Además, la sentencia en cuestión incluye conceptos por incapacidad y daño moral, así como daños punitivos, una inclusión que ha generado controversias. Desde el sector asegurador se cuestiona que el fallo aplique la Ley de Defensa del Consumidor a un ámbito que tradicionalmente se rige por la legislación de Riesgos del Trabajo. Esta aplicación de normas ajenas al esquema de Seguridad Social es vista como un riesgo que podría alterar las bases del sistema. Otro aspecto alarmante es que la sentencia ha declarado inconstitucionales varios artículos del marco legal del sistema, lo que se interpreta como un desacato al andamiaje normativo establecido. Las aseguradoras consideran que esto podría provocar un “desarme integral” del sistema, perjudicando aún más su sustentabilidad. Asimismo, el mecanismo de actualización de los montos establecido en el fallo, que incluye un incremento del 12% anual más la aplicación del RIPTE, ha sido denunciado por ser excesivo, pues este criterio incrementa considerablemente el monto final de las condenas. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Entre Ríos se destaca por registrar uno de los aumentos más significativos en la litigiosidad, que alcanzó un 25% en 2025, frente a un incremento promedio del 6% en el resto del país. Tras la denegación del recurso extraordinario a nivel provincial, la aseguradora afectada ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que subraya la importancia de una resolución que podría tener repercusiones significativas en el sistema a nivel nacional, especialmente en aspectos relacionados con las actualizaciones y la aplicación de normas complementarias frente a litigios complejos.